Petro dice que el cuidado infantil es tarea de las mujeres y la familia, no del Estado
El discurso de Gustavo Petro sobre el cuidado infantil plantea que la familia y las mujeres deben asumirlo, en medio de recortes, desigualdad y falta de servicios públicos.
En un encuentro con madres comunitarias, el presidente Gustavo Petro insistió en que el cuidado empieza en la familia y que el Estado no puede asumirlo todo porque se perdería “la libertad”. También sostuvo que las mujeres han sido históricamente las principales cuidadoras y que ese rol no puede desaparecer.
Su planteamiento ubica el cuidado infantil como una responsabilidad primaria del hogar, con el Estado en función de apoyo. Esta postura dista de las banderas de transformación social y de igualdad que el propio gobierno ha defendido, y se enmarca más bien en la lógica de los modelos tradicionales de bienestar, donde la familia (y dentro de ella las mujeres) absorbe los costos del cuidado ante una intervención del estado limitada.
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El problema no es reconocer el papel de la familia, sino hacerlo en un país donde millones de hogares no cuentan con ingresos suficientes, empleo estable ni servicios públicos adecuados. El cuidado infantil (que incluye educación inicial, nutrición y desarrollo integral) tiene protección constitucional y respaldo jurisprudencial. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el cuidado como un derecho humano autónomo, lo que implica obligaciones estatales que van más allá del acompañamiento subsidiario.
El evento, convocado para dignificar a trabajadoras vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, buscaba saldar una deuda histórica. Sin embargo, el propio discurso presidencial dejó ver una tensión: se reconoce el valor del trabajo de las mujeres, pero se reafirma una estructura donde el cuidado infantil continúa descansando principalmente sobre ellas.
Recortes y responsabilidad pública
En Bogotá los recursos destinados a jardines infantiles y hogares comunitarios se redujeron de manera significativa entre 2024 y 2025. Esta disminución presupuestal afecta a miles de niños y niñas y tensiona la cobertura del cuidado infantil, especialmente en barrios populares donde no existen alternativas privadas accesibles.
La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE confirma que el 90% de las mujeres realiza trabajo no remunerado de cuidado, dedicando más del doble de tiempo que los hombres. Este trabajo sostiene la economía sin ser reconocido como producción. Cuando el Estado limita su papel, el cuidado infantil se financia con tiempo femenino no pago.
Madres comunitarias y modelo social
Desde finales del siglo XX, los hogares comunitarios han sido la principal política de atención a la primera infancia vulnerable. El modelo permitió ampliar cobertura, pero trasladó costos al ámbito doméstico, mujeres cuidando en sus propias casas, con remuneraciones históricamente precarias.
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Aunque ha habido avances en formalización, estos han sido parciales y frágiles frente a decisiones presupuestales. La estructura del cuidado infantil sigue dependiendo de trabajo feminizado y con menor reconocimiento laboral que otros servicios públicos.
Familismo en un país desigual
Cuando el Presidente afirma que el Estado no puede asumir todo, introduce una visión de subsidiariedad familiar. Sin embargo, en Colombia, uno de los países más desiguales de la región, no todas las familias tienen la misma capacidad material para sostener el cuidado. No se trata solo de un asunto cultural, sino distributivo.
Al referirse a “familias débiles” por falta de ingresos o ausencia paterna, el énfasis se desplaza hacia carencias individuales y se opacan factores estructurales como la precariedad laboral, la informalidad y la concentración del ingreso. Esta lectura sugiere fallas internas del hogar, cuando muchas de esas condiciones derivan un bajo crecimiento económico del país, de un mercado laboral inestable, bajos salarios y limitada protección social.
Confiar el cuidado infantil casi exclusivamente al ámbito familiar reproduce esas brechas: los hogares con mayores ingresos pueden adquirir servicios privados, mientras los de menores recursos lo resuelven con trabajo no remunerado, generalmente de mujeres y niñas. Esto restringe su acceso al empleo y a la educación, debilita su autonomía económica y convierte el cuidado en un mecanismo de transmisión intergeneracional de la desigualdad, en lugar de un derecho efectivamente garantizado.
Natalidad y condiciones materiales
El Presidente expresó preocupación por la caída de nacimientos y se preguntó por qué la humanidad “ya no quiere reproducirse”. Si bien la disminución de la natalidad es una tendencia global asociada a procesos como la urbanización, el aumento educativo y la incorporación femenina al empleo, en Colombia adquiere rasgos propios vinculados a condiciones materiales adversas. La reducción de la fecundidad responde, en gran medida, a los costos de crianza, la inseguridad económica y las dificultades para conciliar empleo y familia.
En países con sistemas públicos de bienestar más robustos, las tasas de fecundidad suelen estabilizarse en niveles menos críticos porque el costo social de tener hijos no recae exclusivamente en los hogares. Cuando el acceso al cuidado infantil es insuficiente o costoso, la maternidad implica mayores penalizaciones laborales para las mujeres (interrupciones en la trayectoria laboral, menores ingresos y mayor informalidad), lo que incide directamente en las decisiones reproductivas y posterga o reduce el número de hijos.
Mercado laboral, autonomía y la definición política del cuidado
Las mujeres siguen enfrentando menores tasas de ocupación, mayores niveles de desempleo y una inserción más precaria en el mercado laboral. En Colombia, donde la informalidad continúa siendo estructural, la falta de expansión suficiente del cuidado infantil público y accesible obliga a que su participación económica dependa de redes familiares o de su propia sobrecarga.
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El gobierno ha impulsado un Sistema Nacional de Cuidado con la promesa de redistribuir responsabilidades entre Estado, mercado y comunidad. Sin embargo, mientras el discurso presidencial insista en que el Estado solo “ayuda” y que la responsabilidad primaria recae en la familia, el cuidado infantil seguirá operando como un deber privado sostenido mayoritariamente por mujeres, y no como una garantía respaldada con recursos suficientes.
