Por el contrabando en Colombia se pierde cerca de una cuarta parte de la reforma tributaria de 2023
El contrabando en Colombia es un problema que sigue sin poderse resolver. Durante el año 2020 ingresaron ilegalmente al país mercancías por valor de 5.216 millones de dólares estadounidenses (USD) FOB. Esta cifra responde a las estimaciones realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
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Ante este panorama, se dio la apertura de la octava versión de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) en Bogotá, organizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la cual contó con la presencia de representantes de 15 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
La apertura del evento, que se realizó el 1 y 2 de marzo, contó con la participación del presidente de la ANDI, Bruce Mac Master; el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes; el viceministro de Comercio, Luis Felipe Quintero, y la directora de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, la brigadier general Sandra Patricia Hernández.
El contrabando técnico fue una de las actividades ilícitas que creció durante la pandemia
Se entiende por contrabando técnico la mercancía que pasa por aduanas, pero su valor declarado es diferente al que corresponde. Por su parte, el contrabando abierto es aquel que no pasa por aduanas, es decir, aquel en el que las mercancías no son declaradas ante las autoridades, por lo que este último tipo de contrabando es más difícil de medir.
Los datos de la DIAN revelan un aumento del contrabando técnico en 2020 frente al 2017. Mientras en 2017 este alcanzó un valor de USD 4.483 millones FOB, en 2020 aumentó a USD 4.797 millones FOB. En cambio, el contrabando abierto se estimó en USD 829 millones FOB en 2017, mientras que en 2020 se redujo en casi la mitad, toda vez que fue de USD 419 millones FOB.
El Informe de la estimación de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas año 2020, de la DIAN, calculó que el comercio ilícito durante ese año le representó al país un costo fiscal de 4,6 billones de pesos. Esto significa que el país dejó de recaudar por concepto de aranceles e IVA más de una cuarta parte de lo que se pretende recaudar con la reforma tributaria en 2023.
Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, reiteró en la necesidad de fortalecer los mecanismos para detectar y enfrentar de manera oportuna estas prácticas comerciales ilegales, de manera que el país pueda conocer no solo el valor que deja de percibir el país por cuenta de aranceles sino también conocer cuáles son los bienes que ingresan al país por contrabando y de dónde provienen.
Si bien Colombia está utilizando más herramientas para analizar, medir y estimar el contrabando en comparación con las que tenía hace diez años, no están siendo utilizadas plenamente, manifestó Mac Master durante la ceremonia de instalación del evento.
El presidente de la ANDI resaltó que el comercio electrónico representa otro de los grandes desafíos para enfrentar estas prácticas ilegales.
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La Alianza Latinoamericana Anticontrabando
La Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC) es una iniciativa del sector privado colombiano. Nació en 2016, con el propósito de desarrollar una agenda conjunta con los gobiernos de la región para enfrentar las prácticas de comercio ilícito en los 15 países miembros.
Luego de haber abordado el tema del contrabando por más de siete años en productos como cigarrillos, acero y metalmecánica, licores, hidrocarburos, calzado, textiles, confecciones, cosméticos, farmacéuticos y llantas, la ALAC creó en 2023 la mesa de insumos para la nutrición y protección de cultivos.
Entre las recomendaciones que han surgido de los encuentros de trabajo desde 2016, la ALAC ha llamado la atención sobre la urgencia de construir metodologías de valoración aduanera para toda la región, reforzar los puntos de ingreso del contrabando con tecnologías y actividades de inteligencia, y crear marcos jurídicos que permitan la judicialización del contrabando y el comercio ilícito, entre otras medidas necesarias.
Al respecto, el director de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Carlos Reyes, reafirmó la importancia de contar con estos marcos jurídicos, así como también la necesidad de fortalecer la cooperación para desarticular los grupos dedicados a este tipo de crímenes.
“Coincidimos en la importancia de que los marcos jurídicos de la región permitan judicializar el contrabando y el comercio ilícito. Y que la cooperación para desarticular a las bandas dedicadas a estos crímenes sea fortalecida”.
Por su parte, Mac Master señaló que en términos de política pública se han logrado algunos avances como la inclusión del tema en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, con miras a desarrollar mecanismos de cooperación internacional para desarticular las redes transnacionales de multicrimen y las estructuras multicrimen relacionadas con el fenómeno de las drogas y otras economías ilegales.
“Hoy en día tenemos una gran cantidad de instrumentos que debemos poner en funcionamiento para poder dar estas luchas: instrumentos de interconexión de trabajo conjunto entre los países, los sectores productivos, los de comercio, de distribución e inclusive con los consumidores. Si nosotros hacemos eso con las herramientas que existen hoy en día, seguramente vamos a ser mucho más efectivos para enfrentar este tema”, concluyó el presidente de la ANDI.
8° encuentro de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando
El encuentro tuvo lugar en Bogotá del 1 al 2 de marzo. Contó con la asistencia de más de 200 participantes de más de 20 nacionalidades.
La programación estuvo conformada por 12 conferencias y paneles, además de 9 mesas sectoriales para tratar temas que incluyeron la tecnología como medio para combatir la ilegalidad, el metaverso como un instrumento para combatir el comercio ilícito y las buenas prácticas de las zonas francas, entre otros.
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