Reforma laboral, decretazo y consulta popular tensionan la democracia
La situación política en Colombia atraviesa uno de sus momentos más álgidos desde la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia. El epicentro del conflicto gira en torno al trámite de la reforma laboral y la polémica decisión de convocar una consulta popular por decreto presidencial, luego de que el Senado votara en contra.
La medida ha encendido reacciones en sectores políticos y sociales que la califican de ilegal, inconstitucional y autoritaria. En medio de esta confrontación institucional sucedió el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, y las centrales obreras se movilizan hoy en apoyo a la consulta popular.
Reforma laboral y la amenaza del decreto presidencial
La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional pretende recuperar derechos laborales como el pago completo de dominicales, la ampliación de recargos nocturnos desde las 7:00 p.m. y la formalización de trabajadores informales, como los transportadores.
El proyecto recoge cerca del 80% del texto aprobado previamente en la Cámara de Representantes, aunque persisten cinco puntos de discordia, entre ellos, el contrato por horas, el contrato sindical y los contratos a término fijo.
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A pesar de que el Senado había retomado el debate de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro convocó la consulta popular por decreto. La propuesta estaba firmada por los ministros.
Petro argumentó que la decisión se tomó luego de que la plenaria del Senado suspendiera las sesiones, lo que, según él, impedía la aprobación tanto de la reforma como de la consulta por vía legislativa. «No puedo llevar al pueblo colombiano a un engaño», declaró el mandatario.
Fuerte oposición al “decretazo”
El anuncio del decreto desató una ola de críticas por parte de organizaciones sociales, centros de pensamiento y partidos políticos. En un pronunciamiento conjunto, 24 organizaciones calificaron la medida como una «interpretación ilegal» que erosiona la separación de poderes y debilita el Estado de Derecho. Señalaron que cualquier irregularidad en la negativa del Congreso debe ser resuelta por «los jueces competentes y no por el Presidente».
La declaración advirtió sobre el riesgo de que el régimen presidencial derive en autoritarismo si se ignoran los procedimientos legislativos establecidos. Además, hicieron un llamado al diálogo y a la deliberación plural, instando al Gobierno a abstenerse de recurrir a «trampas jurídicas» para imponer sus reformas.
En el ámbito político, la mayoría de los partidos de oposición calificaron la convocatoria de la consulta por decreto como un «golpe de Estado institucional», subrayando que el uso del mecanismo desconoce el papel del Congreso en la democracia representativa.
En este contexto el Presidente decidió hoy firmar la consulta popular por decreto. A pesar de que se encontraban radicadas otras dos consultas populares, cuyas votaciones deberán realizarse antes del 17 y 19 de junio.
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El Senado reacciona bajo presión y el atentado a Miguel Uribe
Con la amenaza del «decretazo» en el aire, el Senado decidió reactivar el debate de la reforma laboral. La votación debe realizarse antes del 20 de junio, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que existe «total voluntad de las bancadas» para sacar adelante el proyecto. La aprobación legislativa podría desactivar la consulta por decreto y evitar una escalada en la confrontación institucional.
Sin embargo, la coyuntura se complicó aún más con el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, un duro opositor del Gobierno, quien permanece en estado crítico. Su voto fue clave para hundir la anterior consulta popular.
Pese al atentado, el Gobierno mantiene su narrativa de presión. Desde Casa de Nariño se ha señalado que la suspensión de actividades en el Congreso es una «estrategia de dilación» para impedir que el pueblo participe en la reforma.
Si el Senado aprueba el texto con modificaciones frente al aprobado en la Cámara, será necesario acudir a una conciliación que también debe realizarse antes del 20 de junio. Ese margen estrecho será decisivo para definir el futuro inmediato de la reforma laboral.
Movilización de las centrales obreras en apoyo a la consulta popular
En paralelo a la disputa institucional, las organizaciones sociales se movilizaron el 11 de junio. Las centrales obreras dijeron que el objetivo era respaldar el mecanismo de consulta popular y exigir el avance de las reformas estructurales en salud, pensiones, educación y trabajo.
Las marchas se llevaron a cabo en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira, con puntos de concentración definidos, como el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar en la capital.
Encrucijada institucional y destino incierto
Colombia se encuentra en una encrucijada institucional marcada por una fuerte confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras el Gobierno de Gustavo Petro insiste en usar mecanismos de democracia directa como la consulta popular para avanzar en sus reformas, sus detractores denuncian una actitud autoritaria que pone en peligro la división de poderes.
Luego de la decisión final del presidente Petro respecto a decretar la consulta falta por ver la votación del Senado sobre la reforma laboral.
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