Reforma pensional en Colombia: entre el limbo legal, los retrasos operativos y la falta de presupuesto
La reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, considerada su mayor triunfo legislativo, atraviesa un escenario complejo. Aunque fue aprobada por la Cámara de Representantes, su implementación se encuentra suspendida por decisión de la Corte Constitucional, que detectó un vicio de procedimiento en el último debate del Congreso.
Esta suspensión, lejos de ser un cierre, abrió un limbo legal y operativo que prolonga la incertidumbre y obliga a replantear tiempos, capacidades y recursos.
A continuación, le contamos los detalles de la suspensión de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional, los retrasos que se han registrado por parte del Gobierno en la emisión de la reglamentación, qué pasará con el pilar solidario y los desafíos operativos que deberá asumir Colpensiones.
Reforma pensional suspendida por la Corte Constitucional
La Corte Constitucional jugó un papel determinante al evitar la caída total de la ley, pero también al impedir su entrada en vigencia hasta que se emita un fallo definitivo sobre su constitucionalidad. Esta intervención fue interpretada como una medida que “salvó” al gobierno al otorgarle el tiempo adicional que necesitaba para ajustar detalles críticos. No obstante, también condicionó todo el proceso a una revisión exhaustiva que puede tomar semanas o incluso meses.
Pese a que la Cámara aprobó nuevamente el texto del Senado para subsanar el error, la Corte debe revisar si esta corrección fue suficiente y evaluar además las demandas de fondo que aún pesan sobre la ley. En consecuencia, el sistema actual permanece vigente, mientras los cambios estructurales siguen en suspenso.
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Retrasos en la reglamentación
A pocos días de la fecha original de implementación, el gobierno no había expedido todos los decretos necesarios. El Decreto Único Reglamentario (DUR) se firmó con cuatro meses de retraso y el decreto para la administración del Fondo de Ahorro fue expedido casi un mes después de lo prometido. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que aún faltaban convenios para operar ese fondo.
Además, siguen pendientes normativas esenciales, como la que define la desacumulación de las futuras administradoras (Accai) y la del seguro previsional para quienes permanecerán en el régimen anterior. También preocupa la falta de lineamientos claros para el enfoque diferencial (campesinos, indígenas, afros) y el desarrollo del pilar solidario.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reconoció la complejidad del proceso y el alto número de comentarios recibidos durante la reglamentación. Mientras países como Chile o Uruguay tomaron hasta 42 meses para implementar reformas similares, Colombia se dio apenas 12 meses, un plazo que ya resultó insuficiente.
El pilar solidario: otra promesa sin plata
Una de las banderas del presidente Petro es el pilar solidario que consiste en la ampliación de una transferencia mensual, que inicialmente se prometió sería de $500.000 y que luego se redujo a $230.000 para 3 millones de adultos mayores sin pensión.
Actualmente, cerca de 530.000 adultos mayores de 80 años ya están recibiendo un pago de $230.000, que aumentaría con el bono pensional propuesto en la reforma pensional.
No obstante, el gobierno no tiene garantizado el presupuesto para cubrir esta promesa. Se necesitan casi $4 billones solo para los seis meses restantes de 2025 y cerca de $8 billones para el 2026. El Fondo de Solidaridad Pensional apenas recaudaría una cuarta parte de ese monto, y el resto debe provenir del Presupuesto General de la Nación.
El Departamento de Prosperidad Social (DPS) no tiene una asignación específica para este programa en 2025. En su anteproyecto para 2026, sí contempla $8,5 billones para el pilar solidario y Colombia Mayor, pero su aprobación dependerá del Congreso y del Ministerio de Hacienda.
El DPS también señaló que la renta solidaria podrá implementarse “de forma gradual y progresiva”, sujeta a la disponibilidad presupuestal, lo que genera incertidumbre entre la población más vulnerable, especialmente por la situación fiscal actual.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha declarado que «no hay plata, sencillamente» para la puesta en marcha de la entrega del bono pensional destinado a adultos mayores en situación de pobreza. Dussán aclaró que el aplazamiento de la vigencia de la reforma pensional no es la razón por la que no se ha impedido el pago, sino que este depende exclusivamente de la asignación de recursos.
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Colpensiones, entre el discurso y la realidad operativa
Uno de los mayores desafíos es la capacidad operativa de Colpensiones en el marco de la reforma pensional. La entidad deberá asumir un salto de 6,9 a 24,4 millones de afiliados. Sin embargo, el 80% de sus procesos requería ajustes, y el avance en modernización tecnológica solo llegó al 32% en 2024, frente a una meta del 65%. El comité de transición operativa apenas ha cumplido el 36% de sus tareas, y los procesos más críticos —como traslados de régimen y nuevas afiliaciones— aún no alcanzan el 100% requerido.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, asegura que la entidad está preparada y que ha aumentado su presupuesto para tecnología de $50 mil millones a $202 mil millones en 2025. No obstante, reconoció problemas: “Me dicen: es que a Colpensiones se le cayeron las redes. Un poquito”, admitió. Expertos como Kevin Hartmann alertan sobre una posible congestión judicial y tecnológica, mientras Mauricio Olivera, expresidente de la entidad, advirtió que el colapso del sistema podría hacer que los ciudadanos pierdan la confianza.
Lo que falta de la Reforma Pensional
Aunque el vicio de procedimiento de la reforma pensional fue subsanado con la aprobación en la Cámara, la ley aún no entra en vigor. La Corte Constitucional debe recibir un informe detallado del Congreso y emitir su concepto. Además, siguen activas otras demandas que cuestionan el contenido de la norma, lo que podría derivar en modificaciones adicionales.
Gremios como Asofondos ya anunciaron que impulsarán cambios, como reducir el umbral de cotización obligatoria y permitir la participación de fondos privados en el primer pilar, lo que implicaría reescribir normas ya expedidas y en construcción.
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