Presupuesto General de la Nación de 2026 requiere una reforma tributaria por $26,3 billones
Sectores estratégicos nuevamente marginados en el Presupuesto General de la Nación de 2026. La propuesta del Gobierno incluye la necesidad de una reforma tributaria por $26,3 billones que se presentará a finales de agosto.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda, radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.
El monto total del presupuesto 2026 asciende a $556,9 billones de pesos, lo que representa un incremento de $40 billones con respecto al año anterior y equivale al 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del próximo año.
El proyecto de Presupuesto radicado excede los ingresos actuales del país y se vuela las metas de la suspendida regla fiscal. El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que de los $556,9 billones, $501 billones se financiarán con recursos de la Nación, $29,6 billones provendrán de ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales, y los restantes $26,3 billones están supeditados a la aprobación de una nueva reforma tributaria.
Esto significa que, si la reforma tributaria no es aprobada por el Congreso, el monto del presupuesto para 2026 se reducirá a $530,6 billones. La proyección de gasto del Gobierno, por lo tanto, incluye el supuesto de que el Congreso aprobará esta reforma, cuya propuesta no se conocerá hasta finales de agosto.
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Se sacrifica la inversión
La composición del gasto para 2026 muestra una marcada concentración en el rubro de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento alcanzarán los $365,7 billones, lo que constituye el 65,6% del monto total del presupuesto y representará el 19% del PIB el próximo año. Este valor representa un incremento del 11,1% en comparación con el presupuesto de funcionamiento de 2025.
El Gobierno justifica esta «inflexibilidad» en el gasto de funcionamiento por responsabilidades con el Sistema General de Participaciones (SGP), las pensiones, el aseguramiento en salud y los compromisos con el sector de educación. Dentro de este rubro, las transferencias representan $275,5 billones y los gastos de personal $66,7 billones.
En contraste, la inversión pública apenas aumentará en $5 billones, al pasar de $83 a $88 billones. Este crecimiento marginal, frente al aumento significativo del gasto corriente y a los $102,4 billones destinados al servicio de la deuda, reduce el margen fiscal para impulsar la reactivación económica.
Aunque no se plantea una reducción nominal de los pagos de deuda, la estrategia del Gobierno apunta a refinanciar parte de los compromisos, trasladando su peso hacia futuras administraciones. Esta combinación de inflexibilidad en el gasto y bajo impulso a la inversión evidencia un presupuesto 2026 que prioriza el cumplimiento de obligaciones inmediatas por encima del desarrollo económico de largo plazo.
El Gobierno se olvidó de los sectores estratégicos
El presupuesto sigue desatendiendo o asignando aportes insignificantes a necesidades estratégicas para el desarrollo y la diversificación económica del país. Se observan reducciones o incrementos muy marginales en sectores clave.
El sector más afectado es el de Deporte y Recreación, con una asignación de $312.000 millones, lo que representa una contracción del 33,3%.
El presupuesto 2026 del sector de Información Estadística se reducirá en un 28,5% para quedar en $854.000 millones.
El sector de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá $4 billones, una disminución del 23,8%. Esta reducción es notable, considerando la importancia estratégica del sector agropecuario para la seguridad alimentaria y el desarrollo rural integral.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tendrá un presupuesto de $1,6 billones, un incremento del 7%, insignificante frente a las necesidades de un cambio de modelo y las promesas de la reindustrialización. Además, se reducirá el presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en 16,7%, hasta los $7,3 billones.
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Aunque el presupuesto para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación muestra una variación positiva del 27,5%, el monto absoluto de $385.000 millones es un aporte insignificante frente a las necesidades del país en materia de investigación y desarrollo, pues corresponde a menos del 0,3% del PIB.
Los sectores beneficiados
En el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2026, los sectores con mayores incrementos porcentuales en su asignación son la Registraduría, que crece un 53,5%, pasando de $4,56 a $6,99 billones, y el sector de Inclusión Social y Reconciliación, con un aumento del 42,4%, al pasar de $10,38 a $14,78 billones. Estos incrementos reflejan prioridades orientadas a la preparación del ciclo electoral y a programas sociales de transferencias, en un contexto marcado por las elecciones regionales y presidenciales de 2026.
También destacan los aumentos en sectores tradicionalmente sensibles como Salud y Protección Social, con un incremento del 16,3%, y Trabajo, con una variación del 11,2%. Ambos sectores consolidan un rol central en la política social del gobierno, al tiempo que podrían estar asociados a estrategias de contención del malestar económico y de mantenimiento de su base de apoyo electoral.
Hacienda (16%) y Transporte (16,9%) también registran aumentos importantes, lo cual sugiere una apuesta por fortalecer la administración tributaria y mantener la inversión en infraestructura.
Aunque otros sectores como Planeación (28%), Ciencia, Tecnología e Innovación (27,5%) y Minas y Energía (19,4%) muestran crecimientos relevantes, el bajo monto absoluto de sus asignaciones limita su capacidad transformadora. En conjunto, el presupuesto 2026 prioriza el gasto social inmediato y operativo por encima del impulso a sectores estratégicos de largo plazo.
Conclusión
En resumen, el proyecto de presupuesto 2026 se presenta con un gasto que supera las capacidades de ingresos actuales, una fuerte dependencia de una reforma tributaria incierta y un nuevo endeudamiento.
La priorización de gastos de funcionamiento y de deuda sobre la inversión y las modestas asignaciones a sectores estratégicos, a la par de reducciones en otros, evidencia la falta de visión a largo plazo para el desarrollo productivo y tecnológico del país del gobierno.
