domingo, 7 de agosto de 2022
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Reglamento Técnico de Emergencia: ¿Un riesgo para la industria de motopartes?

Representantes de la industria de motopartes alertan sobre los efectos negativos que tendría el Reglamento en el sector y cuestionan su impacto en la reducción de la accidentalidad.

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Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), los accidentes en motocicleta representaron más del 50% del total de fatalidades en 2020. Mientras la pandemia y las restricciones de movilidad condujeron a una reducción de los accidentes en automóvil del 17%, los accidentes en moto solo disminuyeron un 8%.

Para hacer frente a esta situación, la entidad propuso incluir un Reglamento Técnico de Emergencia en el Plan Integral de Seguridad Vial para Motos, que empezaría a regir en 2022. Este, a diferencia de los reglamentos técnicos ordinarios, se adopta en situaciones de alto riesgo, tiene una vigencia de 12 meses prorrogables por otros seis y no requiere concepto previo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) ni consulta nacional o internacional. 

El Reglamento Técnico de Emergencia propuesto les exige a los usuarios de moto usar elementos de protección especiales. En concreto, establece criterios de calidad para calzado, protectores inflables, protectores de pecho y espalda, guantes y ropa de protección propia de motociclistas profesionales (chaquetas, pantalones y trajes de una o dos piezas). 



Además, exige mayor rigurosidad en los sistemas de frenos y en las llantas de las motos con cilindrajes entre 50 y 125 centímetros cúbicos (cc), pues estas, según cifras de la ANSV, concentraron el 70% de los accidentes de moto. 

En cuanto a los frenos, el Reglamento les exige tener Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) o Sistema de Frenos Combinados (CBS) a las motocicletas con cilindraje entre 50 y 100 cc, y frenos ABS a aquellas con cilindraje mayor a 100 cc. En cuanto a las llantas, se imponen los modelos R-75 y FMVSS 119, que cumplen con los estándares internacionales.  

La propuesta de la ANSV no fue bien recibida por la Cámara de la Industria Automotriz de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Según su directora ejecutiva, Juliana Rico, el Reglamento Técnico de Emergencia pondría en riesgo el sector

Rico señaló que, para cumplir las exigencias que este impone sobre los sistemas de frenado sin perjudicar a los importadores, comercializadores y ensambladores de motos, la industria de motopartes necesitaría una planeación de casi 24 meses. Por lo tanto, no podría adaptarse en el tiempo estipulado por la ANSV, que es de un año. En ello coincide Jesús Rojas, Director Ejecutivo del Comité de Llantas de la ANDI. 

En cuanto a las llantas, la situación sería distinta. De acuerdo con Rojas, la certificación de calidad exigida no perjudicaría significativamente la industria, pues el 100% de estas son importadas y solo habría que cambiar las líneas de importación. 

Por otra parte, Juliana Rico y Eduardo Visbal, representantes de la Alianza #En4Ruedas de la ANDI y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), han señalado que esta medida podría no asegurar la reducción de la accidentalidad. En su concepto, se requiere una estrategia integral que incluya otros factores, como licencias de tránsito, pavimentación, capacitación e infraestructura.

Más allá de las dudas sobre la efectividad, Rojas señala que “el mejor escenario sería otorgar celeridad al Reglamento Técnico ordinario y no crear un Reglamento de Emergencia que, al fin y al cabo, solo tendría vigencia un año, obligaría a la industria de motopartes a cambiar las líneas de producción de partes y de ensamblaje en menos de un año y no contaría con la consulta internacional ni con el aval del MinComercio”.