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Sin justicia no habrá seguridad ciudadana

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

Equivocadamente se piensa que para que haya más seguridad se necesitan más policías, motos, dotación, cámaras o armamento. Quizás eso contribuya a mejorar la percepción de seguridad en algunas partes. La verdad es que sin una justicia eficiente y efectiva, de nada sirve duplicar el pie de fuerza o quintuplicar las cámaras en las ciudades. Hay un vínculo inescindible entre la seguridad ciudadana y la justicia.

Para nadie es un secreto que en ciudades como Bogotá la tasa de policías por cada 100 mil habitantes está muy por debajo de lo que se necesita y de los mismos estándares internacionales. También carecemos de tecnologías de punta como cámaras de detección biométricas o instrumentos de inteligencia artificial que contribuyan a los esfuerzos de policía predictiva, es decir preventiva. Es por eso que en este frente no se puede dejar de exigir que lleguen más y mejor entrenadas unidades, o que se disuelva la policía de tránsito y que sus efectivos puedan servir como refuerzo en estaciones de Transmilenio y ciclo rutas. No se puede tampoco permitir que se siga reduciendo el presupuesto de la Secretaría de Seguridad del Distrito ni que se dejen de implementar estrategias como la focalización de capacidades en los puntos rojos de la capital.

Pero lo que poco se dice es que aún aumentando las capacidades en seguridad, se sigue teniendo un enorme déficit en justicia. Hacen falta jueces, fiscales, unidades de reacción inmediata y cupos carcelarios. Urge también invertir en el capital e infraestructura para mejorar la investigación judicial y la inteligencia. Se requiere revisar los trámites y procesos de judicialización e indagar por qué hay casos de personas que han reincidido más de 40 veces y siguen sueltos en la calle. O le metemos la ficha a la justicia, o seguiremos viendo afectada la seguridad ciudadana.

En un estudio muy juicioso de la Corporación Excelencia en la Justicia del 2020, se hizo una radiografía de la salud del sistema penal acusatorio. Se analizaron los más de 1.4 millones de noticias criminales que ingresaron a la justicia. Los datos son preocupantes pero ofrecen importantes luces para saber por dónde se deben comenzar a proyectar las reformas que permitan imprimirle mayor eficiencia y efectividad a la jurisdicción penal. El 56% de todos los casos se refieren a delitos contra el patrimonio -en su gran mayoría hurtos. Y del total de los casos el 66% inició su trámite por procedimiento abreviado, es decir que debería ser más corto que uno ordinario.

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Pero en el análisis que se puede hacer del documento hay varios puntos que llaman la atención y que deberían prender todas las alertas. Según el estudio, 8 de cada 10 casos abreviados termina en archivo y sólo el 2% en condena. De las más de 2400 noticias criminales que llegaron a juicio oral por tráfico de estupefacientes, el 95% fueron en flagrancia y aún así el 78% de ellas terminaron en absolución. Otro aspecto preocupante tiene que ver con las demoras procesales. Casos que no deberían demorar más de unos pocos meses se están tardando años. En el caso de porte de estupefacientes, por ejemplo, a pesar de que se haya capturado al indiciado en flagrancia, las pocas sentencias condenatorias que se producen pueden llegar a tardar en promedio 1500 días, es decir algo más de 4 años. No le va mucho mejor al delito más cometido que es el hurto. Allí el promedio de una condena en flagrancia para el caso de Bogotá está en 698 días.

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Como se puede notar, hay un quiebre en la política de seguridad ciudadana. Uno que no sólo exige revisar las capacidades de la fuerza pública, las tecnologías y la dotación en general. Se necesita también entrar a revisar las profundas fallas del sistema de justicia. Hasta que no se resuelvan ambos factores, será imposible soñar con una ciudad que prometa seguridad ciudadana.

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Gabriel Cifuentes Ghidini
Abogado, magíster en administración pública (MPA) de la Universidad de Harvard, magíster en derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) y PhD en derecho penal de la Universidad de Roma. Ex secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. @gabocifuentes

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