Sin lugar a dudas, así es. Durante décadas hemos demostrado que acudimos a los extremos de la realidad para ocultar nuestros más graves defectos. Todavía recuerdo como si fuera hoy la expedición de la ley que prohibía la fabricación, importación, distribución, venta y uso de juguetes bélicos en Colombia, uno de los países más violentos del mundo, como si estos fueran el incentivo cosmológico que nutría las mentes violentas de los adultos colombianos. Estamos hablando de la Ley 18 de 1990.

Quizá nuestra doble moral nos hace a prueba de toda crítica y, antes de llegar a la autorreflexión profunda como sociedad, caemos en las manos de las ideologías políticas, que todo lo convierten en un apéndice del Estado y de lo público, estatizando las relaciones filiales, civiles y comerciales, diciéndoles a los padres colombianos —a todos sin excepción— que, aunque quisieran, ninguno puede comprarle un juguete bélico a sus hijos, porque las leyes colombianas lo prohíben. 

Estamos llenos de prohibiciones porque el Estado no sabe cómo actuar, no sabe cómo hacer respetar los principios constitucionales. Y, peor aún, nos doblegamos ante el lobby político de las agendas públicas de las ONGs internacionales y de otros organismos que influyen de manera directa en las políticas internas de nuestro país.

No me cansaré de decirlo, el documental Seaspiracy, de Netflix, les abre los ojos a los ciudadanos del mundo para que vean la campaña de desprestigio que las multinacionales pesqueras han fraguado en contra de la industria plástica. Es urgente documentar a todos aquellos que satanizan el plástico de esta maravillosa epifanía, este documental muestra la realidad del patético mundo que vivimos los ciudadanos de este planeta. Mientras las redes se inundan de la tortuga a la que le sacan un pitillo de la nariz, 200 mil tortugas son asesinadas en las costas de los Estados Unidos cada año por parte de la industria pesquera y nadie dice nada.

Todas estas utopías se ven reflejadas hoy en el más paradigmático e insólito proyecto de ley que pretende prohibir las exportaciones de los plásticos de un solo uso que son fabricados por las empresas colombianas que compiten en el mercado internacional. Esas empresas generan empleo, aportan al PIB y, en ningún caso, se ha demostrado que sus productos lleguen a países que carezcan de sistemas de regulación de residuos sólidos. Esto hace completamente inocua la prohibición frente al impacto en el medio ambiente, pero, por el contrario, se afecta gravemente a la industria nacional.

Este es un absurdo que no tiene ninguna presentación. No tiene antecedentes en el mundo que un congreso haya prohibido las exportaciones de plásticos de sus connacionales. Una muestra más de por qué somos más papistas que el Papa, sin ningún sentido, sin ningún fundamento, solo por convicciones personales de algunos fundamentalistas ambientales que desconocen la importancia del plástico, como el material más ecológico que existe.

Andrés Botero
Director Ejecutivo
Cámara Ambiental del Plástico