Tigo UNE bajo la lupa: Secretaría de Transparencia pide investigar venta de activos claves
La compañía Tigo UNE está en el centro de la polémica. En el marco del debate de la venta de activos de la compañía, el Secretario de Transparencia de la Presidencia, solicita que se esclarezca la participación de ciertas compañías en la adquisición de activos. Le contamos.
La polémica en torno a Tigo UNE continúa. Esta vez el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, le solicitó a las Superintendencias de Comercio y Sociedades proveer claridad sobre la venta de activos estratégicos de la empresa Tigo UNE.
A través de redes sociales Idárraga formalizó su solicitud dirigida a las Superintendencias de Comercio y Sociedades en medio de un debate que continúa creciendo y pidió particularmente que se investigue “ la participación de las compañías KKR y Álamo Spainco S.L. en el mercado de telecomunicaciones relacionados con sus recientes operaciones financieras y corporativas”.
Según Idárraga, estas acciones “podrían haber comprometido el patrimonio público de Tigo UNE, debido a las dudas que deja esta operación por el posible incumplimiento normativo (Ley 222 de 1995) y eventual inobservancia del principio de transparencia en la actuación de las sociedades implicadas”.
Finalmente, el secretario de Transparencia afirmó que se requiere que las autoridades examinen la situación administrativa, contable, económica y legal de Tigo UNE, tanto antes como después de la venta de sus activos estratégicos y de su pasivo patrimonial, discutido en el Concejo de Medellín.
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El debate de la venta de activos estratégicos de Tigo UNE
La solicitud se da luego del éxito del primer debate en el Concejo de Medellín, en donde hubo seis votos a favor de la venta de activos de Tigo UNE, y apenas uno en contra.
El proyecto, que busca permitir a la Junta Directiva de EPM enajenar sus acciones en Tigo UNE, ha estado en el ojo del huracán pues ha desatado discusiones entre el presidente de la nación y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.
Petro afirmó que la decisión era la disminución del patrimonio público y que se debería considerar una fusión de compañías públicas nacionales de la industria como ETB y Emcali para mejorar estos servicios en Colombia antes de descartar esta posibilidad.
En palabras del mandatario, “Estamos en un proceso de disolución de la propiedad pública de las empresas públicas de telecomunicación que terminará en la vieja Telecom. El proyecto político del uribismo comenzó y terminó la tarea de sacar el sector público de las telecomunicaciones acercándonos a un monopolio privado. Propongo reacondicionar el sector para impedir el monopolio que prohíbe la Constitución”.
Luego propuso fortalecer la propiedad estatal en las principales redes de fibra óptica que salen del país, promover la participación comunitaria en la gestión de redes de fibra óptica e instó a ETB y Emcali a formar una alianza con Internexa.
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El consejo municipal de la ciudad de Antioquia, que aprobó la propuesta en primera instancia, debe determinar si aprueba la venta de acciones en una sesión plenaria antes del 21 de agosto.
Algunas razones que explican por qué las acciones son transferidas incluyen la necesidad de más capital, la competencia en la industria, la búsqueda de mayor rentabilidad y la posibilidad de implementar la cláusula de protección del patrimonio público.
La cláusula expira el 31 de diciembre de 2026 y permite a EPM y Millicom ofrecer juntos todas sus acciones al público.
Federico Gutiérrez, por su parte, cuestionó el manejo del patrimonio público por parte del presidente, mencionando escándalos de corrupción como los de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y lo que está sucediendo actualmente en ISA, además de reiterar las razones para la venta de las acciones.
Igualmente, es importante tener en cuenta que la decisión de vender acciones por parte del alcalde Gutiérrez se debe a la mala situación económica de la empresa, que sufrió pérdidas de 2,3 billones de pesos el año pasado y experimentó un deterioro en las acciones de 1,3 billones de pesos.
