El próximo gobierno tendrá que tomarse en serio a las Mipymes
María Alejandra Osorio
Directora ejecutiva de ACOPI Bogotá-Cundinamarca.
El reciente sondeo del Observatorio Nacional de la Mipyme sobre el impacto del incremento del salario mínimo en las mipymes colombianas deja varias señales que deberían ser tomadas con seriedad por quienes diseñan la política económica del país. Más aún en un momento electoral en el cual el debate económico será determinante para decidir el próximo gobierno.
Los resultados del sondeo son claros. Es decir, el ajuste salarial está empezando a traducirse en decisiones empresariales que afectan el empleo. El 35,7% de las empresas afirmó que no realizará nuevas contrataciones, mientras que el 22,2% señaló que no reemplazará al personal que se retire.
Además, el aumento salarial representa para muchas empresas un peso significativo sobre sus presupuestos de nómina. En el sondeo, el 44,4% de las mipymes señaló que el incremento representa más del 15% de su presupuesto de nómina para 2026, lo que evidencia el tamaño del impacto que están enfrentando.
Los resultados también muestran un efecto preocupante sobre la inversión. Cerca de una cuarta parte de las empresas reportó reducción en sus planes de inversión y otro grupo importante decidió suspender nuevas inversiones, concentrándose únicamente en mejoras de procesos o equipos.
Este fenómeno ocurre además en un contexto económico complejo. Colombia enfrenta señales evidentes de estancamiento productivo y pérdida de dinamismo industrial. El crecimiento económico ha sido moderado y el proceso de desindustrialización sigue siendo una preocupación estructural.
A esto se suma un entorno de política pública que, en muchos casos, ha elevado los costos de producción para las empresas. La transición energética a la brava, la aprobación de la reforma laboral sin un enfoque diferencial para las mipymes, el incremento desmedido del salario mínimo y los cambios tributarios han configurado un escenario en el que los empresarios sienten que las reglas del juego cambian constantemente.
Incluso iniciativas que buscaban facilitar el crédito para las empresas, como el llamado Pacto por el Crédito, terminan enfrentando limitaciones porque las tasas de interés se rigieron por el mercado y el entorno de incertidumbre frenó las decisiones de inversión. Solo un 23,3% de las mipymes encuestadas mantuvo sus planes de inversión sin cambios. El resto ha optado por suspender nuevas inversiones (23,8%) o limitarse únicamente al mantenimiento de procesos y equipos existentes (33,1%).
El panorama internacional tampoco ayuda. Las exportaciones minero energéticas han perdido dinamismo, el comercio global enfrenta nuevas tensiones, incluyendo la política arancelaria impulsada por Donald Trump, y Colombia ha reaccionado sin tener en cuenta los intereses de la economía nacional.
Un ejemplo reciente es la crisis comercial con Ecuador, que ha golpeado particularmente a las mipymes exportadoras, especialmente en sectores manufactureros del centro del país. Para Bogotá, este país es el segundo socio comercial más relevante después de Estados Unidos en exportaciones. En lugar de fortalecer mecanismos de integración regional como la Comunidad Andina, la respuesta del Gobierno Nacional ha escalado el conflicto y afectado el comercio binacional.
En ese contexto, las mipymes no solo enfrentan el impacto del salario mínimo. También enfrentan un entorno económico más incierto, mayores costos regulatorios y una menor capacidad de acceder a mercados internacionales.
El resultado es una caída en la confianza empresarial. Según el sondeo, casi la mitad de las empresas considera que sus perspectivas de crecimiento para 2026 son bajas, mientras que una proporción similar describe la confianza empresarial como moderada o baja. Esto debería encender una señal de alerta.
Las mipymes no son un actor marginal de la economía. Son el corazón del empleo formal y del tejido productivo colombiano. Cuando estas empresas enfrentan dificultades, el impacto se refleja rápidamente en el empleo, en la inversión y en el crecimiento económico.
En este contexto, el país se aproxima a un nuevo ciclo electoral. Este proceso debería ser una oportunidad para discutir con seriedad el rumbo de la política económica.
Más que discursos polarizados, Colombia necesita una agenda que ponga en el centro el fortalecimiento del aparato productivo. Esto implica recuperar el diálogo entre empresarios, trabajadores y gobierno, construir consensos sobre competitividad, productividad y desarrollo industrial, reconociendo el papel fundamental de las mipymes en el crecimiento del país.
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