Trabajadores rurales migrantes: el motor oculto de la agricultura en España
El campo español no podría sostenerse sin los trabajadores rurales migrantes. ¿Qué hay detrás de esta dependencia cada vez mayor?
La creciente dependencia del campo español hacia los trabajadores rurales migrantes ha reactivado el debate sobre las condiciones laborales y la sostenibilidad productiva. Con un 26,6% de afiliados extranjeros en el Sistema Especial Agrario (SEA), las cifras evidencian que el sector depende, en gran medida, de la mano de obra foránea.
El crecimiento del empleo entre trabajadores migrantes ha sido del 10,5% en el último año móvil hasta junio, una cifra superior al promedio general del país. Marruecos, Senegal y Rumanía encabezan la lista de países de origen de los empleados en el campo español.
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El campo depende de la migración en España
Organizaciones sindicales como la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) coinciden en que el trabajo de los trabajadores rurales migrantes es irremplazable. Vicente Jiménez, de CCOO, advierte que, sin esta mano de obra, muchas explotaciones tendrían que cerrar.
Por su parte, Cesc Poch, de UGT, rechaza los discursos que vinculan migración con delincuencia, y recuerda que el fenómeno migratorio seguirá aumentando en los próximos años.
Ahora bien, dentro de los puntos clave se encuentran:
- 258.525 trabajadores extranjeros están afiliados al SEA, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
- El sector agrícola no podría sostenerse sin esta fuerza laboral.
- Las principales nacionalidades son Marruecos, Rumanía y Senegal.
Los trabajadores migrantes participan en campañas intensivas como la recogida de fresa en Huelva, la esquila en distintas regiones o la cosecha en Murcia, Almería y Lleida. Estas labores, generalmente temporales y de alta exigencia física, no son fácilmente cubiertas por población local.
La situación de los trabajadores y las tensiones políticas
Las condiciones laborales en el campo español siguen siendo motivo de preocupación. Diversas voces han instado a mejorar la regulación, las condiciones salariales y la protección de derechos para los trabajadores rurales migrantes, que a menudo enfrentan precariedad, informalidad y hacinamiento en alojamientos.
Mientras tanto, partidos como Vox han planteado propuestas de “remigración masiva”, generando alarma entre sindicatos y representantes gubernamentales. El ministro de Agricultura, Luis Planas, calificó cualquier intento de expulsión masiva como una medida “inhumana e injusta” que podría paralizar el sector agrario.
El caso del Reino Unido tras el Brexit, con la escasez de mano de obra agrícola, es citado por el Gobierno español como una advertencia de lo que podría ocurrir en España si se redujera drásticamente la presencia de trabajadores rurales migrantes.
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La migración desde América Latina y el auge colombiano
La migración en España desde Colombia ha crecido de forma sostenida, y los colombianos ya ocupan los primeros lugares entre los extranjeros que llegan al país. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 116.000 colombianos emigraron entre enero y septiembre de 2023, muchos de ellos en búsqueda de empleo en sectores como la agricultura.
La migración en España está alimentada por múltiples factores: crisis económica, falta de oportunidades, vínculos culturales e históricos, y tratados migratorios que han facilitado el tránsito de personas desde países latinoamericanos. En Madrid, más de 25.000 colombianos llegaron solo en ese período.
Muchos de estos nuevos trabajadores rurales migrantes son profesionales que terminan empleándose en actividades temporales y mal remuneradas, como el trabajo agrícola o la limpieza, sin garantías legales. La irregularidad migratoria limita su acceso a derechos laborales y los expone a abusos y explotación.
Migración en España: dificultades al llegar y condiciones de vida
Un estudio de la organización Migra Empleo de España reveló que más del 40% de los migrantes solicitantes de asilo han enfrentado inseguridad alimentaria. Además, el 55% tiene formación superior, pero se ven obligados a emplearse en sectores ajenos a su perfil profesional. Esto refleja el desajuste entre sus capacidades y la oferta disponible.
Entre quienes han recibido apoyo, la ayuda proviene principalmente de familiares, iglesias y ONG. No obstante, casi la mitad afirma no haber recibido ningún tipo de asistencia.
La escasez de información clara, los procedimientos de regularización costosos y complejos, y las condiciones habitacionales difíciles (como compartir viviendas de 40 m² con varias personas) agravan su situación.
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