El Decreto 0572 del Ministerio de Hacienda, que a 135 mil empresas les aumenta la tarifa promedio de la autorretención en la fuente en 88%, sobrepasa las capacidades regulatorias del Ejecutivo en materia tributaria, no resuelve la autoinfligida crisis fiscal y confisca parte del excedente de las empresas reproduciendo el ciclo de hundimiento del ahorro nacional, baja inversión y estancamiento económico.

A 117 actividades económicas, el Decreto 0572 les sube la tarifa de la autorretención en 218%, a 173 en un rango entre 65% y 118%, y en promedio a las 529 codificadas por la DIAN les crece la tarifa en 88%. Este aumento les quita más del 7% del excedente anual a las empresas no financieras y les hace un roto en el flujo de caja, balance por donde se engendran las reestructuraciones, las cesaciones de pago y/o las quiebras empresariales.

La retención en la fuente no es un tributo, es el medio para cobrar el impuesto de renta. Según el Estatuto Tributario, los porcentajes del mecanismo se determinan, entre otras, por las “tarifas del impuesto vigentes” y por “los cambios legislativos que tengan incidencia en dichas tarifas.” 

Se dice que la tarifa máxima de la retefuente es del 4,5%, pero en el caso del ingreso generado por la actividad principal de la empresa gravada, por autorretención o por ingresos, el límite es la tarifa del impuesto de renta.

El mecanismo retefuente busca “que el impuesto [de renta] se recaude en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause.” Luego la vocación de la retefuente no es generar saldos a favor en la DIAN, o, en otras palabras, este medio de recaudo debe evitar dejarles liquidez atrapada a las empresas en las cuentas del tesoro nacional.

Los saldos por reclamar ante la dirección de impuestos tienen que ser excepcionales y/o de baja cuantía. Lo contrario, es abusar del derecho tributario, limita la capacidad de generar excedentes, caja e inversión a las empresas, llevando a la intervención del Estado a no cumplir su obligación de promover la productividad y la competitividad y, en contravía del mandato constitucional, genera bajo o nulo avance económico.

La decisión de elevar el gasto público muy por encima del crecimiento económico, junto con la alta presión financiera que sobre las empresas han generado la reforma tributaria de Ocampo (2022) y las modificaciones en la retefuente de Reyes, Bonilla y Ávila, y el lento crecimiento (0,7%, 1,7% y 2,7%, que son cifras malas para la economía colombiana), engendraron la crisis de las finanzas públicas, reflejada en el déficit fiscal, los problemas de caja y el alto costo de la deuda pública (TES con vencimiento a más de 10 años). En suma, la política fiscal de Petro y sus subalternos ha amplificado la crisis de ahorro interno y no ha contenido el déficit estructural de la cuenta corriente.

Con el Decreto 0572, se opta por incrementar/adelantar ingresos fiscales sin considerar los límites de la capacidad de tributación del sector productivo y se establecen tarifas de autorretención que llevarán a que en 2025 el pago anticipado del impuesto de renta supere al impuesto a cargo a declarar en 2026.

Como consecuencia, se elevará la tarifa del impuesto de renta sin que se hubiera dado un cambio legal tramitado en el Congreso de la República, violando el principio de “no hay impuestos sin representación”. Este cóctel de quiebra técnica y dictadura fiscal, inconveniente e irregular, es lo que el gobierno les obliga a beber a los agentes económicos empresariales.

Bogotá, 4 de junio de 2025