Un reciente artículo (Hoyos, 2021) señala que en la década de los noventa no hay “una relación positiva entre la liberalización comercial y el crecimiento económico”, conclusión a la que llega después de revisar imprecisiones metodológicas en otro estudio (Estevadeordal y Taylor, 2013) que habla de la liberación como algo beneficioso. La discusión sirve de introducción para decir dos cosas: 1. Las naciones de mayor nivel de vida han aplicado un recetario que empuja a sus aparatos productivos a complejizarse. 2. Los países subdesarrollos se han debatido entre hacer lo que les soplan quienes están en la cima, o implementar políticas que reduzcan las distancias con los que van adelante. Colombia está en el segundo grupo de países.

Siguiendo el camino de hacer lo que otros recomiendan y hacer innovaciones bajo esta sombrilla, al país se le embarcó en los Tratados de Libre Comercio (TLC). Los ratificados con Estados Unidos y la Unión Europea, sumados a otros acuerdos de protección de inversión firmados con países desarrollados y a los mandatos de la OCDE, han devenido en recurrentes déficits comerciales. También han implicado restricciones prohibitivas para las políticas públicas que establecen requisitos de desempeño a la inversión extranjera como el deber de transferir tecnología, o que para importar haya incentivos que lleven a ampliar la base económica nacional. Estas reglas proscribieron los tratos diferenciales entre inversionistas nacionales y extranjeros, a pesar de ser diferentes en forma y fondo.

En la base de los TLC, y del libre comercio en general, está negar que los países necesitan recetarios acordes con el nivel de desarrollo y, ante todo, que diversifiquen los medios de vida de la población. Sin embargo, en el país ha hecho carrera, con algunas excepciones, entre los mandos públicos y privados que lo nacional hay que ponerlo al servicio de lo extranjero y no lo extranjero al servicio de lo nacional. Así perdió Colombia la producción o no la ha elevado en sectores como el trigo, el maíz, la soya, el sorgo, la cebada, el algodón, el arroz, fibras, textiles, tejidos, calzado, vehículos, químicos de todo tipo, abonos y plaguicidas, plásticos, electrónica, metalúrgicos, en fin, en los renglones que le permitirían subir la escalera tecnológica. En gran parte de esas actividades no se satisface la demanda interna, así sea en proporciones cercanas a la mitad.

Estamos relegados a la especialización en ciertos cultivos y materias primas energéticas que, vía exportación y consumo interno, financian las desbalanceadas cuentas externas; a la maquila; a construir vivienda (de baja calidad para la mayoría de la población) y a unas intervenciones urbanísticas que solo sirven a quienes viven de las rentas del suelo, pero no a quienes producen; al consumo de piezas ‒enlatados‒ extranjeras de entretenimiento que nos ponen a seguir ideas que aprisionan la mente; al comercio y a los servicios de bajo contenido tecnológico o de expoliación laboral; y a unas cuantas actividades financieras y bursátiles en mercados muy concentrados. La desigualdad, la pobreza y la alta vulnerabilidad socioeconómica son el resultado de un paquete que acota el progreso.

En Saqueo (Suárez, 2021), el autor en la parte final del libro explica cómo, si Colombia remplazara el 20% de las importaciones agropecuarias en cinco productos fundamentales se crearían 50 mil empleos permanentes y sembrarían 350 mil hectáreas más. Además, el país podría reindustrializarse en varios renglones de bienes intermedios para el mercado interno y la exportación, y relanzaría el nodo automotriz creando un “multiplicador en desarrollo en ciencia y tecnología” que impregnaría a varias cadenas productivas haciendo brotar al menos a 10 mil empleos permanentes. Medidas que deberían combinarse con un plan de empleo público. Todo esto es posible materializarlo. El país tiene la madera para hacerlo. Habría que recorrer el camino de revisar los TLC y dejar de considerarlos un inamovible.