Gobierno busca $2,9 billones en el “colchón” de las regalías: alista decreto para usar el Fondo de Ahorro y Estabilización
El Gobierno prepara un proyecto de decreto para utilizar cerca de $2,9 billones del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) con el fin de adicionarlos al presupuesto del bienio 2025-2026 del Sistema General de Regalías (SGR). La medida busca compensar la caída en los ingresos por regalías y financiar proyectos regionales en un momento de presión creciente sobre las finanzas públicas.
El decreto que hoy busca liberar $2,9 billones del FAE no solo responde a una caída coyuntural del recaudo: también evidencia la tensión entre la estrategia de transición energética, el mal manejo de Ecopetrol y la estructura actual de financiamiento del Estado colombiano.
El uso de recursos del FAE no es exclusivo del actual gobierno. En 2017, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, se autorizó un desahorro para compensar la caída de los precios internacionales del petróleo. Más adelante, durante la pandemia, el gobierno de Iván Duque recurrió al fondo como parte de las medidas de emergencia económica.
El fondo que funciona como “ahorro para tiempos difíciles”
El Fondo de Ahorro y Estabilización fue creado para resolver uno de los principales problemas de las economías dependientes de materias primas: la volatilidad de sus ingresos.
El mecanismo busca estabilizar el gasto público en las regiones y evitar que las finanzas territoriales dependan de los ciclos de las materias primas. Cuando el precio del petróleo o del carbón sube, las regalías aumentan y una parte de esos recursos se ahorra en el FAE. Cuando el ciclo se revierte y los ingresos caen, el fondo puede liberar recursos para evitar que se detenga la inversión regional.
En otras palabras, el Fondo de Ahorro y Estabilización funciona como una reserva macroeconómica diseñada para amortiguar crisis. Los recursos del Fondo son administrados por el Banco de la República y se invierten en activos internacionales para protegerlos de presiones cambiarias y macroeconómicas.
El argumento del Gobierno: caída en el recaudo de regalías
El proyecto de decreto plantea activar el mecanismo de “desahorro” del fondo para cubrir el faltante en el presupuesto de regalías. Según los datos oficiales, el recaudo corriente del Sistema General de Regalías cayó 10% en 2025 frente a 2024 y acumula una caída de 39,9% frente a 2023, lo que habilita el uso del fondo según lo previsto en la Ley 2056 de 2020.
El monto que se trasladaría desde el Fondo de Ahorro y Estabilización sería de $2,87 billones, recursos que se incorporarían al presupuesto del bienio 2025-2026 para financiar proyectos regionales y compromisos previamente adquiridos. El decreto también menciona que parte de los recursos podrían destinarse a proyectos asociados a la atención de emergencias climáticas en distintas regiones del país.
El debate de fondo: ¿estabilización o presión fiscal?
Aunque el mecanismo del Fondo de Ahorro y Estabilización está previsto en la ley, el contexto fiscal en el que se propone el desahorro es lo que genera inquietudes. En teoría, el Fondo de Ahorro y Estabilización se utiliza cuando los ingresos por regalías caen de forma significativa para evitar que los proyectos regionales se paralicen. Sin embargo, varios analistas advierten que el uso recurrente de estos recursos puede ser también una señal de estrés en las cuentas públicas.
El proyecto aparece en medio de un escenario fiscal complejo para el país: menor crecimiento económico, caída de ingresos del Estado y mayores necesidades de financiamiento.
En ese contexto, recurrir al Fondo de Ahorro y Estabilización puede interpretarse como un intento de ganar liquidez en el corto plazo, aun cuando esos recursos fueron concebidos para amortiguar crisis más profundas.
Sin embargo, el borrador del decreto también ha generado cuestionamientos sobre la forma en que se distribuirían los recursos. Al revisar las asignaciones preliminares de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización, algunos departamentos que no están directamente afectados por emergencias climáticas recibirían partidas significativas, lo que abre interrogantes sobre los criterios de priorización de los proyectos.
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Regalías, petróleo y transición energética
La reducción en los ingresos por regalías no es solo el resultado de la volatilidad internacional de los precios del petróleo. También refleja un cambio más profundo en la política energética del país.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro ha impulsado una estrategia de transición energética acelerada, que incluye el freno a nuevos contratos de exploración petrolera y un discurso político orientado a reducir la dependencia de los hidrocarburos. Aunque el objetivo de diversificar la economía es compartido por muchos sectores, el ritmo de esa transición ha generado debate sobre sus efectos fiscales y económicos.
Los impactos ya empiezan a verse en varios indicadores. La caída del sector minero-energético ha reducido el dinamismo de las exportaciones y los ingresos externos del país. En 2025, la explotación de minas y canteras cayó un 5,5% anual. Así mismo, las exportaciones de petróleo y derivados registraron una caída del 22,1% en valor y un 10,6% en volumen, lo que contribuyó a debilitar el desempeño exportador del país.
A esto se suma un factor estructural que también explica la presión sobre las regalías: el deterioro reciente de Ecopetrol. La petrolera estatal sigue siendo uno de los principales pilares fiscales del país, aportando cerca del 3,4% del PIB en impuestos, regalías y dividendos, lo que equivale aproximadamente al 11% del Presupuesto General de la Nación o cerca del 50% del servicio de la deuda pública.
Cuando el desempeño financiero de la compañía se debilita, como ocurrió en 2025, cuando sus utilidades cayeron cerca de 40%, el impacto se transmite directamente a las finanzas públicas y a los recursos que reciben las regiones a través del Sistema General de Regalías.
En ese contexto, el deterioro de la gestión corporativa, las controversias alrededor de su presidente Ricardo Roa y la incertidumbre sobre el futuro del sector petrolero terminan teniendo efectos más amplios: no solo afectan a la empresa, sino también la estabilidad fiscal del país y la capacidad de financiar inversión regional.
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