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miércoles, 1 de octubre de 2025
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Profesores de la UNAL piden saber de dónde saldrá la plata para la Constituyente Universitaria

Profesores de la sede La Paz de la Universidad Nacional pidieron al Consejo Superior Universitario transparencia en la financiación y reglas claras sobre la participación de docentes ocasionales en la Constituyente Universitaria.

Profesores de la UNAL piden saber de dónde saldrá la plata para la Constituyente Universitaria

 

Los profesores de la Universidad Nacional que participaron en la Asamblea Extraordinaria de la sede La Paz exigieron al Consejo Superior Universitario (CSU) explicaciones financieras y legales sobre el proceso de Constituyente Universitaria, advirtiendo que sin claridad en estos aspectos la legitimidad de la iniciativa queda en entredicho.


La solicitud se formalizó en una carta enviada el 30 de septiembre, aprobada con 19 votos a favor de los 30 asistentes, en la que se advierte que sin claridad en estos aspectos la legitimidad de la iniciativa queda en entredicho.

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Constituyente Universitaria en la Universidad Nacional

El proceso de Constituyente Universitaria fue impulsado en 2024 como una propuesta de reforma estructural dentro de la Universidad Nacional de Colombia. La idea central ha sido abrir espacios de deliberación en todas las sedes, con participación de estudiantes, profesores y trabajadores, para redefinir principios de gobierno y organización académica.

Desde su inicio, la iniciativa ha contado con el respaldo de sectores estudiantiles y de algunos grupos docentes, quienes la ven como un mecanismo para profundizar la autonomía universitaria y democratizar sus órganos de decisión. 

Sin embargo, también ha generado divisiones dentro de la comunidad académica, especialmente en torno a la financiación del proceso y su impacto en la gobernanza universitaria.

De acuerdo con Jorge Iván González, convertir a la universidad en una “república de iguales” mediante asambleas masivas puede distorsionar su esencia y debilitar sus jerarquías académicas.


Financiación universitaria y transparencia en recursos públicos
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Financiación universitaria y transparencia en recursos públicos

En la carta enviada el 30 de septiembre al CSU, los profesores de la sede La Paz señalaron que no existe información clara sobre de dónde provienen los recursos que financian la Constituyente Universitaria.

La solicitud incluye cuatro puntos específicos:

  1. Certificación oficial de la fuente de financiación.
  2. Detalle del proyecto de inversión en caso de existir, con código, presupuesto y rubros.
  3. Concepto jurídico qué aclare si los recursos provienen del presupuesto de funcionamiento.
  4. Clarificación sobre la participación de docentes ocasionales.

Los firmantes advirtieron que la ausencia de transparencia puede derivar en riesgos fiscales y disciplinarios, y recordaron que el principio de Unidad de Financiamiento obliga a que toda ejecución presupuestal se ajuste a las políticas y a la planeación de la Universidad.

Profesores ocasionales y participación legal
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Uno de los puntos críticos es el papel de los profesores ocasionales. Según la carta, el Acuerdo 123 del CSU establece que su función está limitada a la docencia, por lo que su participación en comisiones o mesas de la Constituyente podría constituir una extralimitación contractual.

Los docentes de la sede La Paz pidieron al CSU un concepto jurídico que respalde la vinculación de los ocasionales en estas actividades, con el fin de garantizar que no se expongan a sanciones ni incumplimientos laborales.

¿Qué sigue para la Constituyente Universitaria?

Los profesores de la sede La Paz subrayaron que han participado en las mesas de la Constituyente bajo la premisa de la buena fe, confiando en que el proceso cuenta con respaldo institucional. Sin embargo, advierten que la falta de claridad financiera y legal amenaza tanto la participación de los docentes como la responsabilidad de la Universidad frente a la comunidad y al país.

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En ese sentido, recalcaron que la transparencia en la financiación es indispensable para garantizar la confianza en el proceso y evitar eventuales consecuencias fiscales o disciplinarias. El CSU deberá responder formalmente al derecho de petición presentado por los docentes en los plazos establecidos por la ley.