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sábado, 2 de mayo de 2026
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Trata de personas en Colombia: entre el pánico moral y la ignorancia

Mónica Hurtado Lozano, Columnista, Más Colombia

Mónica Hurtado Lozano

Profesora asociada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Es politóloga de la U. de los Andes, con maestría en Estudios de América Latina de la U. de Stanford y maestría en Estudios Internacionales de Paz de la U. de Notre Dame.

¿Por qué no sabemos lo que no sabemos? ¿Es casualidad la ignorancia de la opinión pública sobre ciertos temas? Estas preguntas son el punto de partida para examinar las cifras sobre la trata de personas en Colombia, que en principio deberían ser pieza clave en la formulación de políticas públicas.

Existe un amplio consenso por parte de funcionarios y activistas en que la trata en Colombia es un problema grave y de grandes dimensiones. No obstante, la evidencia es precaria y tanto organizaciones internacionales como entidades del Estado presentan información poco confiable. 


De acuerdo con Walk Free Foundation, cuestionada seriamente en el ámbito académico por las metodologías que aplica, Colombia tenía en 2018 alrededor de 131 mil víctimas de trata. 

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Por su parte, el Comité Interinstitucional de Lucha Contra la Trata de Personas (CILCTP), ente coordinador de la política pública contra la trata, registra información notablemente diferente. Vale destacar que hasta agosto de 2022 el CILCTP no había publicado informes oficiales sobre el tema. 

En la página institucional solo están disponibles para el público informes estadísticos semanales de 2020 y nueve tablas de Excel con algunas cifras de trata. Una posible conclusión de estas tablas es que, entre 2013 y 2021, se registraron 899 casos de trata de personas en Colombia.  

Algunas personas sostienen que existen miles de víctimas de trata, pero, dado que es una población escondida, difícil de identificar, hay subregistro. Esta afirmación probablemente es cierta. Sin embargo, ¿qué tan grande es el subregistro? ¿Del 40%, 70% o 90%? ¿Cómo saberlo? 

Como en otros casos en el mundo, en Colombia parece haber lo que algunos académicos denominan “pánico moral”. Este pánico se caracteriza entre otras cosas por presentar cifras infladas, más allá de la evidencia; resaltar las historias extremas como si fueran típicas, y avanzar en cruzadas contra el “mal”. 


Un ejemplo de esto se observa con la proporción de mujeres europeas del siglo XIX, consideradas víctimas de “trata de blancas”, pero que en realidad se trataba de mujeres que ejercían prostitución y decidieron migrar para mejorar sus ingresos. La evidencia de las víctimas de “trata de blancas” fue modesta, pero generó pánico moral.

Reconocer el “pánico moral” que rodea la trata en Colombia (y el mundo) es una forma de aceptar que esta, lejos de ser un delito claramente tipificado, está atravesada por fuertes posturas morales, ideológicas y políticas que sesgan la forma de entender, contar y combatir el delito. 

Por ejemplo, los sectores abolicionistas encuentran en la lucha contra la trata una oportunidad para avanzar en su cruzada en contra de la prostitución; algunos Estados buscan detener la migración indeseada a través de la adopción de medidas migratorias más restrictivas y militarizadas en las fronteras. Por su parte, algunas ONG defensoras de derechos humanos encuentran una alternativa para generar recursos.  

En realidad, parece haber pocos incentivos en desinflar las cifras de trata, no por falta de conocimiento, sino de voluntad política.

¿Qué cifras conocemos sobre trata de personas en Colombia?

Después de casi dos décadas de haber ratificado el Protocolo de Palermo, aún continuamos en Colombia con estadísticas de trata de baja calidad. En un estudio de la Universidad de La Sabana, financiado por Abogados Sin Fronteras Canadá, se estableció que entre 2005 y 2022 se publicaron al menos 58 documentos (principalmente de la OIM y UNODC) que se resumen en estudios exploratorios, diagnósticos, manuales y rutas de asistencia a víctimas.

Solo dos publicaciones de la OIM, en 2006 y 2011, intentaron cuantificar este delito. El estudio de 2006 estableció que entre 2002 y 2004 algunas de las bases de datos de mayor cobertura del país registraron 211 víctimas de trata y en el estudio de 2011 se identificaron 207 víctimas entre 2005 y 2010, de las cuales, al menos tres, eran menores de 18 años.

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Más allá de las cifras, ambos estudios resaltan los grandes problemas metodológicos que plantea establecer las dimensiones de la trata en Colombia. Por ejemplo, mientras algunas instituciones buscan perseguir y sancionar el delito (ej. Fiscalía y Policía, jueces), otras buscan proteger y asistir a las víctimas (ej. Defensoría, ICBF). En ese sentido, los instrumentos de recolección de información varían tanto en las preguntas como en las variables a analizar. 


El formato que utiliza el CILCTP es demasiado extenso (17 páginas en Word) y busca responder a diversas necesidades de las entidades involucradas en la ruta de atención a víctimas. Aunque el propósito es loable (evitar entrevistar repetidas veces a la víctima) difícilmente se logra completar, en la medida en que varias columnas resultan en espacios vacíos o las respuestas son: “No hay información”, “No registra”, “No reportado”.

El estudio de la Universidad de La Sabana además identificó un problema adicional que impide tener estadísticas confiables y de calidad: ¡En Colombia no hay consenso sobre la definición de trata! 

Mientras que el Protocolo Palermo, ratificado en 2003, reconoce tres elementos constitutivos del delito (estos son la movilidad, los medios y el fin de explotar), el artículo 188A del Código Penal solo exige cumplir con al menos uno de los cuatro verbos rectores (captar, trasladar, acoger o recibir) y el fin de explotar. 

Una consecuencia de la tipificación del artículo 188A, es que se abre la puerta a varios delitos similares que no son trata (ej. inducción o constreñimiento a la prostitución). Con el artículo 188A, las personas adultas son tratadas prácticamente como si fueran niños, niñas y adolescentes, en la medida en que su consentimiento no tiene validez ante la ley.

Bajo esta lógica, una persona mayor de 18 años no puede consentir ejercer prostitución o trabajar en condiciones de explotación. ¿Debemos entonces registrarlas como víctimas de trata, incluso aquellas a quienes les prometieron ciertas condiciones y se las cumplieron? ¿O solamente a aquellas que forzaron, engañaron a ejercer estas actividades contra su voluntad?

La decisión que se tome al respecto incide directamente en las cifras. Las estadísticas globales confirman esta dificultad. Las víctimas de trata en el mundo oscilan entre 27 millones y 45.8 millones. ¿Por qué es tan grande la diferencia? ¿Estaremos contando cosas diferentes? ¿Es casualidad?

Probablemente en el caso colombiano el desconocimiento de las cifras de trata puede explicarse, en parte, por el poco interés en corroborar las dimensiones supuestamente espectaculares. Otra razón tiene que ver simplemente con la falta de compromiso y rigurosidad.


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