Acuerdo Nacional en riesgo: presidente Petro intensifica discurso de polarización tras decisiones del CNE

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, presentó lo que sería el documento guía del Acuerdo Nacional, titulado “Acuerdo Mínimo contra la Violencia y la Democracia”. Sin embargo, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación a la campaña presidencial de Gustavo Petro desató una fuerte reacción del mandatario. Petro insistió en su teoría de un golpe de Estado, intensificó sus críticas, atacó a la oposición y lanzó acusaciones graves contra los magistrados.

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El Gobierno nacional, a través del Acuerdo Nacional, convocaba a diversas fuerzas políticas, autoridades locales y regionales, organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, empresarios, iglesias y sociedad civil, a un diálogo político y social. El objetivo era promover la convivencia pacífica y el respeto por la vida como valores fundamentales de la democracia, mejorar la calidad del debate político y alcanzar consensos en los temas más relevantes para la vida de los colombianos.

Sin embargo, en menos de una semana, el presidente Gustavo Petro ha debilitado las bases del proyectado Acuerdo Nacional, que fue diseñado para reducir el lenguaje agresivo, erradicar la estigmatización y fomentar el respeto por el disenso. Durante la posesión de la nueva magistrada del Consejo de Estado, el presidente aprovechó para proponer la elección popular de jueces, lo cual desafía el principio de independencia judicial establecido en la Constitución de 1991.

El Consejo Nacional Electoral formuló cargos contra Gustavo Petro, en su calidad de candidato presidencial en 2022, por violación de los topes de financiación y el uso de fuentes prohibidas. Ante esto, Petro declaró el inicio de un “golpe de Estado”, anunciándolo a través de Twitter minutos después de conocerse la decisión del CNE. 

Posteriormente, en un evento en Esperanza, Antioquia, Petro afirmó que “cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia”, refiriéndose a los magistrados responsables de la decisión.

Desde principios de año, el presidente ha advertido sobre un supuesto “golpe blando” en su contra, utilizando esta narrativa para movilizar a sus seguidores, como ocurrió en la reciente asamblea organizada por el Pacto Histórico en la Universidad Nacional. Según Petro, el próximo paso sería la promoción de un juicio político en su contra en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En respuesta, el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hizo un llamado desde su cuenta de X: “presidente en vez de denunciar un golpe de Estado, que no existe, el Gobierno debe promover activamente la propuesta de Acuerdo Nacional presentada por su Ministro del Interior, contribuyendo así a moderar la polarización política, que es uno de los principales problemas del país”.

Puntos clave del Acuerdo Nacional

El Acuerdo Nacional propuesto por el gobierno contiene los siguientes puntos:

1. Seguridad y erradicación de la violencia en la política:  

Se propone recuperar los valores democráticos, desescalar el lenguaje en los debates y erradicar la estigmatización. También se propone un compromiso para proteger la vida de líderes políticos y sociales y de los firmantes de paz, además de rechazar la interferencia de grupos armados en procesos electorales.

Se plantea avanzar en la recuperación del control territorial y desmantelar las organizaciones criminales que afectan a la población civil y a la fuerza pública. La búsqueda de la paz seguirá siendo una prioridad, negociando con actores armados dispuestos a alcanzarla.

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2. Respeto a las reglas electorales:  

Se garantizará la estabilidad de las normas democráticas en el corto, mediano y largo plazo, sin promover la reelección ni alterar los períodos de los mandatarios. Se estudiarán reformas políticas y electorales para mejorar la transparencia, fortalecer partidos y movimientos políticos, y optimizar la financiación de campañas. Cualquier cambio institucional deberá cumplir con los requisitos de la Constitución y los procesos de participación ciudadana.

3. Transformación territorial de municipios afectados por el conflicto:  

Se busca una transformación integral de las 16 regiones donde se ejecutan los PDET, con participación de gobiernos locales, comunidades, sector privado y comunidad internacional. La intervención debe mejorar las condiciones de vida y seguridad de los 170 municipios afectados, evitando que se reciclen las violencias históricas en esas zonas. Esta transformación debe ser prioritaria para el Estado.

4. Crecimiento económico con equidad y transformación económica:  

El objetivo es avanzar hacia una economía más inclusiva, equitativa y sostenible, basada en la educación, tecnología, conectividad, transición energética y estabilidad macroeconómica. Se propone impulsar el desarrollo rural, fortalecer la agroindustria y otros sectores estratégicos como el industrial y el turístico, para promover el empleo y reducir la desigualdad.

5. Compromiso con la deliberación y las reformas sociales en el Congreso:  

Se subraya la importancia de avanzar en reformas sociales para mejorar el bienestar y consolidar la paz. Se trabajará en la discusión de proyectos prioritarios en el Congreso, buscando consensos entre todos los partidos políticos, con respeto a la oposición y promoviendo un diálogo respetuoso y constructivo.

La agenda del propuesto Acuerdo Nacional no ha suscitado mayores críticas en cuanto su contenido, pero ese ramo de olivo contrasta con el mantenimiento del lenguaje de confrontación, la propuesta de movilizaciones a favor del gobierno y el hecho de que los principales sectores políticos no parecen haber sido consultados en su elaboración.