Después de dos años de pandemia, los hogares hacen frente a una presión adicional ocasionada por la crisis energética y el alza de los precios. El costo de los alimentos estalló, una situación que es generalizada en muchos países del mundo. En Francia, por ejemplo, los alimentos presentan una inflación superior al 10% en comparación con el año pasado y algunos productos básicos como el aceite (+60%), la harina (+22%) y las pastas (+20%) padecen encarecimientos aún mayores.

En este contexto, y según una encuesta europea publicada a inicios de noviembre por Secours Populaire Français (asociación que ayuda a las poblaciones vulnerables), uno de cada cuatro francés se considera precario y uno de cada dos europeos teme caer en una situación de precariedad.

En 2020, más de 9 millones de personas en Francia se encontraban en situación de inseguridad alimentaria. Si bien no se cuenta con cifras más recientes, cabe pensar que cada vez más personas van a verse afectadas en los próximos meses, dada la creciente inflación, asociada a fenómenos como la guerra en Ucrania. 

En este contexto, vienen surgiendo nuevos modelos y propuestas que apuntan a beneficiar tanto a los productores como a los consumidores.

Seguridad social de la alimentación, una vía seria para salir de la inseguridad alimentaria y devolver su poder a los ciudadanos

La seguridad social de la alimentación se inspira en el modelo del sistema sanitario, al cual se le añade una dimensión democrática. Esta propuesta, defendida por más de diez asociaciones (de agrónomos, productores y de educación popular, entre otros sectores) agrupadas en un colectivo denominado Collectif pour une sécurité sociale de l’alimentation, plantea que todos los meses se otorgue a cada ciudadano un bono de 150€, independientemente de su edad y de su condición económica. El carácter universal del dispositivo es imprescindible para lograr que se cumpla el derecho a la alimentación, al igual que el derecho a la educación o a la salud. 

El derecho a la alimentación se sustenta en la libre elección de los alimentos que uno quiera consumir. Por lo tanto, se prevé que el bono mensual se pueda gastar en tiendas, restaurantes, colectivos de productores, etc. que hayan sido “homologados” de manera democrática.

Para ello, ciudadanos y ciudadanas elegidos por sorteo forman parte de comités cuyo papel consiste en definir los criterios bajo los cuales se pueden homologar los productos. Estos pueden ser, por ejemplo, locales, sin químicos, que garanticen un nivel de ingreso mínimo para el agricultor y que tengan en cuenta el bienestar animal, entre otros.

¿Cómo financiar dicho dispositivo? Se considera que, para garantizar una organización democrática de la economía, es necesario vincular la financiación de la seguridad social de la alimentación directamente con la riqueza producida en el país. Dicho de otra manera, se cobraría una cotización, bien sea según los salarios o según el valor agregado de las empresas.

El principio es sencillo: cada uno cotiza según sus recursos y recibe según sus necesidades. Eso implica que las personas sin ingreso no cotizan, pero reciben el bono de 150€ al igual que los demás.

De la seguridad alimentaria… a la soberanía alimentaria

Más allá de garantizar el acceso económico a los alimentos, la seguridad social de la alimentación es una palanca para conseguir la soberanía alimentaria. En efecto, el otorgar a los ciudadanos el poder de definir los productores, las tiendas y los restaurantes asociados a la iniciativa, acarrearía la adaptación de los sistemas agrícolas y alimentarios según los deseos de los ciudadanos y siguiendo un modelo más sostenible. 

Un movimiento en marcha

Varios experimentos del modelo de seguridad social alimentaria se están desplegando a nivel local en Francia y Bélgica, con diferentes niveles de avance. Uno de ellos es el de Montpellier, donde ciudadanos de edades y perfiles diferentes se están reuniendo para ponerse de acuerdo frente a las modalidades de implementación de este modelo. En Bruselas y en la ciudad francesa de Clermont Ferrand también se viene trabajando en este sentido.

Aunque solo es un inicio, en cada reunión se está fortaleciendo la confianza y se construye el debate en aras de proponer una alimentación saludable y de calidad para todos, que respete tanto a los consumidores como a sus productores.