Cierre de IPS en Colombia deja 960 instituciones cerradas y más de 9.000 servicios inactivos en dos años

El sistema de salud atraviesa una grave crisis. El cierre de IPS en Colombia se ha vuelto frecuente debido a las deudas acumuladas por parte de las EPS y a la escasez de recursos disponibles. A esto se suma la adquisición de instituciones estratégicas por inversionistas extranjeros, lo que debilita progresivamente la red hospitalaria nacional. Todos estos factores han llevado al sistema a un punto crítico.

Cierre de IPS en Colombia por deudas con EPS

Entre 2023 y 2024, 960 IPS cerraron sus puertas en Colombia, según datos del Ministerio de Salud. A esa cifra se suman miles de servicios específicos que han dejado de operar: entre 2022 y 2024 se clausuraron 9.055 servicios de salud en el país. Detrás de la ola por el cierre de IPS en Colombia está una estructura colapsada: la acumulación de deudas de las EPS, del Estado y la fragilidad financiera del modelo de aseguramiento.

Mientas el gobierno insiste en una reforma que no ha podido concretarse, en las regiones los efectos son inmediatos: cierre de servicios de urgencias, salas de parto y unidades de cuidados especializados. Si bien el panorama es nacional, los departamentos con menor infraestructura sanitaria sufren el mayor golpe, porque pierden los pocos centros que aún funcionaban.

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Maternidades cerradas: cuando parir se vuelve un lujo

En Medellín, seis de trece unidades de maternidad cerraron antes de julio de 2025. La Clínica Las Américas, una de las más reconocidas, eliminó por completo su servicio obstétrico el 1 de marzo de 2025. En 2022, el Hospital San Vicente Fundación ya había suprimido 32 camas de maternidad; en 2023, la Clínica del Rosario (sede Centro) hizo lo mismo con otras 30.

No se trata solo de Medellín. En Bogotá, la Clínica del Occidente suspendió su unidad de obstetricia tras registrar una caída del 82 % en la atención de partos y una reducción del 13,4 % en nacimientos desde 2022. El argumento financiero pesó más que la necesidad social: “Mantener esta unidad con baja demanda es inviable”, dijo el vocero institucional. También se cerraron salas de parto en la Clínica Farallones (Cali), la Clínica Los Andes (Tunja) y el Hospital Universitario San Ignacio, este último conservando solo la atención neonatal crítica.

En todos los casos, las directivas atribuyeron la decisión a la falta de pagos por parte de las EPS, la reducción de partos y la incapacidad de sostener servicios con alto requerimiento humano y tecnológico.

Servicios de urgencias suspendidos por falta de recursos

A comienzos de abril de 2025, la Clínica Ciudad Roma de Colsubsidio cerró definitivamente su servicio de urgencias en la localidad de Kennedy. El déficit acumulado superaba el medio billón de pesos, principalmente por cuentas impagas de EPS. El presidente de Colsubsidio lo explicó sin rodeos: “El sistema de salud, tal como está diseñado, no garantiza ni estabilidad financiera ni atención continua”.

Pocas semanas después, el 31 de julio de 2025, la Fundación Hospital San Carlos, con más de 70 años de historia en Bogotá, anunció el cierre temporal de su servicio de urgencias para concentrarse en cirugías y UCI. Las directivas señalaron que la crisis estructural del sistema, la disminución de tarifas y el incumplimiento de pagos “ponen en riesgo la sostenibilidad institucional”.

En Antioquia, la Fundación Clínica del Norte tomó una medida similar: cerró su unidad de urgencias desde el 25 de julio de 2025, argumentando que necesitaban reorganizar internamente los servicios y priorizar áreas que aún pudieran sostenerse.

Estas decisiones no solo afectan la cobertura inmediata. En muchas zonas del país, la clausura de un servicio de urgencias representa la pérdida total de acceso a atención médica rápida, con consecuencias que pueden medirse en muertes evitables.

Deudas con hospitales públicos: intervenciones para evitar el cierre de IPS en Colombia

En los municipios pequeños, donde las ESE son la única oferta disponible, el colapso financiero tiene consecuencias aún más graves. El Hospital La Misericordia, en Calarcá (Quindío), fue intervenido por la Supersalud en septiembre de 2021. La entidad halló 54 fallas críticas: administrativas, financieras y asistenciales. El déficit pasó de $3.244 millones en 2019 a $7.108 millones en 2021. Ya había cerrado veinte servicios médicos por falta de insumos y personal. Además, incumplía pagos al personal de salud. La Superintendencia asumió la administración para evitar la quiebra total.

Entre 2020 y 2021, la Supersalud tomó control de otros hospitales en estado crítico, como el Hospital San Marcos en Sucre, Sandiego de Cereté en Córdoba, San Rafael de Leticia en Amazonas, San Francisco de Asís Chocó y Julio Méndez Barreneche en el Magdalena, entre otros. Todos presentaban deudas estructurales, deterioro en su infraestructura y graves fallas administrativas. El superintendente de Salud advirtió entonces que decenas de hospitales estaban al borde del cierre total por «ineficiencias, prácticas administrativas cuestionables y una deuda que no deja operar».

Venta de clínicas colombianas a grupos extranjeros

Mientras tanto, algunos de los hospitales más modernos del país fueron vendidos a capital extranjero. Entre 2020 y 2025, al menos cinco conglomerados internacionales compraron clínicas, hospitales o centros de diagnóstico en Colombia. El grupo estadounidense Steward Health Care entró al país en 2020 comprando tres hospitales: Clínica San Rafael y Clínica Centenario en Bogotá, y el Hospital Los Nevados en Pereira. Prometieron invertir US$28 millones para renovar la infraestructura. Según el CEO de la empresa, Ralph de la Torre, planeaban construir entre 10 y 15 hospitales en Colombia.

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La española Quirónsalud, parte del holding alemán Fresenius, consolidó su presencia entre 2018 y 2021. Cuando adquirieron la Clínica Imbanaco de Cali, la Clínica de la Mujer en Bogotá, el Centro Oncológico de Antioquia y la Clínica Clofán en Medellín. También integraron a su red las clínicas Medellín, Las Vegas, del Prado y Cedimed – proveedor oficial de servicios médicos para Atlético Nacional-. Aunque a finales de 2022 Fresenius anunció planes de vender su operación latinoamericana, hasta 2025 las clínicas siguen en manos extranjeras.

El grupo peruano Auna, por su parte, adquirió en 2020 el 61 % de la Clínica Portoazul de Barranquilla. Ya controlaban centros en Medellín, Envigado y Montería. Con esta compra consolidaron su red de atención oncológica y cardiovascular en Colombia.

Lenus Capital Partners, un fondo respaldado por capital estadounidense y chileno, compró en 2023 la Clínica Medicadiz en Ibagué. Con esto completaron una red de más de mil camas y tres mil empleados. El presidente del fondo declaró que su objetivo era fortalecer los servicios en ciudades intermedias.

En 2024, DaVita Inc. compró la red de diálisis de Fresenius Medical Care en Colombia. La transacción, de US$300 millones, también incluyó operaciones en Brasil, Ecuador y Chile. El negocio está pendiente de aprobación en Colombia, pero de concretarse, DaVita será el mayor proveedor de diálisis del continente.

En junio de 2025, la multinacional UnitedHealth Group anunció la venta de tres clínicas emblemáticas: la Clínica del Country, la Clínica La Colina (ambas en Bogotá) y nuevamente, Portoazul. Estas habían sido adquiridas en 2018 tras la compra del grupo chileno Banmédica. Su salida del país se justificó por pérdidas sostenidas. El paquete fue valorado en mil millones de dólares. Al menos cuatro grupos internacionales manifestaron interés en comprarlas, incluidos Auna (Perú), Christus Health (EE. UU.) y Patria (Brasil).

Un sistema en retroceso

La simultaneidad del colapso financiero de las IPS y el avance de las compras extranjeras muestra una fragmentación institucional sin control público suficiente. Mientras las clínicas cierran por no poder sostenerse y por las crecientes deudas, otros actores las compran como oportunidades de inversión. El resultado es una desarticulación creciente del sistema nacional de salud, donde la capacidad de planeación se debilita y la lógica financiera impone condiciones sobre las prioridades sociales.

Las organizaciones gremiales han advertido sobre este proceso desde hace años. La Federación Médica Colombiana lo ha señalado en reiteradas ocasiones: “No es solo una crisis de pagos. Es la ruina del sistema asistencial, y no hay un horizonte claro”.

En departamentos como Amazonas, Vaupés, Guainía o Chocó, donde existe una o dos IPS en cada municipio, el cierre de un solo centro significa el abandono total de una población entera.

Lo que está en juego no es solo la sostenibilidad de algunas clínicas. Es el derecho a la salud de miles de usuarios, especialmente en regiones apartadas donde al cerrar un centro médico no tienen otra opción que enfrentarse al paseo de la muerte. Las cifras muestran que en la “potencia mundial de la vida” el derecho a la salud digna retrocede, mientras quienes pueden seguir comprando, lo harán sin mirar atrás.

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