Asamblea Constituyente en Colombia: el plan de Petro rumbo a las elecciones de 2026
El debate sobre la Asamblea Nacional Constituyente divide al país entre quienes la ven como salida democrática y quienes la consideran un salto al vacío.
El presidente Gustavo Petro ha puesto nuevamente sobre la mesa la idea de convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Mientras el gobierno la plantea como un mecanismo para destrabar reformas sociales y garantizar derechos, expertos constitucionales advierten que carece de sustento jurídico y podría poner en riesgo los consensos alcanzados con la Constitución de 1991.
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La visión del gobierno sobre la Constituyente
El gobierno Petro sostiene que las instituciones actuales bloquean las reformas sociales que el pueblo aprobó en las urnas. Petro ha afirmado que “las instituciones en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo decretó con su voto”.
Objetivos planteados por Petro
El presidente insiste en que la Constituyente no busca su reelección. Según él, el propósito es abordar temas como:
- Reforma a la justicia para garantizar verdad y reparación.
- Adaptación al cambio climático.
- Profundización de derechos sociales.
- Superación de la impunidad estructural.
El ministro Armando Benedetti ha añadido que la Constituyente es una forma de enfrentar lo que denomina la “concentración de poder en jueces y medios de comunicación”.
Mecanismos propuestos
El gobierno ha barajado tres vías:
- La llamada “octava papeleta”, rechazada por constitucionalistas al no tener efectos jurídicos.
- Recolección de firmas, con una meta de entre 12 y 16 millones.
- Impulsar listas “pro constituyente” para el Congreso de 2026, con la idea de que desde allí se apruebe el proceso.
Benedetti ha descartado que la iniciativa sirva para reelegir a Petro. Señala que, de prosperar, la Constituyente tendría lugar en el próximo gobierno.
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Críticas y cuestionamientos a la propuesta
Falta de sustento jurídico
Constitucionalistas como Rodrigo Uprimny recuerdan que el artículo 376 de la Constitución exige que el Congreso apruebe una ley para definir competencias, período y composición de la Constituyente. Intentar convocarla por firmas o papeletas sería, en sus palabras, una “ruptura constitucional”. Hernando Gómez Buendía coincide y la califica como un “disparate jurídico”.
Ambigüedad en los propósitos
No queda claro si el gobierno busca una nueva Constitución o solo “materializar” la de 1991. El ministro de Justicia habla de sustitución, mientras Petro insiste en su vigencia. La falta de precisión alimenta la desconfianza sobre los verdaderos objetivos.
Riesgos para la democracia
Los críticos temen que se abra la puerta a cambios que debiliten derechos fundamentales o que incluso supriman la Corte Constitucional. Para Gómez Buendía, una Constituyente en estos términos podría “desbaratar el Estado social de derecho”.
La estrategia política detrás de la Constituyente
Analistas como Carlos Arias consideran que la iniciativa funciona como cortina de humo frente a una gestión con bajo cumplimiento de reformas. Gómez Buendía interpreta la Constituyente como una bandera para mantener cohesionada a la base electoral y proyectar un “pacto histórico” más allá de Petro.
Camino a las elecciones de 2026
El énfasis en listas “pro constituyente” sugiere que el oficialismo apunta a controlar el Congreso más que la Presidencia. Con ello, la Constituyente se convierte en herramienta de movilización electoral.
En campañas anteriores, Petro aseguró que la Constitución de 1991 le permitía hacer los cambios que buscaba. Hoy, su viraje genera dudas sobre la consistencia de su discurso.
Constitución de 1991 y el pulso hacia 2026
La Constitución de 1991 nació de una crisis política y de un proceso de amplio consenso nacional. Aunque imperfecta, ha sido reconocida como uno de los mayores acuerdos democráticos en la historia reciente de Colombia. Sus críticos aceptan la necesidad de ajustes, pero consideran que no se requieren transformaciones radicales para avanzar en justicia social o cambio climático.
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En contraste, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente reabre una fractura entre quienes creen que es la única salida para garantizar derechos y quienes temen que desestabilice el marco democrático. Con elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, la discusión parece menos jurídica y más política: un recurso para movilizar bases, marcar agenda y preparar el terreno para 2026.
