HomeIndustriaAsí se plantea la eliminación del 4x1000, luego de 20 años de su puesta en marcha

Así se plantea la eliminación del 4×1000, luego de 20 años de su puesta en marcha

El proyecto que busca su desmonte gradual pasó el primer debate, pero el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió archivar el texto.

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 205/21C, que tiene como objetivo eliminar el 4×1000 a nivel nacional. De aprobarse, el desmonte de este impuesto se haría de forma gradual y desaparecería totalmente en 2026.

¿De dónde salió el 4×1000?

Vale la pena resaltar que el 4X1000 nació como un impuesto temporal en noviembre de 1998, es decir, durante la presidencia de Andrés Pastrana. Este gravamen se creó cuando, a raíz de la crisis de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), el gobierno intervino para lanzarle un salvavidas al sector financiero del país. Para ello, emitió el Decreto 2331 del 16 de noviembre de 1998, que creó el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), el cual gravaba con una tarifa del 2×1000 las transacciones financieras que implicaran el retiro de fondos de las cuentas corrientes y de ahorro de bancos y otro tipo de intermediarios. 

En principio, el impuesto tenía vigencia de un año, por lo que sería eliminado el 31 de diciembre de 1999. Sin embargo, el Gobierno definió la ampliación del período de aplicación del impuesto hasta finales del año 2000, con el argumento de que era necesario hacerles frente a algunos imprevistos, y especialmente al terremoto del eje cafetero. 

Más tarde, en el año 2000, se transformó en un gravamen permanente y el la tarifa ascendió a 3×1000. A comienzos del 2007, la tarifa aumentó al 4×000. De esta manera, en vez de ser desmontado, ha estado vigente durante más de 20 años. 

4×1000

Este impuesto consiste en que, por cada $1.000 en algún tipo de movimiento financiero, se pagan 4 pesos. Este monto es recaudado por los bancos y luego girado al Gobierno Nacional. 

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, explicó que “el gravamen a los movimientos financieros es un impuesto que, si bien es muy eficiente en términos del recaudo tributario, es ineficiente en lo que respecta a la bancarización y la productividad del país, especialmente porque estimula el manejo del efectivo, que a su vez no deja circular los recursos de la economía desde los agentes que tienen liquidez hacia quienes la necesitan, que es una función importante del sistema financiero”.

¿En qué consiste la Ley 205/21C?

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá y autora del proyecto de Ley, aseguró que “esta iniciativa busca racionalizar y equilibrar los tributos de los hogares colombianos mediante la eliminación del 4×1000. Sabemos que el gravamen a los movimientos financieros representa unos $8 billones anuales a los ingresos fiscales del Estado, razón por la cual el proyecto propone reemplazar esa fuente de recursos por otras que traerán más justicia tributaria al sistema impositivo colombiano”. 

Además de lo anterior, en la propuesta se propone realizar un desmonte gradual del impuesto, el cual disminuiría 1 punto del 4 por mil cada año, desde 2023 hasta el 2025, de la siguiente manera:

  1. Al tres por mil (3 x 1.000) en 2023.
  2. Al dos por mil (2 x 1.000) en 2024
  3. Al uno por mil (1 x 1.000) en 2025.
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Sumado a esto, en el texto presentado se plantean tres medidas para mitigar el impacto fiscal que tendría la eliminación del 4×1000: un impuesto a los ingresos altos; una reducción del Estado y la derogación de los beneficios a las Mega Inversiones de la ley 2010 de 2019, y la posibilidad de descontar el ICA del impuesto de renta para personas jurídicas.

La visión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Luego de conocerse que este proyecto pasó el primer debate, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de una carta dirigida al Congreso y firmada por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, se opuso a esta iniciativa. 

De acuerdo con la misiva, la eliminación del 4×1000 implicaría que dejaran de entrar $7,4 billones anuales a las arcas del Estado. De acuerdo con la Cartera, en el proyecto no es claro cómo se taparía el hueco fiscal, por lo que solicitó archivarlo. 

Con base en este panorama, Más Colombia consultó a Jairo Higuita Naranjo, especialista en derecho tributario y socio de la firma de abogados Jiménez, Higuita, Rodríguez, para conocer los pros y contras de la posible eliminación del 4×1000. El experto comentó lo siguiente:

 Las desventajas de su eliminación

  1. La eliminación de este tributo, en el panorama fiscal actual, podría afectar las finanzas del Estado y la reactivación de la economía nacional. Según datos reportados por la DIAN, en 2020 se recaudaron $8,1 billones y en lo que va de 2021 (hasta el 26 de octubre) un poco más de $7 billones, por concepto de 4×1000. Estas cifras demuestran la importancia de evaluar cuidadosamente su desmonte y las alternativas para compensar los ingresos tributarios que se dejen de percibir, pues son recursos que se requieren especialmente en estos tiempos de estrechez fiscal. 
  1. Si bien el proyecto propone como alternativa la creación de un nuevo impuesto a los ingresos altos –el cual sería de causación mensual–, el Legislador debe ser cauto al momento de incorporar nuevas cargas impositivas que podrían tener un efecto negativo en los excedentes de recursos que poseen los inversionistas locales para mover la economía en sus diferentes niveles. Esto es de particular importancia en esta etapa de recuperación económica. 

Las ventajas de su eliminación

  1. El Proyecto de Ley No. 205/21C eliminaría uno de los grandes obstáculos a la inclusión financiera y contribuiría positivamente a la reducción de las brechas de inequidad, como lo ha resaltado a lo largo de los años el sector financiero y la academia. 
  1. El proyecto desincentivaría las operaciones en efectivo, lo que a su vez facilitaría la bancarización de la población y disminuiría la informalidad. Con esto, habría una mayor trazabilidad de las operaciones económicas, un mayor control a la evasión y posiblemente un incremento en los ingresos tributarios del país.

“Celebramos esta propuesta legislativa en el sentido de eliminar gradualmente este impuesto, notorio por su estructura antitécnica y regresiva, tal como lo reiteró recientemente la Comisión de Expertos Tributarios”, subrayó Higuita Naranjo. 

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    Actualmente los campesinos del municipio se encuentran en la gestión de alianzas internacionales que les permitan tecnificar las formas de producción de tomate y encontrar nuevos mercados para su producto.

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Así se plantea la eliminación del 4×1000, luego de 20 años de su puesta en marcha

El proyecto que busca su desmonte gradual pasó el primer debate, pero el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pidió archivar el texto.

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de Ley No. 205/21C, que tiene como objetivo eliminar el 4×1000 a nivel nacional. De aprobarse, el desmonte de este impuesto se haría de forma gradual y desaparecería totalmente en 2026.

¿De dónde salió el 4×1000?

Vale la pena resaltar que el 4X1000 nació como un impuesto temporal en noviembre de 1998, es decir, durante la presidencia de Andrés Pastrana. Este gravamen se creó cuando, a raíz de la crisis de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (UPAC), el gobierno intervino para lanzarle un salvavidas al sector financiero del país. Para ello, emitió el Decreto 2331 del 16 de noviembre de 1998, que creó el Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), el cual gravaba con una tarifa del 2×1000 las transacciones financieras que implicaran el retiro de fondos de las cuentas corrientes y de ahorro de bancos y otro tipo de intermediarios. 

En principio, el impuesto tenía vigencia de un año, por lo que sería eliminado el 31 de diciembre de 1999. Sin embargo, el Gobierno definió la ampliación del período de aplicación del impuesto hasta finales del año 2000, con el argumento de que era necesario hacerles frente a algunos imprevistos, y especialmente al terremoto del eje cafetero. 

Más tarde, en el año 2000, se transformó en un gravamen permanente y el la tarifa ascendió a 3×1000. A comienzos del 2007, la tarifa aumentó al 4×000. De esta manera, en vez de ser desmontado, ha estado vigente durante más de 20 años. 

4×1000

Este impuesto consiste en que, por cada $1.000 en algún tipo de movimiento financiero, se pagan 4 pesos. Este monto es recaudado por los bancos y luego girado al Gobierno Nacional. 

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, explicó que “el gravamen a los movimientos financieros es un impuesto que, si bien es muy eficiente en términos del recaudo tributario, es ineficiente en lo que respecta a la bancarización y la productividad del país, especialmente porque estimula el manejo del efectivo, que a su vez no deja circular los recursos de la economía desde los agentes que tienen liquidez hacia quienes la necesitan, que es una función importante del sistema financiero”.

¿En qué consiste la Ley 205/21C?

Katherine Miranda, representante a la Cámara por Bogotá y autora del proyecto de Ley, aseguró que “esta iniciativa busca racionalizar y equilibrar los tributos de los hogares colombianos mediante la eliminación del 4×1000. Sabemos que el gravamen a los movimientos financieros representa unos $8 billones anuales a los ingresos fiscales del Estado, razón por la cual el proyecto propone reemplazar esa fuente de recursos por otras que traerán más justicia tributaria al sistema impositivo colombiano”. 

Además de lo anterior, en la propuesta se propone realizar un desmonte gradual del impuesto, el cual disminuiría 1 punto del 4 por mil cada año, desde 2023 hasta el 2025, de la siguiente manera:

  1. Al tres por mil (3 x 1.000) en 2023.
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La visión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Luego de conocerse que este proyecto pasó el primer debate, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de una carta dirigida al Congreso y firmada por el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, se opuso a esta iniciativa. 

De acuerdo con la misiva, la eliminación del 4×1000 implicaría que dejaran de entrar $7,4 billones anuales a las arcas del Estado. De acuerdo con la Cartera, en el proyecto no es claro cómo se taparía el hueco fiscal, por lo que solicitó archivarlo. 

Con base en este panorama, Más Colombia consultó a Jairo Higuita Naranjo, especialista en derecho tributario y socio de la firma de abogados Jiménez, Higuita, Rodríguez, para conocer los pros y contras de la posible eliminación del 4×1000. El experto comentó lo siguiente:

 Las desventajas de su eliminación

  1. La eliminación de este tributo, en el panorama fiscal actual, podría afectar las finanzas del Estado y la reactivación de la economía nacional. Según datos reportados por la DIAN, en 2020 se recaudaron $8,1 billones y en lo que va de 2021 (hasta el 26 de octubre) un poco más de $7 billones, por concepto de 4×1000. Estas cifras demuestran la importancia de evaluar cuidadosamente su desmonte y las alternativas para compensar los ingresos tributarios que se dejen de percibir, pues son recursos que se requieren especialmente en estos tiempos de estrechez fiscal. 
  1. Si bien el proyecto propone como alternativa la creación de un nuevo impuesto a los ingresos altos –el cual sería de causación mensual–, el Legislador debe ser cauto al momento de incorporar nuevas cargas impositivas que podrían tener un efecto negativo en los excedentes de recursos que poseen los inversionistas locales para mover la economía en sus diferentes niveles. Esto es de particular importancia en esta etapa de recuperación económica. 

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  1. El Proyecto de Ley No. 205/21C eliminaría uno de los grandes obstáculos a la inclusión financiera y contribuiría positivamente a la reducción de las brechas de inequidad, como lo ha resaltado a lo largo de los años el sector financiero y la academia. 
  1. El proyecto desincentivaría las operaciones en efectivo, lo que a su vez facilitaría la bancarización de la población y disminuiría la informalidad. Con esto, habría una mayor trazabilidad de las operaciones económicas, un mayor control a la evasión y posiblemente un incremento en los ingresos tributarios del país.

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