Atentado contra Miguel Uribe expone el riesgo de polarización electoral
El atentado a Miguel Uribe reactiva la preocupación sobre el discurso de odio y la polarización política. ¿Qué implicaciones tendrá para las elecciones de 2026?
El sábado 7 de junio de 2025, en Bogotá, el senador Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en el barrio Modelia. El ataque reabrió el debate sobre la violencia política y el discurso de odio que alimenta la polarización en Colombia.
A continuación, le contamos cuáles han sido las reacciones del Gobierno y distintos partidos políticos, por qué se culpa al discurso de odio como una de las causales del atentado, y lo que nos espera en el país en una campaña que ya está marcada por el miedo y la confrontación.
Atentado a Miguel Uribe y reacciones del Gobierno y partidos
El atentado ocurrió en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, cuando Miguel Uribe participaba en un evento político. El senador permanece en estado crítico.
El presidente Gustavo Petro reaccionó en X (antes Twitter) a las 7:04 p. m. del sábado. En su mensaje expresó solidaridad con la familia del senador y recordó el asesinato de Diana Turbay, madre de Miguel Uribe. Más tarde reveló que el esquema de protección del senador había sido reducido el mismo día del ataque, pasando de siete a tres escoltas.
El Gobierno ofreció recompensas de hasta 3.000 millones de pesos por información sobre los responsables y anunció el refuerzo de seguridad para los más de 30 precandidatos presidenciales. El ministro de Defensa afirmó que quien atente contra un dirigente político «agrede directamente a nuestra democracia».
Desde diversos sectores se cuestionó el tono del presidente. Petro aseguró que durante la conquista llegaron árabes a América, afirmación sin respaldo académico. El diario El País señaló que su respuesta mezcló distorsiones históricas y un tono combativo, lo que generó reacciones críticas.
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Discurso de odio en sectores del Gobierno y de la oposición
La reacción presidencial no es un hecho aislado. En los últimos meses, líderes de distintos sectores políticos han usado expresiones cargadas de agresividad para referirse a sus contradictores.
Durante el lanzamiento de la consulta popular, el presidente Petro se refirió al presidente del Congreso como «nazi» y «víbora», y a otros opositores como «esclavistas». En diciembre de 2024, en medio de un discurso público, se dirigió a sus contradictores con maldiciones, según reportó El País.
Más recientemente, al hablar del atentado contra Miguel Uribe, Petro utilizó referencias históricas imprecisas que fueron interpretadas como una insinuación indirecta contra sectores de oposición.
Desde el uribismo también se ha promovido una narrativa de confrontación. Senadores han calificado al presidente de «guerrillero» y «dictador».
Durante la campaña de 2022, se difundieron comparaciones entre Gustavo Petro y Hugo Chávez. En 2016, durante el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, líderes de campaña del «No» admitieron haber usado desinformación para movilizar votantes.
Bodegas digitales: cómo se fabrica el odio en redes sociales
El uso sistemático de cuentas falsas y estructuras coordinadas para difundir mensajes de odio ha sido documentado en Colombia. Estas «bodegas» operan en plataformas como X, Facebook y WhatsApp. Simulan cuentas reales, amplifican insultos y difunden noticias falsas.
Durante la campaña presidencial de 2022, un video de la senadora Isabel Zuleta reveló que se trabajó intencionalmente para «quemar» a Sergio Fajardo. A eso se sumó una campaña de desprestigio en redes con acusaciones falsas. Líderes sociales como Jineth Bedoya y académicos críticos también han sido blanco de ataques coordinados.
Este fenómeno no es exclusivo de Colombia. Uno de los casos más estudiados en el mundo sobre manipulación digital fue el de Cambridge Analytica. Esta firma británica accedió ilegalmente a datos de más de 87 millones de perfiles de Facebook y los utilizó para diseñar campañas de microsegmentación política en Estados Unidos y Reino Unido.
El propio Donald Trump reconoció que Cambridge Analytica formó parte de su equipo de campaña presidencial en 2016. En América Latina, Andrés Sepúlveda, un hacker colombiano, confesó haber interferido en campañas presidenciales manipulando redes sociales.
En Colombia, estos ataques han influido en votaciones importantes. Durante el plebiscito por la paz de 2016, se difundieron en comunidades religiosas mensajes falsos que aseguraban que la refrendación del acuerdo de paz con las FARC implicaría la imposición de la llamada “ideología de género” en los colegios.
Aunque estas afirmaciones fueron desmentidas por medios y verificadores independientes, muchas personas tomaron decisiones de voto basadas en ese tipo de mensajes.
Polarización cotidiana: cuando el odio traspasa las pantallas
La polarización política ha llegado a la vida diaria. Estudios académicos han documentado rupturas familiares, conflictos en universidades y tensiones en lugares de trabajo a causa de posiciones políticas.
Terapeutas de pareja reportan un aumento de conflictos por diferencias ideológicas. En universidades, estudiantes se enfrentan verbalmente por apoyar a candidatos distintos.
En 2021, durante el Paro Nacional, se registraron enfrentamientos entre vecinos por el apoyo o rechazo a las movilizaciones. En redes sociales, ciudadanos comunes han sido blanco de linchamientos digitales por expresar su opinión. Incluso se han difundido datos personales para incentivar ataques.
Las decisiones electorales también se han visto afectadas. El miedo y la desinformación han llevado a que muchas personas voten más por rechazo al otro que por afinidad con un programa. La narrativa del «todo o nada» ha reemplazado el debate de ideas.
De la guerra bipartidista al exterminio político: una historia sin cerrar
La violencia política en Colombia tiene raíces profundas. Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el país vivió una década de violencia entre liberales y conservadores que dejó más de 200.000 muertos.
A mediados de la década de 1980, el nacimiento de la Unión Patriótica como fruto de un intento de paz entre el Estado y las FARC terminó en un exterminio político. Más de 5.000 de sus militantes, incluidos dos candidatos presidenciales, fueron asesinados.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe, el discurso del «enemigo interno» justificó los llamados falsos positivos: más de 6.400 jóvenes fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.
En los últimos ocho años, más de 1.200 líderes sociales han sido asesinados. Muchos de ellos habían denunciado intereses ilegales en sus territorios.
El patrón se repite: el adversario es tratado como una amenaza que debe ser eliminada. La estigmatización y el señalamiento político siguen siendo la antesala de la violencia.
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El riesgo de una campaña marcada por el miedo y la confrontación
El atentado contra Miguel Uribe ocurre al comienzo del ciclo preelectoral. Aunque todavía faltan meses para las elecciones presidenciales de 2026, este hecho puede tener un efecto paralizante. Candidatos podrían limitar su exposición pública. Las campañas pueden centrarse más en el ataque que en las propuestas.
El Gobierno ha ofrecido garantías de seguridad para todos los precandidatos. Sin embargo, partidos de oposición rechazaron asistir a la reunión convocada por la Casa de Nariño para discutir medidas de protección, argumentando que el presidente alimenta la polarización.
La canciller Laura Sarabia pidió autocrítica dentro del Gobierno. Dijo que el atentado contra Miguel Uribe debe ser un llamado a “corregir errores y erradicar el odio desde el lenguaje”.
La responsabilidad institucional recae en todos los líderes políticos. Evitar el uso de calificativos deshumanizantes, garantizar condiciones equitativas para el debate público y condenar con claridad toda expresión de violencia debe ser parte del mínimo democrático.
Según la Encuesta de Confianza Institucional de la OCDE 2024, apenas el 32 % de los colombianos confía en el gobierno nacional, el 23 % en el Congreso y sólo el 18 % en los partidos políticos.
A esto se suma que, de acuerdo con Invamer, el 68 % de los ciudadanos considera que el país va por un mal camino en materia de seguridad. El atentado contra Miguel Uribe Turbay puede aumentar esa desconfianza si no se condena con firmeza la violencia política, venga de donde venga.
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