miércoles, 18 de mayo de 2022
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Aunque estudian más, las mujeres en Colombia enfrentan mayores barreras en el mercado laboral

La Misión de Empleo ratificó que los roles de género en las labores domésticas y de cuidado obstaculizan la participación femenina en el mercado laboral. Universalizar la protección social, entre sus propuestas.

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El miércoles, 12 de enero de 2022, se publicaron los hallazgos de la Misión de Empleo, creada en julio de 2020 con el objetivo de estudiar la problemática del mercado laboral colombiano, bajo el liderazgo de los economistas Santiago Levy y Darío Maldonado. 

El Gobierno Nacional informó que la Misión contó con un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Eafit, y con una secretaría técnica, conformada por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Trabajo.

Uno de los trece capítulos del reporte ejecutivo, publicado por la Misión de Empleo, es el de Participación laboral femenina. En términos generales, este capítulo ratifica las problemáticas identificadas por el DANE y los planteamientos de académicos que han señalado las brechas de género en el mercado laboral colombiano. 



La Misión de Empleo destacó que “las mujeres en Colombia tienen más años de escolaridad que los hombres, pero enfrentan mayores barreras de acceso y permanencia en el mercado laboral; solo el 53% participa en él, en comparación con el 74% de los hombres”.  

Al respecto, señaló la importancia de poner en marcha estrategias que aumenten la participación femenina en materia laboral. Según señaló en su informe, “esta situación no solo es injusta, sino ineficiente, pues el país no solo subutiliza el potencial de la mitad de su población en edad de trabajar, sino que lo hace con la mitad que tiene más años de escolaridad”. 

La Misión de Empleo también llamó la atención sobre la mayor tasa de desempleo femenino —supera el 13% en el caso de las mujeres, mientras que en el de los hombres ronda el 8%— y las mayores dificultades de las mujeres para adquirir una pensión de retiro, al ser menos probable que cumplan con los tiempos requeridos de cotización.

Menos trabajo remunerado, más labores de cuidado

La Misión de Empleo recordó que las mujeres enfrentan una sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidado. Con la pandemia, este desbalance se profundizó. 

La mayor dedicación de las mujeres a las labores domésticas y de cuidado incide en la menor participación de las mujeres en el trabajo remunerado. Según el DANE, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, las mujeres destinaron en promedio 7 horas y 37 minutos diarios a algún trabajo remunerado y los hombres 8 horas y 57 minutos. En contraste, la dedicación al trabajo no remunerado fue mucho mayor en las mujeres. Mientras que ellas dedicaron 7 horas y 46 minutos al día, los hombres solo destinaron 3 horas y 6 minutos a este tipo de trabajos.

Asimismo, tiene que ver con las cifras de inactividad laboral. De acuerdo con los reportes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para 2021, la población económicamente inactiva —aquella que no participa en el mercado laboral— está conformada por 15.912.341 personas, que representan el 31,9% del total de la población. De estas, 5,5 millones son hombres y 10,4 millones son mujeres, de manera que las mujeres económicamente inactivas prácticamente duplicaban a los hombres en esta misma situación.

Factores identificados por la Misión de Empleo

El informe señaló que los retos que enfrentan las mujeres en la vinculación laboral son producto de varios factores, entre los que se encuentran principalmente tres:

  1. Cultural. “Hay raíces culturales profundas alrededor de definiciones de roles de género en las labores domésticas y de cuidado. Dicho esto, las disposiciones de la regulación laboral contribuyen a la problemática, cuando en ocasiones refuerzan esos roles. Así, por ejemplo, hasta hace relativamente poco tiempo, solo las mujeres tenían derecho a una licencia de maternidad; implícitamente asignando a ellas las tareas de los primeros cuidados”, explicó la Misión de Empleo.
  2. Omisiones en la fiscalización de la misma legislación. “Si bien en esta expresamente se prohíbe la discriminación contra las mujeres en estado de embarazo, hay evidencia de que algunas empresas incurren en estas prácticas, así como en otras igualmente perniciosas como indagar en las entrevistas sobre las responsabilidades de cuidado de la familia”, compartió la Misión de Empleo.
  3. Escasez relativa de servicios de cuidado tanto de niños menores como de adultos mayores. “[Esto] de facto discrimina contra las mujeres, pues son ellas quienes asumen los costos de estar fuera del mercado laboral”, afirmó la Misión de Empleo.

¿Qué propone la Misión de Empleo para mitigar esto?

Se destaca la propuesta de “establecer un mecanismo de protección social universal para mitigar la situación actual que enfrentan las mujeres para vincularse al mercado laboral”.

De acuerdo con una definición del Banco Mundial, la protección social universal hace referencia a la “asistencia social a través de transferencias monetarias a quienes las necesitan, particularmente los niños; beneficios y apoyo para las personas en edad de trabajar en caso de maternidad, discapacidad, accidentes laborales o desempleo, y pensiones para los ancianos”.

La Misión destacó que, para avanzar en materia de universalidad, se debe apostar por “asegurar que todos los trabajadores tengan acceso a programas críticos de protección social en igualdad de condiciones, independientemente de su nivel de ingresos. Es difícil que la protección social sea efectiva cuando los derechos y las obligaciones dependen de tener un ingreso superior o inferior a un cierto umbral, como es el salario mínimo; o de si la empresa cumple o no con sus obligaciones. La universalidad aseguraría que todos los trabajadores mantengan siempre sus derechos a programas críticos de protección social, independientemente de los inevitables vaivenes del mercado laboral”, se lee en el informe.

Para establecer dicho mecanismo, propuso definir que la solidaridad de las personas con mayores ingresos hacia los menos favorecidos se lleve a cabo a través de la tributación y no por medio del mercado laboral. 

Lo anterior implica determinar las fuentes de financiación de los componentes de protección social, de acuerdo con las condiciones laborales de cada persona. Según su propuesta, los componentes que estén dirigidos a todas las personas deben ser financiados con recursos que provengan de la tributación general, mientras que los de los trabajadores que no se encuentren vinculados a una empresa deben ser financiados con aportes individuales y los de los trabajadores que sí lo estén deben ser cubiertos con pagos proporcionales al salario realizados por la empresa donde laboran.

Vale la pena destacar que el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia se compone de los sistemas de pensiones, de salud y de riesgos laborales y de los servicios sociales complementarios, tal como lo determina la Ley 100 de 1993.

La Misión de Empleo señaló que “las mujeres se beneficiarían de la universalización del aseguramiento contra riesgos de invalidez y muerte; lo mismo de la eliminación de tiempos de cotización mínimos para una pensión complementaria de retiro; y lo mismo de una fiscalización más estricta de las regulaciones laborales. De forma más profunda, un mercado laboral menos disfuncional se reflejaría en salarios más altos, aumentando el costo de oportunidad del trabajo no remunerado, factor que contribuiría a acelerar el cambio en las normas culturales sobre roles de género”.