Balance energético gobierno Petro: más discurso verde y una seguridad energética en retroceso
El balance energético gobierno Petro es negativo: la transición no avanzó como se prometió y Colombia perdió soberanía energética, autosuficiencia en gas y estabilidad institucional.
El balance energético gobierno Petro, tras cerca de 42 meses de gestión, deja un resultado preocupante. Pese a un discurso ambicioso sobre transición energética y justicia climática, la política aplicada no logró consolidar un nuevo modelo energético, mientras sí debilitó pilares básicos del sistema: autosuficiencia en gas, confiabilidad eléctrica, institucionalidad regulatoria y soberanía energética.
El resultado es un país más dependiente, con mayores costos y más riesgo de racionamiento.
Balance energético gobierno Petro: la transición prometida no se materializó
El Gobierno planteó una transformación estructural del modelo energético, sustentada en energías renovables, comunidades energéticas y reducción progresiva de los hidrocarburos. Sin embargo, la transición quedó atrapada entre anuncios, metas infladas y ejecución deficiente.
Aunque se reporta un aumento significativo de capacidad instalada solar, este avance no se tradujo en mayor seguridad energética, ni en una reducción real de la dependencia de fuentes fósiles. La matriz sigue dependiendo del gas y de la hidráulica, mientras las nuevas renovables entran de forma fragmentada y sin respaldo suficiente en transmisión y energía firme.
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Renovables: crecimiento desordenado y sin soporte estructural
El Ejecutivo destaca el aumento de capacidad solar, que pasó de cerca de 200 MW a alrededor de 3,5 GW. No obstante, este crecimiento ha sido más cuantitativo que estratégico.
Gran parte de los proyectos corresponden a autogeneración, plantas de pequeña escala o iniciativas sin plena integración al Sistema Interconectado Nacional. Al mismo tiempo, los grandes proyectos eólicos y solares (especialmente en La Guajira) enfrentan retrasos, conflictos sociales, fallas de planeación y cuellos de botella en transmisión.
El resultado es una paradoja: más megavatios instalados en el papel, pero sin impacto proporcional en confiabilidad, tarifas o soberanía energética.
Comunidades energéticas: la gran promesa que no arrancó
Uno de los emblemas políticos del balance energético gobierno Petro fue la creación de comunidades energéticas como pilar de la “economía popular”. La realidad es contundente: ninguna comunidad energética está operando.
Pese a más de 15.000 postulaciones, el modelo quedó entrampado en trámites, falta de financiación efectiva y ausencia de reglas claras. El fondo de transición energética no entró en funcionamiento y su articulación con otros instrumentos existentes nunca se concretó.
La política terminó reducida a un relato simbólico, sin resultados tangibles para los hogares ni para las regiones más vulnerables.
Gas natural: pérdida de soberanía energética
El punto más grave del balance energético gobierno Petro es la crisis del gas natural.
En diciembre de 2024, Colombia perdió la autosuficiencia gasífera, obligándose a importar gas más costoso para atender hogares, industria y generación eléctrica. Este hecho marca un quiebre histórico tras más de cuatro décadas de autoabastecimiento.
Las consecuencias ya se sienten:
- Alzas tarifarias de hasta 36% en 2025.
- Mayor dependencia de gas importado.
- Riesgo creciente para el suministro en años secos.
Las proyecciones oficiales estiman un déficit de gas del 26% en 2026, un escenario que compromete directamente la seguridad energética nacional.
Hidrocarburos: se debilitó el presente sin construir el reemplazo
La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración no vino acompañada de una estrategia sólida de sustitución energética.
Aunque en 2024 se repuso el 105% de lo producido en petróleo, el 94% provino de recobro mejorado, no de nuevos hallazgos. En 2025, la producción de crudo cayó y el sector perdió dinamismo, afectando ingresos fiscales, divisas y empleo.
Expertos advierten que una contracción severa del sector podría provocar una caída de hasta 8,7% del PIB y un fuerte golpe a las finanzas públicas, en un país que aún depende estructuralmente de los hidrocarburos.
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CREG y UPME: parálisis y desorden institucional
El apagón institucional agravó el deterioro del sector. La falta de comisionados en propiedad en la CREG, sumada a decisiones anuladas por el Consejo de Estado, dejó al sistema sin reglas claras durante meses.
Esta parálisis:
- Frenó inversiones cercanas a $3 billones.
- Aumentó la incertidumbre regulatoria.
- Retrasó decisiones clave para expansión y confiabilidad.
A ello se suma la crisis operativa de la UPME, con miles de solicitudes de conexión represadas, que bloquean la entrada ordenada de nuevos proyectos.
Transmisión: el cuello de botella ignorado
Mientras el Gobierno aceleró el discurso renovable, descuidó la infraestructura de transmisión, el verdadero cuello de botella de la transición.
Hay retrasos de hasta 13 años en líneas estratégicas. Regiones como la Sabana de Bogotá y el Caribe operan al límite, dependiendo de generación térmica altamente contaminante para evitar apagones.
Sin transmisión, la transición no solo es inviable: se vuelve riesgosa.
Conclusión: un balance negativo y una soberanía energética debilitada
El balance energético gobierno Petro es desfavorable. La política energética no logró materializar la transición prometida y, en cambio, debilitó la seguridad, la confiabilidad y la soberanía energética del país.
Colombia cerró este periodo:
- Sin autosuficiencia en gas.
- Con mayor dependencia externa.
- Con instituciones debilitadas.
- Con una transición incompleta y mal planificada.
La gran paradoja del gobierno es haber intentado cambiar el modelo energético sin asegurar primero que el sistema pudiera sostener ese cambio.
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