Empleados de la rama judicial perderían importante beneficio: bonificación judicial podría dejar de ser factor salarial
Los empleados de la Rama Judicial podrían perder un derecho significativo, ya que la bonificación judicial, parte esencial de su salario, podría dejar de considerarse factor salarial. Esto reduciría drásticamente prestaciones como primas, cesantías y pensiones.
Hay alerta entre los trabajadores de la Rama Judicial ya que la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha convocado una sesión el próximo 8 de octubre de 2024 para estudiar y votar una ponencia que niega el carácter prestacional de la bonificación judicial establecida en los decretos 382, 383 y 384 de 2013.
Esta decisión podría tener profundas repercusiones para miles de empleados de la Rama Judicial, quienes podrían perder el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial, lo que impactaría directamente sus ingresos y beneficios prestacionales, como primas, cesantías y pensiones.
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¿Qué está en juego para los empleados de la Rama judicial si se pierde el reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial?
Lo que está en juego en la reunión del 8 de octubre no es solo la bonificación judicial, sino el futuro de las condiciones laborales de miles de empleados de la Rama Judicial. Si la Sala de Conjueces decide eliminar el carácter salarial de la bonificación, los trabajadores verán una reducción significativa en sus ingresos totales, afectando no solo su salario mensual, sino también las prestaciones que dependen de este, como las primas, cesantías, vacaciones y pensiones.
Por otro lado, si se reconoce que la bonificación tiene un carácter prestacional, los trabajadores podrán seguir disfrutando de este beneficio sin necesidad de recurrir a demandas judiciales. Esta solución traería estabilidad y seguridad a los empleados de la Rama Judicial, quienes han luchado durante años para proteger sus derechos laborales.
De confirmarse la decisión propuesta en la ponencia que niega el carácter prestacional de la bonificación judicial, los trabajadores de la Rama Judicial verán afectadas las siguientes áreas:
- Primas: Las primas de servicios, Navidad y vacaciones se calculan con base en el salario total de los empleados, incluyendo la bonificación. Si esta deja de ser parte del salario, estas primas se verán reducidas.
- Cesantías: Al igual que las primas, las cesantías se calculan sobre el salario base. La exclusión de la bonificación reduciría las cantidades destinadas a este ahorro obligatorio.
- Pensiones: El cálculo de la pensión se basa en el promedio salarial de los últimos años de trabajo. Si la bonificación judicial no forma parte de este cálculo, los trabajadores recibirán pensiones más bajas.
- Vacaciones: El pago por vacaciones también se reduciría, ya que este depende del monto total del salario devengado.
¿Desde cuándo la bonificación judicial ha sido factor salarial?
Este proceso judicial y la posible pérdida del carácter salarial de la bonificación judicial se enmarca en un largo conflicto entre los trabajadores de la Rama Judicial y el gobierno, que comenzó con la creación de la bonificación en 2013 tras las huelgas y protestas de los empleados judiciales.
Los decretos 382, 383 y 384 de ese año fueron un logro importante, ya que garantizaron una compensación adicional a los salarios base de los trabajadores. Desde entonces, la bonificación ha sido percibida como un componente esencial del salario y ha sido utilizada para calcular prestaciones y beneficios.
Sin embargo, la posibilidad de que se elimine este reconocimiento ha generado preocupación entre los empleados de la Rama judicial, quienes ven en esta medida un retroceso en los derechos laborales que han luchado por obtener.
Según Asonal Judicial, la decisión de los conjueces podría contravenir miles de fallos previos de juzgados y tribunales que han ratificado el carácter salarial de la bonificación. De hecho, ya existen sentencias en segunda instancia que reconocen este derecho para algunos empleados, lo que ha generado aún más incertidumbre sobre cómo impactará la decisión del 8 de octubre en los trabajadores que no han acudido a los tribunales.
Lo que está en juego en la reunión del 8 de octubre no es solo la bonificación judicial, sino el futuro de las condiciones laborales de miles de empleados de la Rama Judicial.
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Asonal Judicial convocó asambleas informativas
Ante la inminente votación sobre el carácter prestacional de la bonificación judicial, Asonal Judicial, la organización sindical de los empleados de la Rama Judicial, ha convocado a sus afiliados a asambleas informativas.
Las sedes judiciales en todo el país serán escenario de estas reuniones el 1 y 8 de octubre, fechas claves que coinciden con la reunión de la Sala de Conjueces. En estos encuentros, los trabajadores de la Rama Judicial discutirán el futuro de la bonificación y las acciones a seguir, preparando un plan de movilización para proteger sus derechos y evitar un retroceso en sus beneficios laborales.
Asonal Judicial ha advertido que la decisión de los conjueces podría establecer un peligroso precedente que afectaría a futuras generaciones de empleados judiciales, así como a los actuales.
De los 66 mil servidores judiciales, aproximadamente 20 mil han presentado demanda. De ese grupo, 6.600 ya tienen fallo de segunda instancia ejecutoriado, 4.800 están en tránsito para fallo de segunda instancia y 8.600 se encuentran en primera instancia o en espera de admisión de demanda. El resto, alrededor de 46 mil trabajadores, no han demandado ni presentado ningún recurso administrativo que interrumpa la prescripción.
Además, esta problemática refleja una tendencia más amplia de precarización laboral en el sector público, donde muchos empleados deben recurrir a demandas judiciales para obtener el reconocimiento de derechos básicos.
Trabajadores de la Rama judicial reclaman del gobierno nacional un decreto que solucione esta problemática
Los trabajadores de la Rama Judicial exigen al gobierno la expedición de un decreto que garantice el carácter prestacional de la bonificación judicial, protegiendo este derecho y evitando que dependa de decisiones judiciales individuales.
Asonal Judicial considera fundamental que el gobierno intervenga para poner fin a años de incertidumbre y así evitar que los empleados deban recurrir a los tribunales para obtener el reconocimiento de derechos que deberían estar garantizados.
Este decreto aseguraría que la bonificación sea un derecho reconocido para todos, beneficiando tanto a los trabajadores actuales como a futuras generaciones del sector judicial.
¿Cuáles son los principales escenarios de discusión sobre el futuro del reconocimiento de la bonificación judicial como factor salarial?
Mesa nacional de negociación colectiva estatal: En las negociaciones entre las organizaciones sindicales y el gobierno nacional, existe la convocatoria de una mesa de seguimiento en el Ministerio de Justicia, así como en la participación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para revisar el presupuesto necesario.
Los recursos requeridos para financiar la bonificación judicial ascienden a $765 mil millones para la Rama Judicial y $630 mil millones para la Fiscalía General de la Nación, impactando el presupuesto nacional en un total de $1.4 billones de pesos.
Congreso de la República: El proyecto de ley 114, radicado en el Senado en la Comisión Primera Constitucional, ha contado con el apoyo de seis partidos políticos y ha sido respaldado por el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Nacional y la Fiscalía, quienes también han solicitado presupuesto para el año 2025. Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala de Conjueces: En el ámbito judicial, la Sección Tercera del Consejo de Estado está debatiendo la viabilidad jurídica del factor salarial relacionado con la bonificación judicial. Anteriormente, la sala de conjueces rechazó una ponencia favorable, y ahora se espera que una decisión negativa esté por aprobarse.
