Colombia negoció y firmó el Acuerdo de Escazú, pero no lo ha ratificado
De acuerdo con información compartida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a comienzos de este mes, el Gobierno Nacional presentó nuevamente ante el Congreso de la República el proyecto que busca ratificar el Acuerdo de Escazú, luego de que en junio de este año se hundiera por falta de trámite. La primera vez que el Gobierno Nacional radicó el proyecto fue el 20 de julio del 2020.
Alejandra Lozano, investigadora de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, señaló que, para entender mejor la finalidad del Acuerdo de Escazú, se debe tener en cuenta que este “es una herramienta eficaz y robusta para fortalecer la gobernanza ambiental y prevenir conflictos socio ambientales, otorgando a los países un espacio para examinar el ejercicio efectivo de los derechos de acceso en asuntos ambientales y formular recomendaciones. Circunstancias que para Colombia son apremiantes al ser el cuarto país del mundo con mayor cantidad de conflictos ambientales y el segundo más peligroso para ejercer la defensa del ambiente y el territorio”.
Lozano añadió que este Acuerdo es un tratado ambiental y de derechos humanos que garantiza derechos procedimentales, los cuales son esenciales para implementar adecuadamente la agenda climática, la agenda de biodiversidad y la Agenda 2030, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, aseguró que este Acuerdo es una herramienta útil para el cumplimiento de las obligaciones del país en el Acuerdo de París y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Por su parte, Luis Felipe Guzmán, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, dijo que “el acuerdo de Escazú es un instrumento regional para América Latina y el Caribe, que pretende desarrollar estándares jurídicos para cerca de 500 millones de habitantes de la región en materia de acceso a la información ambiental, participación ciudadana, acceso a la justicia y protección de defensores ambientales”.
¿Cuál sería el impacto de no ratificar el Acuerdo?
Según Lozano, incluso aquellos países que cuentan con marcos regulatorios robustos, como Colombia, enfrentan desafíos para asegurar que todos los ciudadanos, y particularmente los más vulnerables, puedan ejercer sus derechos. Las personas que viven en la pobreza, por ejemplo, tienen un menor acceso a la justicia y participan menos en la toma de decisiones ambientales, puntualizó. El Acuerdo contribuiría a garantizar los derechos ambientales de todos los ciudadanos.
Por otra parte, la no ratificación del Acuerdo generaría un impacto a nivel local e internacional. Según Guzmán, de no ratificarlo, Colombia estaría enviando un mensaje negativo a los países vecinos.
“Considero que va a ser un mensaje negativo, sobre todo para los países de América Latina y el Caribe que han hecho parte de la construcción de este importante instrumento de democracia ambiental. Pese a que es legítimo que el Estado tome la decisión de ratificarlo o no, lo que no sería bien visto es haber participado en la negociación, haberlo firmado y ahora no ratificarlo, ya que la firma es considerada, en derecho internacional, como un hecho positivo del Estado hacia el instrumento internacional”, aseguró Guzmán.
