HomeEmpleo“Colombia requiere un cambio profundo en materia de protección social y regulación laboral”: Misión de Empleo

“Colombia requiere un cambio profundo en materia de protección social y regulación laboral”: Misión de Empleo

El equipo de trabajo de la Misión de Empleo destacó que 1 de cada 10 integrantes de la fuerza de trabajo está desempleado y 6 de cada 10 ocupados están en la informalidad.

De acuerdo con el último informe de Mercado Laboral, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 30 de diciembre, la tasa de desempleo se ubicó en 10,8% en noviembre de 2021. Este porcentaje está 2,5 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel alcanzado durante el mismo mes de 2020, cuando se ubicó en 13,3%, pero 1,5 pp por encima del nivel registrado en el penúltimo mes de 2019, momento en el que fue de 9,3%.

En medio de este panorama, en el que el mercado laboral continúa sin recuperar los niveles previos a la pandemia, se conocieron los hallazgos de la Misión de Empleo, creada en julio de 2020 con el objetivo de estudiar la problemática del mercado laboral y de brindar recomendaciones para mejorar su funcionamiento.

El equipo de trabajo estuvo integrado por Francisco Alvarado (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Andrés Álvarez (Universidad de los Andes), Juan Camilo Chaparro (Universidad EAFIT), Carolina González (Banco Interamericano de Desarrollo), Santiago Levy (Brookings Institution), Marta Juanita Villaveces (Universidad Nacional de Colombia), Darío Maldonado (Universidad de los Andes), Marcela Meléndez (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Marcela Pantoja (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y Natalia Ramírez (Universidad de los Andes). 

La Misión de Empleo se centró en los siguientes aspectos: legislación laboral y de seguridad social, componentes de la protección social, programa de salud y pensiones, protecciones adicionales cuando los trabajadores se ocupan en empresas, cajas de compensación familiar, salario mínimo, fiscalización y acceso a la justicia laboral, adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral, participación laboral femenina, lecciones de la experiencia y Covid-19.

El mercado laboral colombiano funciona mal

El informe, que puede consultar en este enlace, encontró que el mercado laboral en Colombia funciona mal y constituye uno de los principales obstáculos en el camino hacia una sociedad más próspera  e incluyente.

El mal funcionamiento del mercado laboral se expresa en dos dimensiones. “[Primera], en la de bienestar social, ya que la mayoría de los trabajadores tienen condiciones laborales precarias, con pocas oportunidades de mejora, con ingresos bajos e inestables; y con cobertura errática o incompleta contra riesgos. Y, [segunda], en la de crecimiento económico, ya que el desempleo es persistentemente alto y la mayoría de los ocupados laboran por cuenta propia o en empresas muy pequeñas de baja productividad, situación que a su vez explica, en parte, por qué el crecimiento del país es inferior a su potencial”, destacó el documento.

Así, por ejemplo, uno de cada diez integrantes de la fuerza de trabajo está desempleado, seis de cada diez ocupados están en la informalidad y ocho de cada diez empresas tienen entre uno y tres trabajadores y no observan las regulaciones sobre salario mínimo y aportes a la seguridad social.

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, mostró su preocupación por los resultados del informe. Lacouture enfatizó en que, “de acuerdo con la Misión, Colombia cuenta con 7 millones de empresas formales e informales, donde el 97% de ellas tienen de 1 a 3 trabajadores y 81% son informales, lo que nos obliga a generar acciones para la formalización empresarial y del empleo con el propósito de reducir la pobreza, pero también promover un desarrollo económico sostenible del país. Es prioritario que podamos tener compromiso por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre estas necesidades para lograr una mayor formalización y creación de oportunidades”.

Las razones del mal funcionamiento del mercado laboral

La Misión de Empleo destacó que las causas del mal funcionamiento del mercado laboral en Colombia son múltiples, profundas y complejas. 

“Esto implica que no hay una sola política individual responsable, por sí misma, de la situación actual. A su vez, implica que ningún cambio individual será suficiente para construir un mercado laboral satisfactorio en las dos dimensiones señaladas. Ante la complejidad del fenómeno, será necesario realizar cambios a varias instituciones y políticas. Y será necesario asegurar que dichos cambios sean congruentes entre sí y permitan avanzar en las dimensiones de bienestar social y crecimiento económico; o, al menos, avanzar en una, pero sin retroceder en la otra”, citó el grupo de trabajo en el texto.

A continuación, el informe destacó dos objetivos para mejorar el panorama del mercado laboral:

1. “Ampliar la protección social a todos los trabajadores y mejorar su eficacia, incrementar su capital humano, y fortalecer el cumplimiento de la Ley”.

2.  “Reducir los obstáculos emanados de la regulación laboral y de la protección social que inciden negativamente en el desempeño de las empresas y, por tanto, en la generación de empleos más estables, productivos y mejor remunerados”.

Al respecto, Lacouture señaló que “es urgente seguir en un trabajo tripartito en el que Gobierno, trabajadores y empresarios avancen en el diálogo y la acción para la reglamentación de nuevas formas de contratación laboral que faciliten la creación de más puestos de trabajo y el autoempleo, pero también que impulsen la formalización laboral e incrementen la competitividad laboral con talento humano pertinente, capacitado y acorde con las nuevas necesidades de las empresas”.

¿Dónde hay que hacer cambios?

En 1984, el Gobierno Nacional impulsó una Misión de Empleo similar a la actual. En ese entonces, se identificó la informalidad laboral, y especialmente la urbana, como un síntoma de los problemas del mercado laboral. Si bien se planteó que el crecimiento económico ayudaría a resolver esta problemática, esto no ocurrió. 

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“Más de tres décadas después, a pesar de que el ingreso per cápita promedio es casi el doble que en ese entonces y los años de escolaridad de la población casi 90% mayores, los niveles de informalidad laboral no difieren mucho de los apuntados en ese reporte”, reza el estudio.

Partiendo de la experiencia acumulada en la anterior Misión y de las investigaciones realizadas en las últimas décadas por los estudiosos del mercado laboral colombiano, la Misión de Empleo actual planteó como conclusión central de su estudio que “el país requiere un cambio profundo en materia de protección social y regulación laboral”.

Las recomendaciones

Entre las propuestas de la Misión de Empleo se destacan políticas específicas en materia de salud, pensión, cesantías y protección contra el empleo. Asimismo, se recomienda cambiar los mecanismos de financiación de la seguridad social, para lo cual se plantean rutas progresivas de implementación.

Para ello, destacó seis lineamientos generales, los cuales son:

1. Identificar los elementos de protección social y separar los que son intrínsecos a la relación entre el trabajador y la empresa, de aquellos que no lo son.

2. Determinar las fuentes de financiación de los componentes de protección social. Se plantea que los que estén dirigidos a todas las personas deben ser financiados con recursos de la tributación general, mientras que los de los trabajadores que no se encuentren vinculados a una empresa deben ser financiados con aportes individuales y los de los trabajadores que sí lo estén deben ser cubiertos con pagos proporcionales al salario realizados por la empresa donde laboran.

3. Diferenciar el papel del salario mínimo como piso y como umbral. En materia de piso se hace referencia a reconocer las características del trabajo rural y contemplar salarios diferenciados para los jóvenes. En cambio, en materia de umbral, se plantea desvincular las pensiones del salario mínimo e indexarlas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecer la figura de una pensión no contributiva como garantía de pensión mínima y desvincular el salario mínimo como umbral de los aportes de los trabajadores a las pensiones de retiro, seguros de invalidez y muerte.

Las propuestas de este lineamiento parten de que “la obligación de que el trabajador contribuya para su retiro con un porcentaje fijo de sus ingresos existe cuando se ocupa por cuenta propia y estos igualan o exceden un salario mínimo, pero no si son inferiores a ese umbral. Así, si sus ingresos son de 1 salario mínimo debe contribuir, pero no si son [inferiores]. Como los ingresos de los trabajadores varían por múltiples circunstancias a lo largo de su vida, la obligación de contribuir solo está presente durante parte del tiempo que trabajan”, citó el equipo en la publicación. 

En el caso de los trabajadores vinculados a una empresa, se parte de que la contribución en principio es compartida. “Sin embargo, esto solo ocurre si la empresa es suficientemente productiva para cubrir al menos un salario mínimo y los costos no salariales de la contratación, que son de alrededor de 50% del salario. Como la mayoría de las empresas en Colombia no tienen esa productividad, tienen incentivos a evadir su obligación con otras formas contractuales, o simplemente a evadir”, según el estudio.

Con la desvinculación del salario mínimo como piso y como umbral se incentivaría y abriría la posibilidad de que más trabajadores y personas coticen para su vejez, señaló la Misión.

4. Renovar los instrumentos de protección al cesante, entre los que se encuentra el seguro de desempleo. En este tema también se recomienda apostarle al uso eficaz de las cesantías y fijar una compensación automática de uno o dos meses de sueldo por despido, aún cuando exista causa justa. Lo anterior no implica cambiar las compensaciones existentes por causa injusta.

5. Renovar y fortalecer las instituciones de fiscalización e impartición de justicia laboral.

6. Reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recurso humano para asegurar que la fuerza de trabajo sea más atractiva para el sector productivo.

“En síntesis, las propuestas de la Misión representan un rediseño del marco jurídico del empleo y la protección social, con una asignación más funcional entre aquellos elementos de la protección social que sí deben estar asociados a la relación entre empresa y trabajador, y aquellos que no; y un diseño más eficaz de aquellos que sí lo están, incluyendo el de las instituciones asociadas. Un rediseño que fortalece la solidaridad social; que ofrece igual protección social a todos; y que facilita a las empresas crear empleos más productivos y mejor remunerados. Un rediseño que sin duda no resuelve todos los problemas; que es, más bien, el punto de partida para poder resolverlos”, destacó el informe.

Otros de los estudios publicados por la Misión de Empleo

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la Misión de Empleo desarrolló cinco estudios: 

  1. El rompecabezas de la protección social en un mercado laboral con alta informalidad: análisis de un siglo de reformas en Colombia. 
  2. Mercados laborales fragmentados y el sistema de protección social en Colombia.
  3. Cumplimiento de la regulación y conflictividad laboral en Colombia.
  4. Se buscan empleos de calidad: políticas activas y pasivas de empleo en Colombia.
  5. Ampliando las opciones en el mercado laboral: presente y futuro de la educación vocacional y técnica en Colombia.

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“Colombia requiere un cambio profundo en materia de protección social y regulación laboral”: Misión de Empleo

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De acuerdo con el último informe de Mercado Laboral, publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 30 de diciembre, la tasa de desempleo se ubicó en 10,8% en noviembre de 2021. Este porcentaje está 2,5 puntos porcentuales (pp) por debajo del nivel alcanzado durante el mismo mes de 2020, cuando se ubicó en 13,3%, pero 1,5 pp por encima del nivel registrado en el penúltimo mes de 2019, momento en el que fue de 9,3%.

En medio de este panorama, en el que el mercado laboral continúa sin recuperar los niveles previos a la pandemia, se conocieron los hallazgos de la Misión de Empleo, creada en julio de 2020 con el objetivo de estudiar la problemática del mercado laboral y de brindar recomendaciones para mejorar su funcionamiento.

El equipo de trabajo estuvo integrado por Francisco Alvarado (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Andrés Álvarez (Universidad de los Andes), Juan Camilo Chaparro (Universidad EAFIT), Carolina González (Banco Interamericano de Desarrollo), Santiago Levy (Brookings Institution), Marta Juanita Villaveces (Universidad Nacional de Colombia), Darío Maldonado (Universidad de los Andes), Marcela Meléndez (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Marcela Pantoja (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y Natalia Ramírez (Universidad de los Andes). 

La Misión de Empleo se centró en los siguientes aspectos: legislación laboral y de seguridad social, componentes de la protección social, programa de salud y pensiones, protecciones adicionales cuando los trabajadores se ocupan en empresas, cajas de compensación familiar, salario mínimo, fiscalización y acceso a la justicia laboral, adquisición de habilidades en el trabajo y capacitación laboral, participación laboral femenina, lecciones de la experiencia y Covid-19.

El mercado laboral colombiano funciona mal

El informe, que puede consultar en este enlace, encontró que el mercado laboral en Colombia funciona mal y constituye uno de los principales obstáculos en el camino hacia una sociedad más próspera  e incluyente.

El mal funcionamiento del mercado laboral se expresa en dos dimensiones. “[Primera], en la de bienestar social, ya que la mayoría de los trabajadores tienen condiciones laborales precarias, con pocas oportunidades de mejora, con ingresos bajos e inestables; y con cobertura errática o incompleta contra riesgos. Y, [segunda], en la de crecimiento económico, ya que el desempleo es persistentemente alto y la mayoría de los ocupados laboran por cuenta propia o en empresas muy pequeñas de baja productividad, situación que a su vez explica, en parte, por qué el crecimiento del país es inferior a su potencial”, destacó el documento.

Así, por ejemplo, uno de cada diez integrantes de la fuerza de trabajo está desempleado, seis de cada diez ocupados están en la informalidad y ocho de cada diez empresas tienen entre uno y tres trabajadores y no observan las regulaciones sobre salario mínimo y aportes a la seguridad social.

La directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, mostró su preocupación por los resultados del informe. Lacouture enfatizó en que, “de acuerdo con la Misión, Colombia cuenta con 7 millones de empresas formales e informales, donde el 97% de ellas tienen de 1 a 3 trabajadores y 81% son informales, lo que nos obliga a generar acciones para la formalización empresarial y del empleo con el propósito de reducir la pobreza, pero también promover un desarrollo económico sostenible del país. Es prioritario que podamos tener compromiso por parte del Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre estas necesidades para lograr una mayor formalización y creación de oportunidades”.

Las razones del mal funcionamiento del mercado laboral

La Misión de Empleo destacó que las causas del mal funcionamiento del mercado laboral en Colombia son múltiples, profundas y complejas. 

“Esto implica que no hay una sola política individual responsable, por sí misma, de la situación actual. A su vez, implica que ningún cambio individual será suficiente para construir un mercado laboral satisfactorio en las dos dimensiones señaladas. Ante la complejidad del fenómeno, será necesario realizar cambios a varias instituciones y políticas. Y será necesario asegurar que dichos cambios sean congruentes entre sí y permitan avanzar en las dimensiones de bienestar social y crecimiento económico; o, al menos, avanzar en una, pero sin retroceder en la otra”, citó el grupo de trabajo en el texto.

A continuación, el informe destacó dos objetivos para mejorar el panorama del mercado laboral:

1. “Ampliar la protección social a todos los trabajadores y mejorar su eficacia, incrementar su capital humano, y fortalecer el cumplimiento de la Ley”.

2.  “Reducir los obstáculos emanados de la regulación laboral y de la protección social que inciden negativamente en el desempeño de las empresas y, por tanto, en la generación de empleos más estables, productivos y mejor remunerados”.

Al respecto, Lacouture señaló que “es urgente seguir en un trabajo tripartito en el que Gobierno, trabajadores y empresarios avancen en el diálogo y la acción para la reglamentación de nuevas formas de contratación laboral que faciliten la creación de más puestos de trabajo y el autoempleo, pero también que impulsen la formalización laboral e incrementen la competitividad laboral con talento humano pertinente, capacitado y acorde con las nuevas necesidades de las empresas”.

¿Dónde hay que hacer cambios?

En 1984, el Gobierno Nacional impulsó una Misión de Empleo similar a la actual. En ese entonces, se identificó la informalidad laboral, y especialmente la urbana, como un síntoma de los problemas del mercado laboral. Si bien se planteó que el crecimiento económico ayudaría a resolver esta problemática, esto no ocurrió. 

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Las recomendaciones

Entre las propuestas de la Misión de Empleo se destacan políticas específicas en materia de salud, pensión, cesantías y protección contra el empleo. Asimismo, se recomienda cambiar los mecanismos de financiación de la seguridad social, para lo cual se plantean rutas progresivas de implementación.

Para ello, destacó seis lineamientos generales, los cuales son:

1. Identificar los elementos de protección social y separar los que son intrínsecos a la relación entre el trabajador y la empresa, de aquellos que no lo son.

2. Determinar las fuentes de financiación de los componentes de protección social. Se plantea que los que estén dirigidos a todas las personas deben ser financiados con recursos de la tributación general, mientras que los de los trabajadores que no se encuentren vinculados a una empresa deben ser financiados con aportes individuales y los de los trabajadores que sí lo estén deben ser cubiertos con pagos proporcionales al salario realizados por la empresa donde laboran.

3. Diferenciar el papel del salario mínimo como piso y como umbral. En materia de piso se hace referencia a reconocer las características del trabajo rural y contemplar salarios diferenciados para los jóvenes. En cambio, en materia de umbral, se plantea desvincular las pensiones del salario mínimo e indexarlas al Índice de Precios al Consumidor (IPC), establecer la figura de una pensión no contributiva como garantía de pensión mínima y desvincular el salario mínimo como umbral de los aportes de los trabajadores a las pensiones de retiro, seguros de invalidez y muerte.

Las propuestas de este lineamiento parten de que “la obligación de que el trabajador contribuya para su retiro con un porcentaje fijo de sus ingresos existe cuando se ocupa por cuenta propia y estos igualan o exceden un salario mínimo, pero no si son inferiores a ese umbral. Así, si sus ingresos son de 1 salario mínimo debe contribuir, pero no si son [inferiores]. Como los ingresos de los trabajadores varían por múltiples circunstancias a lo largo de su vida, la obligación de contribuir solo está presente durante parte del tiempo que trabajan”, citó el equipo en la publicación. 

En el caso de los trabajadores vinculados a una empresa, se parte de que la contribución en principio es compartida. “Sin embargo, esto solo ocurre si la empresa es suficientemente productiva para cubrir al menos un salario mínimo y los costos no salariales de la contratación, que son de alrededor de 50% del salario. Como la mayoría de las empresas en Colombia no tienen esa productividad, tienen incentivos a evadir su obligación con otras formas contractuales, o simplemente a evadir”, según el estudio.

Con la desvinculación del salario mínimo como piso y como umbral se incentivaría y abriría la posibilidad de que más trabajadores y personas coticen para su vejez, señaló la Misión.

4. Renovar los instrumentos de protección al cesante, entre los que se encuentra el seguro de desempleo. En este tema también se recomienda apostarle al uso eficaz de las cesantías y fijar una compensación automática de uno o dos meses de sueldo por despido, aún cuando exista causa justa. Lo anterior no implica cambiar las compensaciones existentes por causa injusta.

5. Renovar y fortalecer las instituciones de fiscalización e impartición de justicia laboral.

6. Reorganizar las instituciones de capacitación y formación de recurso humano para asegurar que la fuerza de trabajo sea más atractiva para el sector productivo.

“En síntesis, las propuestas de la Misión representan un rediseño del marco jurídico del empleo y la protección social, con una asignación más funcional entre aquellos elementos de la protección social que sí deben estar asociados a la relación entre empresa y trabajador, y aquellos que no; y un diseño más eficaz de aquellos que sí lo están, incluyendo el de las instituciones asociadas. Un rediseño que fortalece la solidaridad social; que ofrece igual protección social a todos; y que facilita a las empresas crear empleos más productivos y mejor remunerados. Un rediseño que sin duda no resuelve todos los problemas; que es, más bien, el punto de partida para poder resolverlos”, destacó el informe.

Otros de los estudios publicados por la Misión de Empleo

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  1. El rompecabezas de la protección social en un mercado laboral con alta informalidad: análisis de un siglo de reformas en Colombia. 
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