Contratos de vacunas contra el Covid-19: ¿la confidencialidad impide la transparencia?
Desde hace varios meses se viene presentando una disputa jurídica en torno a la publicación o no de los contratos suscritos entre Colombia y las farmacéuticas para la compra de vacunas contra el Covid-19. Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido el 11 de mayo de este año, le ordenó al Ejecutivo publicar los acuerdos de las negociaciones de los biológicos. Ante esto, la farmacéutica Janssen presentó una tutela con la que pretendía la anulación del fallo mencionado, la cual fue negada por el Consejo de Estado el pasado martes, 10 de agosto. Un nuevo episodio de esta controversia ocurrió en la noche del 10 de agosto de 2021, cuando se divulgaron por error, a través de la página del Consejo de Estado, algunos de los documentos firmados entre el Gobierno Nacional y las compañías proveedoras del biológico.
El anterior suceso, que será investigado por los entes de control, le permitió a la ciudadanía conocer algunos detalles de los contratos y llevó a que Camilo Enciso, director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, publicara en su cuenta de Twitter los que serían los precios que pagó Colombia por algunas vacunas contra el Covid-19. Según el tuit, se acordó un pago de US$12 por cada dosis de Pfizer y de US$6 por cada dosis de AstraZeneca.
Además, en la publicación que realizó Enciso se conoció que el Gobierno Nacional acordó la compra de 15.000.570 de dosis de Pfizer y de 9.984.000 de dosis de AstraZeneca, por lo que se presume que el país acordó un pago total a estas compañías de US$180 millones y US$59,9 millones, respectivamente.
Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), rechazó la divulgación de los acuerdos. Argumentó que se puso en riesgo al país, pues los contratos tienen una cláusula de confidencialidad y actualmente se está negociando «con las farmacéuticas para la que sería la tercera dosis o las dosis para el año 2022». Asimismo, el presidente Iván Duque dijo que la decisión de no publicar los contratos no se dio «ni por una necedad ni una terquedad, sino [que] ha sido una cláusula que han tenido las farmacéuticas con varios países».
El Gobierno Nacional adelantó, a través del Dapre, reuniones con las farmacéuticas para conocer sus reacciones tras la publicación de los contratos y explicarles lo sucedido. De acuerdo con declaraciones entregadas por Muñoz a medios de comunicación, el acuerdo con AstraZeneca no se afectó, mientras que Pfizer está consultando el asunto jurídico en Nueva York y no se ha pronunciado hasta el momento.
Johnattan García Ruiz, abogado de la Universidad de los Andes y magíster en Salud Pública con énfasis en Salud Global de la Universidad de Harvard, dijo en un hilo a través de su cuenta de Twitter que esta es una excelente noticia para la transparencia:
«Hay mucho pánico por el tema de los acuerdos de confidencialidad. Yo creo que hay más razones para estar tranquilos […] Los pactos de confidencialidad tienen excepciones cuando la información se hace pública por error o por terceros que no hacen parte del contrato. En diciembre, un ministro de Bélgica publicó sin querer en Twitter los precios negociados de las vacunas entre la Unión Europea y Pfizer. La noticia causó malestar, pero no pasó de ahí. No se anunciaron sanciones o cambio[s] en las entregas. En el caso colombiano, el gobierno no faltó a su deber de reservar la información. Entregó los contratos por orden judicial y fue el Consejo de Estado el que los reveló», señaló García.
Por su parte, César Moreno Romero, director General de Misión Salud, aseguró que al Consejo de Estado le corresponde adelantar las investigaciones correspondientes. «Con transparencia y rendición de cuentas no se da lugar a este tipo de entreveros institucionales y controversias. En bien de la vida, la salud y el bienestar de la población en Colombia, este episodio debe dejar la lección de lo ineludible de la transparencia para generar confianza y no propiciar suspicacias», señaló.
Además, Moreno rescató que ante lo sucedido con la publicación de estos documentos, y teniendo en cuenta las peticiones de algunas entidades y de la ciudadanía, «el Gobierno de Colombia, según su naturaleza constitucional y para estar a la altura de la dignidad de la sociedad a la cual sirve, debe en adelante indicar en el futuro en procesos contractuales a sus contrapartes que procederá con transparencia, con la que se beneficiarán la legitimidad de las acciones derivadas de esas contrataciones, en este caso, acceso a vacunas, y el prestigio reputacional de las instancias contratadas».
