Luego de crisis arrocera y denuncias por incumplimientos de la industria molinera, Dignidad Arrocera venderá arroz directamente en Bogotá
En plena crisis arrocera, organizaciones campesinas preparan una “Arrozatón” en Bogotá para ofrecer arroz directo del campo, buscando mitigar las pérdidas y presionar el cumplimiento de los acuerdos por parte de la industria molinera.
La reciente crisis arrocera en Colombia ha desencadenado una serie de acciones y reclamos por parte de organizaciones campesinas que acusan a la gran industria molinera de incumplir los acuerdos firmados tras el paro arrocero de 2025.
Arrozatón como medida de mitigación ante una crisis arrocera
Como medida de presión y para buscar alternativas de comercialización, Dignidad Agropecuaria anunció que este 13 y 14 de septiembre realizará una venta masiva de arroz directamente en Bogotá, en distintos puntos de la ciudad.
Este evento, denominado la “Arrozatón”, busca que los consumidores compren arroz fresco a precios directos del productor, en medio del descontento por lo que califican como prácticas abusivas y el incumplimiento de la Resolución 241 de 2025 por parte de la gran molinería, con aval del Ministerio de Agricultura y de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
La venta directa anunciada en Bogotá se da como una respuesta temporal, mientras las organizaciones definen nuevas acciones y buscan alternativas que mitiguen los efectos de una crisis que, por ahora, no tiene una solución clara.
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Venta directa tras incumplimientos denunciados
Dignidad Agropecuaria afirma que, tras el paro arrocero y los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, la gran industria molinera, que concentra más del 60% de la compra y trilla del grano y el 85% de su comercialización, habría implementado mecanismos para evadir el cumplimiento de la Resolución 241.
Según esta organización, luego del acuerdo con los manifestantes el sector molinero adoptó varias medidas contrarias a la Resolución, como las siguientes:
- Suspender temporalmente la compra de arroz, generando pánico e incertidumbre en el mercado.
- Negarse a comprar arroz paddy verde y ofrecer únicamente servicios de secado y almacenamiento.
- Eliminar los anticipos económicos al momento de recibir el arroz, dejando a los productores sin liquidez para cubrir gastos inmediatos.
Según Dignidad Agropecuaria, estas decisiones forzaron a los productores a aceptar un “acuerdo” impulsado por Fedearroz, Induarroz y la ANDI, que contemplaba rebajar el precio de compra definido en la Resolución 241. Este pacto fue avalado por el Ministerio de Agricultura, pese a que contradecía los compromisos adquiridos con el Comité Nacional de Paro Arrocero.
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Acuerdo de la Industria desmejoró lo pactado a raíz del paro arrocero
La crisis arrocera se profundizó en agosto de este año cuando la SIC expidió la Resolución 65722 de 2025, que autorizó el llamado “Acuerdo de la Industria”, en el marco de la Ley 155 de 1959 y el Decreto 092 de 2022.
Esta autorización, respaldada por el concepto favorable del Ministerio de Agricultura, le permitió a la gran industria molinera pagar el arroz paddy seco con rebajas de entre el 10% y el 16% con respecto al precio fijado en la Resolución 241.
Dignidad Agropecuaria sostiene que esta medida legalizó prácticas que vulneran los acuerdos alcanzados tras el paro y favorece el oligopolio de la gran industria molinera, debilitando los ingresos de miles de familias productoras. En algunas regiones, asegura, los precios de compra resultaron incluso inferiores a los que se pagaban antes de las movilizaciones.
Las organizaciones de productores acusan al Gobierno de haber cedido ante las presiones de este sector empresarial y de actuar de forma inconsecuente con las resoluciones que había emitido previamente, lo que ha generado mayor incertidumbre en el sector.
Acciones anunciadas por Dignidad Agropecuaria
Frente a la situación actual, Dignidad Agropecuaria anunció una serie de medidas con el objetivo de revertir los efectos de la crisis arrocera y presionar por el cumplimiento de los acuerdos:
- La realización de reuniones regionales para definir nuevas acciones de movilización.
- Interposición de demandas de nulidad contra la Resolución 65722 de la SIC.
- Denuncias públicas sobre lo que consideran prácticas abusivas y violatorias de los compromisos pactados.
Además, la organización reiteró que el Ministerio de Agricultura y la SIC avalaron un modelo de comercialización que favorece a la gran molinería y que coloca a los productores en una posición de dependencia, sin opciones reales de negociación.
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