El informe de la Contraloría sobre estados financieros de las EPS refleja la profundización de la crisis de la salud en el gobierno de Gustavo Petro. Muestra que las EPS intervenidas no mejoran y  que el discurso presidencial no explica objetivamente los problemas que sufren los usuarios. 

Crisis de la salud en Colombia: un discurso deshilvanado y cuentas “al ojo” mientras millones de afiliados al sistema de salud siguen sin soluciones

El informe de la Contraloría General no corrobora las cifras del presidente Gustavo Petro sobre la crisis de la salud en Colombia. El mandatario afirmó que la deuda de las EPS supera los 100 billones de pesos, pero el informe oficial reporta 32,9 billones a diciembre de 2024. El documento también alerta sobre el deterioro de las EPS intervenidas, la grave situación de la Nueva EPS y el aumento de quejas sin respuesta, mientras el gobierno usa la reforma a la salud como bandera para hacer campaña electoral.

En la deshilvanada alocución presidencial de la noche del 15 de julio sobre Crisis de la salud en Colombia, en la que hizo su propia interpretación del reciente informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las EPS, Gustavo Petro dejó claro que su interés no es dar soluciones inmediatas a la crisis que su propio gobierno ha profundizado.

Petro hizo un cálculo “al ojo”, incluyendo supuestos ajustes por desvalorización del peso y la deuda histórica desde 1993, la cual, según él, ha sido “borrada” por contadores que no son economistas. El contralor Carlos Hernando Rodríguez tuvo que precisar que las cifras del mandatario no pueden respaldarse con los datos oficiales.

Quejas en aumento y riesgos para la salud de los colombianos

El informe documenta un incremento continuo en las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR): de 1.308.706 en 2023 a 1.614.622 en 2024, un aumento del 13%. De estas, el 63,75% no recibió respuesta puntual. El 60,24% de las tutelas concedidas en 2024 correspondieron a medicamentos, insumos o servicios que ya están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, lo que debería ser garantizado sin intervención judicial.

La CGR afirma que esto “refleja la inconformidad de los usuarios, la falta de planes de acción por parte de las EPS para reducir las reclamaciones y la falta de vigilancia e imposición de medidas correctivas y sanciones”.

El 91% de las PQR se relaciona con barreras de acceso a tecnologías y servicios de salud. Las negaciones de citas o consultas representaron el 18,09% de las PQR y la demora en la asignación el 16,27%. Respecto a medicamentos, la negación y falta de oportunidad en la entrega alcanzaron el 20,64%, incluyendo aquellos cubiertos con recursos de la UPC. Esta situación, advierte el informe, “pone en riesgo la morbimortalidad de los colombianos”.

Gran número de quejas no se registran

La inmensa mayoría de las quejas provienen de afiliados del régimen contributivo en las grandes ciudades. No hay más denuncias porque los sectores más vulnerables no tienen medios para hacerlas. La Contraloría concluye que existen “desventajas estructurales que enfrentan los afiliados del régimen subsidiado, particularmente aquellos ubicados en zonas rurales y dispersas del país”, quienes sufren limitaciones de conectividad, geográficas, menor presencia institucional y condiciones de vulnerabilidad social que les impiden usar los canales de denuncia.

EPS intervenidas: un fracaso financiero que se agrava cada día

Petro no mencionó la crítica situación de las 9 EPS intervenidas por su gobierno, que afilian a 29.536.614 colombianos, el 56,65% de la población. El informe de la Contraloría señala que estas intervenciones no han logrado mejorar sus condiciones financieras ni técnico-científicas. Siguen sin cumplir requisitos de capital mínimo, patrimonio adecuado e inversión de reservas técnicas.

El ministro de Salud reconoció hace unas semanas que estas EPS están “en cuidados intensivos”, probablemente mientras se liquidan y se aprueba la reforma. Además de la deuda de casi 33 billones, 16 EPS tienen problemas de liquidez: no cuentan con activos corrientes suficientes para atender obligaciones inmediatas.

Esta situación “compromete el pago oportuno de los servicios de salud tanto para las IPS como para los proveedores de medicamentos y de dispositivos médicos o tecnologías en salud de la red prestadora de las EPS”. Dicho en términos simples: la situación cada día va a ser peor.

Nueva EPS: patrimonio negativo y pagos sin control

Petro evitó hablar de la Nueva EPS, la entidad más grande del país, con más de 11,5 millones de afiliados e intervenida desde el 3 de abril de 2024. La Contraloría alerta que no tiene estados financieros certificados ni dictaminados en firme para 2023 y 2024, lo que impide una evaluación clara de su gestión fiscal. Se trata de una falla administrativa que no tiene excusa en una entidad que presenta patrimonio negativo y alto riesgo de insolvencia.

El informe agrega que la modalidad de “pagos anticipados” alcanzó 15,5 billones en 2024, de los cuales 8,7 billones seguían pendientes de legalizar en febrero de 2025. La Contraloría advierte que esta práctica “representa riesgos fiscales significativos para el SGSSS” y puede facilitar prácticas de elusión de obligaciones contractuales, concentración de recursos en prestadores sin capacidad operativa demostrada y mayores dificultades para recuperar recursos en casos de incumplimiento”.

La reforma como bandera electoral

Petro descarga toda la responsabilidad de la crisis en las EPS y en el modelo de la Ley 100. Conjuntamente con la exministra Carolina Corcho plantean como única alternativa la aprobación de su reforma a la salud en la legislatura que comenzó el 20 de julio. En la última diapositiva presentada por el presidente se lee: “El informe de la Contraloría ratifica la necesidad de la reforma a la salud”.

En eso hay consenso: durante 30 años las EPS han estado en el centro de los problemas, tal como lo denunció Jorge Enrique Robledo en sus debates en el Senado de la República sobre SaludCoop y Medimás. Pero mientras se discute, se aprueba y entra en vigor una nueva ley, los colombianos sufren, se enferman y mueren sin que el gobierno Petro presente soluciones inmediatas.

La crisis de la salud en Colombia empeora a diario. El piloto del nuevo modelo de salud impuesto a los maestros es un fracaso. El informe de la Contraloría muestra un sistema colapsado, intervenido sin resultados y con prácticas financieras cuestionadas, mientras el presidente mantiene la reforma a la salud como bandera electoral.

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