Crisis del Fomag: el sistema improvisado que hoy tiene a ministros en juicio y a miles de maestros sin atención
La Procuraduría abrió juicio disciplinario contra ministros, exministros, directivos de la Fiduprevisora y representantes de Fecode por implementar un modelo de salud que ha llevado a la crisis del Fomag. Hoy los maestros enfrentan barreras de acceso, falta de medicamentos y miles de quejas sin respuesta.
La crisis del Fomag dejó de ser una alerta técnica para convertirse en un problema institucional de alto impacto. La Procuraduría General de la Nación decidió llevar a juicio disciplinario a altos funcionarios del Gobierno, exministros, directivos de la Fiduprevisora y representantes del magisterio, al concluir que el nuevo modelo de salud fue implementado de forma improvisada, sin planeación suficiente y pese a advertencias explícitas.
Desde el 1 de mayo de 2024, cuando entró en operación el nuevo esquema de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, miles de docentes comenzaron a reportar fallas graves en el acceso a servicios médicos y medicamentos. Lo que se presentó como una transformación estructural terminó traduciéndose en una crisis operativa con consecuencias directas para los maestros y sus familias.
Crisis del Fomag: la Procuraduría abre juicio disciplinario
El punto de quiebre de la crisis del Fomag es el juicio disciplinario abierto por la Procuraduría contra nueve funcionarios y exfuncionarios. Entre los investigados están el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; los exministros Aurora Vergara, Ricardo Bonilla y Gloria Inés Ramírez; directivos de la Fiduprevisora; y representantes de Fecode que integran el Consejo Directivo del Fomag.
Para la Procuraduría, el nuevo modelo fue aprobado y puesto en marcha sin garantizar condiciones mínimas de continuidad, oportunidad y eficiencia en la atención. La decisión de avanzar, pese a alertas previas sobre la falta de preparación del sistema, es uno de los elementos más graves del expediente.
De comprobarse las faltas, los implicados podrían enfrentar sanciones que incluyen destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
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Fomag y Fiduprevisora: decisiones tomadas contra el tiempo
Una de las claves para entender la crisis del Fomag está en la forma como se estructuró el modelo. La Procuraduría estableció que el manual de contratación fue aprobado apenas dos días antes del inicio del sistema, entre el 25 y el 26 de abril de 2024.
La contratación de la red de prestadores también se realizó de manera precipitada. La red nacional de IPS fue avalada el 28 de abril y, al día siguiente, la Fiduprevisora suscribió 1.489 acuerdos de voluntades, apenas 24 horas antes de la entrada en operación del nuevo modelo.
No hubo negociación previa de tarifas ni definición clara de condiciones técnicas. Para la Procuraduría, no se trató de retrasos aislados, sino de una falta estructural de planeación que dejó al sistema sin bases sólidas desde su inicio.
Modelo de salud del magisterio: servicios sin control y costos elevados
Otro elemento central de la crisis del Fomag fue la improvisación operativa. Durante las primeras semanas se permitió la prestación de servicios y la entrega de medicamentos sin autorización previa, bajo esquemas de pago por evento.
Además, una circular expedida en mayo autorizó a las IPS a facturar a tarifa SOAT plena durante el periodo de transición, lo que pudo elevar significativamente los costos del sistema. La investigación también identificó falta de claridad sobre quién debía girar los recursos y quién debía auditar las cuentas médicas.
A esto se sumó la exclusión de la ADRES. Aunque inicialmente se contempló su participación, un oficio posterior confirmó que no tuvo ninguna intervención en el nuevo modelo, por decisión del Consejo Directivo del Fomag tomada días antes de su implementación.
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Docentes sin medicamentos: el impacto directo de la crisis del Fomag
El rostro más grave de la crisis del Fomag es el que enfrentaron los docentes. Entre el 1 y el 19 de mayo de 2024, la Superintendencia de Salud recibió 3.712 reclamaciones relacionadas con la atención del magisterio.
A corte del 19 de mayo, el 78,74 % de esas quejas seguían sin respuesta. Los reclamos incluían barreras de acceso para pacientes con cáncer, enfermedades renales y casos clasificados con riesgo vital.
En los dispensarios, la escena se repitió en distintas regiones del país: largas filas, medicamentos agotados, promesas de entrega a domicilio incumplidas y docentes obligados a comprar de su bolsillo tratamientos esenciales. Para quienes padecen enfermedades crónicas o huérfanas, la situación se volvió insostenible.
Advertencias ignoradas y cadena de responsabilidades
La crisis del Fomag también dejó en evidencia una cadena clara de responsabilidades. En el nivel estratégico están los miembros del Consejo Directivo del Fomag, incluidos exministros y representantes de Fecode, que aprobaron el modelo sin garantizar su viabilidad operativa.
En el nivel técnico aparece el Ministerio de Salud, encargado de brindar asistencia para la implementación. En el nivel operativo, la Fiduprevisora, responsable de ejecutar el sistema y administrar los recursos. La vigilancia recaía en la Superintendencia de Salud, aunque el proceso disciplinario contra su entonces titular fue archivado.
El sistema se rige por la Ley 91 de 1989, que asigna funciones precisas a cada actor. Para la Procuraduría, esas competencias no fueron ejercidas con la diligencia debida.
Más allá de las sanciones que se definan, el mensaje institucional es claro: la crisis del Fomag no fue producto de errores aislados, sino de un sistema improvisado, advertido y mal ejecutado, cuyas consecuencias siguen pagando miles de maestros en Colombia.
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