Crisis en Ecopetrol: se tambalea la credibilidad global de la empresa que financia el 15% del Estado
Crisis en Ecopetrol por escándalos de Ricardo Roa. Presiones políticas e injerencias del Gobierno sacuden a la petrolera y alertan a inversionistas internacionales.
Hay crisis en Ecopetrol. Al frente de la tormenta está su presidente, Ricardo Roa Barragán, quien no solo enfrenta cuestionamientos por su gestión al interior de la compañía, sino también graves señalamientos por su papel como exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
A estos se suman denuncias por injerencia indebida de su pareja, presuntas interceptaciones ilegales dentro de la compañía y un creciente desbalance entre las decisiones técnicas y los intereses políticos del Gobierno.
Todo esto ocurre mientras el Ejecutivo toma medidas abruptas que afectan las operaciones internacionales y la estrategia energética de largo plazo de Ecopetrol, minando la confianza de inversionistas y socios globales.
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Crisis en Ecopetrol: Interceptaciones y renuncia en la junta directiva
El último escándalo tiene que ver con la revelación de una orden para retener técnicamente (legal hold) las comunicaciones de más de 70 altos ejecutivos de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva. Aunque oficialmente se trató de una medida de cumplimiento legal interna, varias fuentes al interior de la entidad consideran que esto equivale a una interceptación encubierta.
El contrato relacionado con la crisis en Ecopetrol habría sido inflado por cerca de 5 millones de dólares con la firma Covington & Burling LLP para incluir esta función.
Según allegados, este hecho fue el detonante de la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva, lo que expuso una fractura interna cada vez más profunda. Aunque De Greiff elogió públicamente la gestión de Roa en su carta de renuncia, su salida coincide con un fuerte inconformismo y molestia por las prácticas actuales dentro de la empresa.
Cuestionamientos como gerente de la campaña de Petro
La Procuraduría General de la Nación ha pedido al Consejo Nacional Electoral sancionar a Roa por presuntas violaciones a los topes de financiación en la campaña presidencial de 2022. Según el ente de control, la campaña electoral habría sobrepasado los topes en más de $5.355 millones.
A esto se suman otras denuncias en prensa sobre contratos firmados por Ecopetrol para estudiar el posible impacto reputacional de estas investigaciones. La idoneidad de Roa ha sido puesta en duda por múltiples voces que argumentan que, dada la naturaleza pública y estratégica de Ecopetrol, su liderazgo exige experiencia técnica y una buena reputación.
Presunta injerencia de su pareja en decisiones corporativas
Diversas fuentes han denunciado parte de la crisis en Ecopetrol se debe, a su vez, a la participación indebida de Julián Caicedo Cano, pareja de Roa, en la toma de decisiones internas de la empresa. Desde la supuesta creación de cargos para acomodar a su sobrino, hasta reuniones con la vicepresidencia de Recursos Humanos para revisar hojas de vida.
Caicedo también enfrenta una investigación de la Procuraduría por contratos firmados con una universidad mientras trabajaba en Invías. Aunque Roa ha negado cualquier influencia de su pareja, las denuncias han alimentado una creciente percepción de captura de la empresa por intereses personales y políticos.
En jaque la confianza internacional
Ecopetrol, la empresa pública más grande y estratégica de Colombia, atraviesa una crisis de gobernabilidad que va más allá del ruido político local. La situación comienza a generar inquietud en los mercados internacionales.
Las recientes polémicas, causados por cuestionamientos éticos sobre el presidente Ricardo Roa hasta el escándalo de interceptaciones y la renuncia de miembros clave de la junta directiva, están erosionando la percepción de Ecopetrol como un actor sólido y confiable para inversionistas y socios globales.
Este deterioro reputacional, que agudiza la crisis en Ecopetrol, se ha visto agravado por ciertas decisiones del gobierno, que han alterado el rumbo estratégico de la empresa, y que generan preocupación sobre la estabilidad económica del país. En 2024, el presidente Gustavo Petro desautorizó a la junta directiva de la compañía y frenó unilateralmente el llamado “Proyecto Oslo”, una iniciativa para producir petróleo y gas en la cuenca del Permian Basin, en Estados Unidos.
Meses después, en febrero de 2025, el mandatario ordenó la cancelación definitiva de la alianza estratégica entre Ecopetrol y Occidental Petroleum (Oxy), una operación clave que ya aportaba alrededor del 12% de la producción total de la petrolera colombiana y que proyectaba alcanzar los 90.000 barriles diarios.
La decisión, sustentada en motivos ambientales y en la oposición del Gobierno al fracking, sorprendió a los mercados e incrementó las dudas sobre la viabilidad financiera de la empresa. Estas decisiones también han impactado la manera en la que se ha desarrollado la crisis en Ecopetrol en las últimas semanas.
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La política de hidrocarburos de Petro ha sido objeto de críticas constantes por parte de expertos, exministros y de los accionistas minoritarios de Ecopetrol. Desde hace meses vienen advirtiendo sobre las repercusiones negativas de la política de hidrocarburos del gobierno Petro.
Los inversionistas han expresado su preocupación por la negativa sistemática del Ejecutivo a firmar nuevos contratos petroleros y gasíferos, lo cual, según argumentan, pone en riesgo la soberanía energética del país y la estabilidad fiscal de mediano plazo. Además, estas medidas contienen un agravante si se considera que los aportes de Ecopetrol representan hasta el 15% del presupuesto nacional.
El impacto en la calificación de riesgo y la confianza de inversionistas extranjeros podría encarecer el acceso a financiamiento para la empresa, ralentizar proyectos estratégicos, y complicar las alianzas con nuevos socios internacionales. Estos factores han alimentado la sensación de crisis en Ecopetrol, dejando a sus inversionistas con una sensación de incertidumbre con respecto al futuro de la empresa.
La combinación de tensiones políticas, escándalos internos y decisiones abruptas desde el Ejecutivo no solo generan un choque entre intereses técnicos y políticos, sino que también comprometen la imagen de Ecopetrol en los mercados globales y ponen en riesgo la estabilidad económica de Colombia en el mediano plazo.
¿Un «enroque» para apaciguar la crisis?
Frente a las crecientes presiones, ha tomado fuerza la hipótesis de un «enroque» político: que Ricardo Roa deje la presidencia de la empresa para asumir el Ministerio de Minas y Energía, mientras que el actual ministro, Edwin Palma, pasaría a liderar la empresa. Desde el gobierno, se piensa que esta sería una manera de superar la crisis en Ecopetrol.
Sin embargo, el eventual nombramiento de Palma en Ecopetrol estaría sujeto a una revisión jurídica, ya que podría estar inhabilitado.
