Decreto 1191 de 2025: el riesgo que amenaza la seguridad jurídica y la inversión en 2026
El Decreto 1191 de 2025 reabre un debate de fondo sobre propiedad, justicia y confianza institucional. Sus efectos podrían sentirse con más fuerza hacia 2026.
El Decreto 1191 de 2025, expedido por el Gobierno nacional para regular la disposición de bienes asociados al Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), no solo generó controversia jurídica inmediata. También abrió un debate estructural sobre seguridad jurídica, separación de poderes, sostenibilidad de la política de reparación y clima de inversión en Colombia.
Aunque hoy el foco está puesto en la demanda de nulidad y en su legalidad, las verdaderas consecuencias podrían materializarse hacia 2026. Más allá del litigio puntual, el Decreto 1191 de 2025 plantea interrogantes que trascienden el corto plazo.
La forma en que el Estado decide administrar y disponer bienes vinculados a procesos de justicia transicional envía señales claras sobre el respeto al debido proceso, la estabilidad normativa y las reglas de juego para ciudadanos, empresas e inversionistas.
¿Qué cambia el Decreto 1191 de 2025 en la práctica?
El núcleo del Decreto 1191 de 2025 está en la facultad que otorga a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para transferir el dominio de bienes que solo cuentan con medidas cautelares, sin que exista una sentencia judicial definitiva.
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Esto supone un giro relevante frente al diseño institucional tradicional. En Colombia, la afectación del derecho de propiedad y la extinción de dominio han estado reservadas a decisiones judiciales. El decreto introduce un mecanismo administrativo que adelanta efectos propios de una sentencia, bajo el argumento de agilizar recursos para la reparación a víctimas.
Seguridad jurídica y separación de poderes en tensión
Uno de los principales cuestionamientos al Decreto 1191 de 2025 es la tensión que genera entre la administración pública y la función judicial. Al permitir que una entidad administrativa disponga de bienes sin fallo judicial, se debilita la frontera entre poderes que ha sido central en el Estado de derecho colombiano.
Hacia 2026, si este esquema se mantiene o produce efectos prolongados mientras se define su legalidad, el riesgo es la consolidación de un precedente de “administrativización” de decisiones que históricamente han estado en cabeza de los jueces. Esto no es un debate menor: afecta la previsibilidad del sistema jurídico y la confianza en la cosa juzgada constitucional.
La reproducción de mecanismos similares a otros ya declarados inexequibles refuerza la percepción de inestabilidad normativa. En un país con altos niveles de litigiosidad, este tipo de señales tienden a traducirse en más demandas, más incertidumbre y mayores costos institucionales.
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Impactos económicos e inversión hacia 2026
El Decreto 1191 de 2025 también tiene implicaciones económicas claras. La inseguridad jurídica sobre la propiedad de los bienes es uno de los factores que más inciden en las decisiones de inversión, especialmente en sectores intensivos en activos físicos.
Sectores productivos más expuestos
Actividades como el sector forestal, agroindustrial y extractivo dependen de horizontes de inversión de mediano y largo plazo. La posibilidad de que un activo sea transferido al FRV sin una sentencia definitiva ni indemnización plena introduce un riesgo que los agentes económicos incorporan en sus cálculos.
De cara a 2026, esto podría reflejarse en:
- Mayores primas de riesgo.
- Postergación de proyectos productivos.
- Menor inversión nacional y extranjera.
- Estrategias empresariales más defensivas.
Desde una perspectiva de economía política, el debate no se reduce a la protección de intereses privados. La inversión productiva es una condición necesaria para generar empleo, recaudo fiscal y recursos públicos que también financian políticas de reparación y reducción de desigualdades.
Reparación a víctimas y sostenibilidad del sistema
El objetivo del Decreto 1191 de 2025 (fortalecer el Fondo para la Reparación de las Víctimas) es legítimo. Sin embargo, los medios utilizados para alcanzarlo plantean una paradoja profunda.
Si hacia 2026 se consolida un esquema de disposición temprana de bienes sin garantías judiciales robustas, existe el riesgo de que las reparaciones se sustenten sobre actos jurídicamente frágiles. Esto podría abrir la puerta a reclamaciones posteriores, anulaciones o indemnizaciones que terminen afectando la sostenibilidad financiera del propio sistema de reparación.
En ese escenario, una política diseñada para acelerar la reparación podría generar nuevos pasivos para el Estado, comprometiendo su viabilidad a mediano plazo.
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Impactos diferenciados por género y territorio
El análisis del Decreto 1191 de 2025 no puede ser neutro en términos sociales. La experiencia de la política de reparación en Colombia muestra que las mujeres víctimas, en especial rurales, campesinas y pertenecientes a comunidades étnicas enfrentan mayores barreras para acceder a la justicia y a la restitución efectiva de derechos.
Un modelo que debilita las garantías judiciales tiende a afectar con mayor fuerza a quienes tienen menos recursos para litigar, informarse o defender sus derechos patrimoniales. Hacia 2026, esto podría profundizar brechas territoriales y de género, reproduciendo desigualdades estructurales que la justicia transicional busca precisamente corregir.
Los escenarios posibles si el decreto se mantiene o cae
El futuro del Decreto 1191 de 2025 será una señal política e institucional. Si la nulidad prospera, se reafirmará el principio de límites claros a la potestad reglamentaria y la centralidad del control constitucional. También podría abrirse la puerta a una reforma más estructural del sistema de administración de bienes, alineada con estándares constitucionales.
Si, por el contrario, el decreto se mantiene o se reproduce bajo nuevas formas, el mensaje hacia 2026 podría ser el de una flexibilización peligrosa de las garantías de propiedad y del debido proceso. En un país que busca consolidar la paz y fortalecer la confianza institucional, ese precedente no es marginal.
Las decisiones que se tomen alrededor del Decreto 1191 de 2025 ayudarán a definir qué tipo de Estado y de economía se proyecta para los próximos años: uno basado en reglas claras y sostenibles, o uno marcado por soluciones de corto plazo con altos costos futuros.
