miércoles, enero 26, 2022
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¿Del Impuesto al Carbón al carbón importado?

Gremios se oponen al Impuesto del Carbón por sus impactos negativos en la industria nacional, su contribución mínima al recaudo y su ineficacia en la reducción de la huella de carbono.

En la propuesta de Reforma Tributaria se incluyó el carbón dentro de los combustibles gravados con los llamados Impuestos Verdes. Con esta medida, argumenta el Gobierno, se reduciría la contaminación, se incentivaría el uso de energías renovables y se cumplirían los compromisos asumidos por el país en materia de sostenibilidad y Transición Energética.

En un comunicado intergremial, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), la Asociación Nacional de Industrias Plásticas (Acoplásticos) y la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) expresaron su preocupación por el impacto de esta medida sobre la competitividad de la industria nacional.

De acuerdo con sus estimaciones, el impuesto al carbón aumentaría casi en un 30% los costos de producción ($45.000 por tonelada de carbón), lo que impactaría negativamente subsectores industriales como siderurgia, cemento, ferro níquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras, textiles, alimentos y bebidas, entre otros. “La experiencia internacional demuestra que la implementación de impuestos al carbono que gravan los energéticos sin mecanismos de gradualidad y sin tener en cuenta la exposición del país a mercados internacionales, donde no existen estos tributos, genera desplazamiento del sector industrial y pérdida de empleo”, afirmaron en el comunicado.

Según Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, “los industriales y los consumidores de energía no nos oponemos a la reducción del consumo del carbón ni a la migración hacia energías limpias, pero sí creemos que este Impuesto tiene más perjuicios que beneficios”.

Uno de los problemas de esta propuesta, a su juicio, es que pretende gravar la compra de carbón y no las emisiones de CO2. Esto incrementaría el costo no solo de este combustible, sino de la generación de energía eléctrica en el país, pues, según Fonseca, “del carbón dependen los precios del mercado energético. Las hidroeléctricas, por ejemplo, se refieren a este para establecer sus costos en la bolsa y en los contratos de energía”.

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Las implicaciones del impuesto podrían ser muy negativas, de acuerdo con la directora de Asoenergía, pues los usuarios finales de la energía (industrias y hogares) tendrían que asumir el incremento en los precios, precisamente en un año en el que varios sectores hacen esfuerzos por reactivarse económicamente. De hecho, según Fonseca, es probable que el aumento en el precio del carbón nacional obligue a varias empresas a importarlo de países en los que resulta más barato, como Canadá y Estados Unidos. “Esto, para el objetivo de reducir el impacto ambiental, sería contraproducente, pues el carbón de Colombia es uno delos más eficientes y de los que menos contaminan”, afirmó.

Adicionalmente, para Fonseca, la inclusión del gravamen supone un incremento mínimo en el recaudo fiscal: “el aumento en los precios de la energía, sea térmica, eólica o hidráulica, beneficiará a los generadores pero no al Gobierno”, puntualizó. En esto coincide Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg. Según sus estimaciones, el incremento en las tarifas sería de 1.3 billones de pesos anuales y de dicha cifra sólo250.000 millones de pesos entrarían al recaudo por concepto de impuestos.

En conclusión, afirmó Fonseca, la propuesta del impuesto al Carbón no sería efectiva en la disminución del impacto medioambiental ni en el aumento del recaudo, pero sí socavaría la industria nacional.

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De acuerdo con sus estimaciones, el impuesto al carbón aumentaría casi en un 30% los costos de producción ($45.000 por tonelada de carbón), lo que impactaría negativamente subsectores industriales como siderurgia, cemento, ferro níquel, papel, productos cerámicos, vidrio, fibras, textiles, alimentos y bebidas, entre otros. “La experiencia internacional demuestra que la implementación de impuestos al carbono que gravan los energéticos sin mecanismos de gradualidad y sin tener en cuenta la exposición del país a mercados internacionales, donde no existen estos tributos, genera desplazamiento del sector industrial y pérdida de empleo”, afirmaron en el comunicado.

Según Sandra Fonseca, directora ejecutiva de Asoenergía, “los industriales y los consumidores de energía no nos oponemos a la reducción del consumo del carbón ni a la migración hacia energías limpias, pero sí creemos que este Impuesto tiene más perjuicios que beneficios”.

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Adicionalmente, para Fonseca, la inclusión del gravamen supone un incremento mínimo en el recaudo fiscal: “el aumento en los precios de la energía, sea térmica, eólica o hidráulica, beneficiará a los generadores pero no al Gobierno”, puntualizó. En esto coincide Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg. Según sus estimaciones, el incremento en las tarifas sería de 1.3 billones de pesos anuales y de dicha cifra sólo250.000 millones de pesos entrarían al recaudo por concepto de impuestos.

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