Colombia enfrenta 12 demandas por inversión extranjera activas en el CIADI
Colombia enfrenta controversias en el CIADI por demandas en el marco de la inversión extranjera.
Colombia ha recibido un total de 24 demandas ante el CIADI desde que se adhirió al convenio del centro en 1993. Estas demandas han sido presentadas en el marco de tratados de inversión extranjera, por inversionistas que han considerado que sus derechos fueron vulnerados por decisiones o actos del Estado colombiano relacionados con inversiones en el país.
El caso más reciente es el de la compañía Zijin – Continental Gold, la cual opera la mina de oro Buriticá en el departamento de Antioquia, Colombia.
En 2023, la mina sufrió un ataque del Clan del Golfo, que resultó en la muerte de dos personas y más de una decena de heridos, incluyendo policías. La empresa alega que grupos armados han tomado posesión ilegal de varias áreas de trabajo subterráneo en la mina, utilizando métodos violentos contra sus trabajadores.
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Demandas ante el CIADI por inversión extranjera en Colombia
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es un organismo del Banco Mundial creado en 1966 mediante el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Su función principal es administrar procedimientos de arbitraje y conciliación para resolver disputas en la inversión extranjera entre inversionistas y Estados.
Colombia se adhirió al CIADI en el año 1993, cuando el Congreso aprobó la Ley 267 de 1996, mediante la cual el país ratificó el convenio y se convirtió en miembro pleno de la organización. Desde entonces, el Estado colombiano ha participado en varias controversias de inversión bajo este mecanismo, generalmente relacionadas con disputas por contratos de concesión, regulaciones en sectores estratégicos y conflictos derivados de acuerdos de protección de inversiones.
Las disputas han abordado diversos sectores, incluyendo minería, energía, infraestructuras y telecomunicaciones, entre otros.
La empresa que más ha demandado a Colombia es la minera suiza Glencore. La cual ha presentado cuatro demandas ante el CIADI por su inversión extranjera en Colombia.
Casos pendientes
Actualmente cursan en contra del Estado colombiano 12 casos de disputas por inversión extranjera. En total, las pretensiones de los casos en los cuales se conocen suman cerca de USD 4.700 millones.
Dentro de las demandas ante el CIADI que actualmente enfrenta el Estado colombiano se encuentran casos como el de Centauro Capital y Natanor XXI, accionistas de Sanitas, quienes presentaron una solicitud de arbitraje internacional contra Colombia, alegando “expropiación indirecta” debido a la intervención estatal en abril de 2024. Buscan una indemnización de USD $1.200 millones.
También está el caso de InfraRed, un conglomerado de empresas de infraestructura con origen en el Reino Unido y España. Aunque los detalles específicos de la reclamación no se han hecho públicos, se sabe que la disputa está relacionada con inversiones en proyectos de infraestructura en Colombia, posiblemente en relación con un contrato de concesión firmado en 2014 para el desarrollo del proyecto Perimetral Oriental de Bogotá SAS.
En el caso de Eco Oro Minerales, en septiembre de 2021, el tribunal determinó que Colombia no había incurrido en expropiación indirecta, ya que las medidas ambientales perseguían un objetivo legítimo de bienestar público. Sin embargo, encontró que Colombia violó el estándar mínimo de trato al demorar en la delimitación del páramo y no proteger las expectativas legítimas de la empresa que realizó la inversión extranjera. Eco Oro solicitó la rectificación del laudo por lo que el caso continúa activo.
Otro caso relevante que cursa en el CIADI es el de Telefónica. En noviembre de 2024, el CIADI falló a favor de la empresa en un arbitraje contra Colombia. Colombia ha solicitado la anulación y suspensión de la ejecución de este laudo.
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Casos concluidos
En total, son 12 casos de disputas por inversión extranjera los que han concluido en éxitos y fracasos para el país, o han sido descontinuados.
Dentro de los casos que han tenido un laudo favorable para el Estado Colombiano se encuentra el de AFC Investment, que presentó una demanda contra Colombia relacionada con la liquidación forzosa de Internacional Compañía de Financiamiento S.A., ordenada por la Superintendencia Financiera de Colombia en 2015.
También la demanda presentada por Montauk Metals alegando que la prohibición de la minería en el páramo de Santurbán afectó su proyecto minero Reina de Oro. En junio de 2024, el tribunal falló a favor de Colombia, concluyendo que la prohibición no violaba el TLC entre Canadá y Colombia.
Los dos laudos que condenaron a Colombia incluyen el caso con la empresa que explota la mina de Cerro Matoso, ubicada en Montelíbano, Córdoba, reconocida como una de las mayores minas a cielo abierto de ferroníquel en América Latina.
La controversia surgió a partir de cambios en la metodología para calcular las regalías del níquel. En respuesta, South32 inició un arbitraje internacional. En junio de 2024, el CIADI determinó que ciertas actuaciones de la ANM, UPME y CGR sí infringieron el estándar de trato justo y equitativo, ordenando a Colombia pagar a South32 una indemnización de USD $4.519.417 más intereses, y USD $5.050.000 adicionales por concepto de costas del arbitraje.
El Estado Colombiano también fue condenado en el caso Glencore y Prodeco en relación con una concesión minera para la explotación de carbón en el país. Las demandantes alegaron que Colombia había interferido ilegalmente en su contrato de concesión, incluyendo la imposición de regalías adicionales y la iniciación de procedimientos para cuestionar la validez de una enmienda al contrato acordada en 2010.
En 2019, el tribunal arbitral falló a favor de Glencore y Prodeco, ordenando a Colombia pagar aproximadamente USD $19 millones en compensación, más intereses, y reembolsar los costos del arbitraje y los gastos legales de las demandantes.
El mecanismo de solución de controversias a través del CIADI ha sido ampliamente cuestionado, porque los demandantes no están obligados a someterse a la justicia nacional en primera instancia, los fallos no tienen en cuenta las necesidades regulatorias de los países y fallan generalmente a favor de los inversionistas privados. Europa está considerando un tribunal multilateral diferente y algunos países se han retirado del mecanismo o no han ingresado a él como es el caso de la India, Venezuela, Ecuador, Honduras, Brasil y Sudáfrica.
