La política fiscal de Trump frena los avances hacia la equidad en la tributación internacional
Las discusiones sobre el sistema internacional financiero y la tributación internacional en busca de un sistema tributario más equitativo se diluyen con la llegada de Donal Trump a la presidencia de Estados Unidos.

En su regreso a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra la tributación internacional y anunció la desvinculación del país del Acuerdo Fiscal Global impulsado por la OCDE, que propone un impuesto mínimo del 15% para empresas con ingresos superiores a USD $800 millones.
En su orden presidencial, Trump dejó claro que el acuerdo de tributación internacional no tiene efecto legal en Estados Unidos, ya que no ha sido ratificado por el Congreso, a diferencia de regiones como la Unión Europea y el Reino Unido, que sí lo han adoptado.
Según el presidente estadounidense, este acuerdo limita la soberanía fiscal estadounidense y expone a sus empresas a riesgos internacionales, como represalias fiscales.
Además, ordenó investigar posibles violaciones de tratados fiscales o normativas discriminatorias contra empresas estadounidenses, con el objetivo de aplicar medidas de respuesta para proteger los intereses nacionales, lo cual distancia a Estados Unidos de las posibilidades de consensos en materia de tributación internacional.

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La política de Trump será una barrera contra la reducción de la desigualdad
En el contexto de la reducción del compromiso con la tributación internacional, los avances en la lucha por adoptar medidas globales para la reducción de la desigualdad enfrentan un nuevo panorama. Por ejemplo, la propuesta de un impuesto global a los super ricos, impulsada por Brasil en el G20, quedará en veremos.
Esto es preocupante porque en los últimos años ha quedado en evidencia una dura realidad para América Latina: de las miles de personas que en el mundo poseen fortunas superiores a USD $1.000 millones, solo 121 se encuentran en la región, de acuerdo con las cifras de Oxfam.
Esto no solo refleja la baja concentración de grandes fortunas, sino también las profundas desigualdades de ingresos y riqueza tanto entre América Latina y el norte global como dentro de los propios países de la región.
Mientras que en países como Estados Unidos o Europa el número de mil millonarios crece rápidamente, América Latina, a pesar de ser una región rica en recursos naturales y con el 90% de la mano de obra que mueve la economía global, apenas genera super ricos.
En la región, la mayoría de los milmillonarios están concentrados principalmente en Brasil, México, Argentina, Chile y algunos casos aislados en naciones como Colombia o Venezuela.
Según la ONG, la riqueza global de los milmillonarios creció en USD $2 billones en 2024, mientras que la pobreza apenas se ha reducido desde 1990.

Para América Latina, las brechas son más alarmantes: los salarios en el sur global, donde se encuentra América Latina, son entre un 87% y un 95% más bajos que en el norte. Además, la región solo recibe el 21% de los ingresos mundiales, a pesar de aportar gran parte de las materias primas y la fuerza laboral.
La desigualdad no solo es evidente en términos de ingresos, sino también en las condiciones de vida. Por ejemplo, en África (que comparte características similares de desigualdad con América Latina), la esperanza de vida es 15 años menor que en Europa.
Asimismo, las mujeres y las personas trabajadoras migrantes, especialmente las mujeres migrantes, son quienes más sufren la precarización laboral, con brechas salariales de hasta el 21% respecto a los hombres nacionales. Todos estos factores justifican la necesidad de acuerdos para una reforma de la tributación internacional.
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América Latina entre la tributación internacional y la política fiscal
En América Latina, las políticas fiscales actuales perpetúan estas desigualdades. El 60% de los ingresos tributarios provienen de impuestos indirectos (regresivos) como el IVA, que afecta de forma desproporcionada a los más pobres.
Por otra parte, de acuerdo con Oxfam, solo cuatro países de la región gravan el patrimonio, dejando fuera de contribución a bienes inmuebles, herencias y riquezas financieras que muchas veces se subvaloran o se trasladan a paraísos fiscales.

Aunque un impuesto global del 2% a los super ricos podría ser un paso hacia la justicia tributaria, en América Latina su impacto sería limitado: solo las 121 personas más ricas tributarían, concentradas principalmente en Brasil.
Esto pone de manifiesto la desigualdad estructural de la región y la urgente necesidad de sistemas fiscales progresivos que no solo graven las grandes fortunas, sino que también combatan la evasión y el fraude fiscal, estimados por la CEPAL en USD $430.000 millones anuales para la región y en más de $80 billones de pesos anuales para Colombia, de acuerdo con la DIAN.
Mientras los países más ricos siguen acumulando riqueza y poder, América Latina enfrenta un desafío histórico: romper con un sistema económico que ha marginado a la mayoría y construir un modelo más equitativo que permita reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de su población.