La cerca eléctrica que afectó a Enrique Peñalosa sería ilegal
La descarga que recibió el candidato Enrique Peñalosa durante una selfie reabrió el debate sobre la proliferación de cercas eléctricas ilegales en Bogotá.
El incidente que protagonizó Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y actual precandidato presidencial, durante un recorrido de campaña volvió a poner sobre la mesa un riesgo urbano que lleva años sin resolverse: la instalación de cercas eléctricas al alcance de peatones, niños y mascotas, pese a que la normativa colombiana lo prohíbe expresamente.
Enrique Peñalosa recibió una descarga eléctrica cuando intentaba tomarse una selfie con unas mujeres desde el exterior de un conjunto residencial. «Fue un dolor fuerte», afirmó el precandidato. El hecho ocurrió cuando se acercó a una reja metálica para fotografiarse con ellas. En el video que circula en redes sociales se observa cómo el candidato propone tomarse la foto, recibe el celular y, al pasar el brazo por la estructura metálica, entra en contacto con una reja que tenía corriente.
“Venga y nos tomamos una foto”, se le escucha decir. Segundos antes de la descarga, una de las mujeres le advierte: “es que eso pasa corriente”. Aun así, el contacto fue suficiente para que Peñalosa sintiera el paso de la electricidad. Aunque no se observan consecuencias físicas graves, su reacción y el grito que lanza confirman el impacto del momento, que rápidamente se volvió viral. Más allá de las comentarios jocosos en redes sociales, surge la pregunta de por qué había una cerca eléctrica a una altura tan baja, capaz de lastimar incluso a niños y mascotas.
Lo que dice la norma y por qué estas cercas eléctricas serían ilegales
Las cercas eléctricas están reguladas por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), actualizado mediante la Resolución 40117 del 2 de abril de 2024 del Ministerio de Minas y Energía. La norma es clara: estas instalaciones solo se permiten si no están al alcance de las personas ni de los animales.
El artículo 3.17.9, literal j, del RETIE establece que las cercas eléctricas pueden usarse como barreras de seguridad “siempre que no estén al alcance de las personas”. El Anexo General del reglamento va más allá y señala que, en condiciones normales de operación, no deben generar riesgos para personas o animales y que solo se permiten cuando no estén al alcance de los niños.
Esto significa que una reja que “pasa corriente” y está ubicada en un andén, a la altura de la mano de un peatón o de un niño, no cumple la normativa, incluso si tiene avisos de advertencia o si el voltaje se encuentra dentro de los límites técnicos permitidos.
Un hecho viral que no es anecdótico
Más allá del episodio puntual con el precandidato Enrique Peñalosa, el caso resulta revelador porque muestra que estas rejas no solo existen, sino que están operando en condiciones que no cumplen la regulación vigente. La descarga ocurrió en un espacio accesible desde el andén, es decir, en un lugar donde cualquier ciudadano puede apoyarse, tropezar o, como en este caso, acercarse para tomarse una foto.
El incidente guarda una relación directa con una investigación previa de Más Colombia sobre una cerca eléctrica instalada frente al Liceo Francés Louis Pasteur, en el norte de Bogotá. Allí, el edificio Bonavista mantiene una cerca eléctrica a lo largo de más de 30 metros, casi desde el nivel del piso y a escasos metros de la entrada principal del colegio, por donde transitan a diario cerca de 2.000 niños y adolescentes, además de adultos mayores y mascotas.
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El riesgo no es teórico: niños, mascotas y adultos mayores
En el caso del Liceo Francés, la cerca eléctrica está parcialmente cubierta por vegetación, lo que dificulta que peatones desprevenidos la identifiquen. Un niño curioso, una mascota que se acerque a olfatear, un adulto mayor que pierda el equilibrio o incluso un coche de bebé podrían entrar en contacto con la estructura.
Consultado por Más Colombia, René Soto, profesor e investigador del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia, advirtió que una descarga puede causar desde dolor intenso hasta consecuencias mucho más graves, dependiendo de las condiciones de la persona. En situaciones extremas, el contacto con una cerca eléctrica puede derivar en la muerte, especialmente en personas con condiciones de salud preexistentes, como quienes usan marcapasos.
El académico subrayó que, aun cuando el voltaje cumpla la regulación, este está diseñado para cuerpos adultos promedio, no para niños, quienes en ningún caso deberían tener acceso a estas instalaciones.
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¿Quién responde y por qué nadie controla?
Uno de los puntos más críticos es la ausencia de control efectivo. La normativa existe, pero la instalación de cercas eléctricas al alcance del público se ha vuelto una práctica cada vez más común en zonas residenciales de Bogotá, como respuesta privada a la inseguridad.
En teoría, la responsabilidad recae tanto en los propietarios de los predios como en las empresas instaladoras, y las autoridades distritales tienen la obligación de inspeccionar y sancionar las instalaciones que incumplan el RETIE. En la práctica, sin embargo, los controles son escasos o inexistentes.
En el caso del edificio Bonavista, Más Colombia intentó comunicarse con la administración sin obtener respuesta. El colegio, por su parte, confirmó que conocía la situación, pero se abstuvo de hacer comentarios.
El caso Enrique Peñalosa como síntoma de un problema mayor
La descarga que recibió Peñalosa no tuvo consecuencias graves, pero su visibilidad pública deja en evidencia una realidad cotidiana: si le pasó a un candidato presidencial en plena calle, le puede pasar a cualquiera. La diferencia es que, cuando la víctima es un niño, una mascota o un adulto mayor, el hecho rara vez se vuelve viral o genera debate público.
El episodio pone en cuestión no solo la legalidad de estas cercas, sino también la normalización de soluciones privadas de “seguridad” que trasladan el riesgo al espacio público. La normativa es clara, los riesgos están documentados y los casos existen. Lo que falta es una acción decidida de las autoridades para hacerla cumplir.
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