Desistimientos en la compra de vivienda superaron los 38.000 casos en 2023: ¡El sector de la construcción en alerta!
En medio de cambios regulatorios y desafíos financieros, en Colombia se alcanza una cifra histórica de desistimientos en la compra de vivienda con más de 38.000 casos durante el 2023. Se frustra el sueño de miles de familias de tener casa propia.
Los desistimientos en la compra de vivienda en Colombia se apoderaron del panorama inmobiliario en el 2023, lo que genera preocupación sobre las proyecciones para el nuevo año. En medio de un escenario marcado por cambios efectuados por el gobierno y desafíos financieros cada vez más exigentes, miles de colombianos se han visto obligados a renunciar a su sueño de adquirir una vivienda propia.
Para muchos el proceso de compra de vivienda se ha vuelto una verdadera misión imposible. Entre las altas cuotas iniciales, la incertidumbre sobre el futuro económico del país y ante las nuevas restricciones en los programas de subsidios estatales establecidas por el Ministerio de Vivienda, los desistimientos en la compra de vivienda han aumentado de manera significativa, mientras el cierre de ventas inmobiliarias disminuye.
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Aumentan los desistimientos en la compra de vivienda
Según datos revelados por el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, el sector de la construcción en Colombia enfrenta un duro golpe con el crecimiento exponencial de los desistimientos en la compra de vivienda nueva.
https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Antioquia.pdf
Con más de 30.000 hogares renunciando a su sueño de adquirir una vivienda durante el 2023, salta a la vista la profunda crisis del sector, que señala que una parte considerable de los nuevos desistimientos obedecen a los cambios implementados por el Ministerio de Vivienda al momento de otorgar los subsidios.
Las cifras presentadas por Herrera durante el foro sectorial en la regional Antioquia son preocupantes: las ventas de vivienda de interés social acumulan 16 meses consecutivos de caídas, lo que representa un desafío significativo para la recuperación económica del país.
Este fenómeno no solo impacta en el mercado inmobiliario, sino que también tiene repercusiones directas en la generación de empleo y en la dinámica de otras industrias relacionadas, como la producción de materiales de construcción.
Guillermo Herrera advierte que este panorama adverso podría agravarse en los próximos meses, afectando aún más el valor agregado del sector y la creación de empleo. La desaceleración en la generación de puestos de trabajo en el sector de la construcción, evidenciada durante el año 2023, subraya la urgencia de abordar las causas subyacentes de esta crisis.
¿A qué se deben los desistimientos en compra de vivienda?

El alarmante panorama de desistimientos en la compra de vivienda está estrechamente relacionado al cambio en las políticas de asignación de subsidios.
En el 2023, se otorgaron 52.046 subsidios destinados a la compra de vivienda. Esta cifra, es de hecho, la más baja en la última década, de modo que la asignación de subsidios es insuficiente cuando se tiene en cuenta las necesidades de los hogares de bajos ingresos.
La política de vivienda actual, centrada en el programa Mi Casa Ya, se enfrenta a críticas debido a que los criterios de priorización establecidos por el Ministerio de Vivienda parecen desconocer la realidad del mercado y han generado más problemas de los que han resuelto.
En paralelo, la exigencia del Sisben ha contribuido a complicar aún más la situación, especialmente debido a errores de inclusión en el sistema reconocidos incluso por el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González.
Los cambios implementados en el programa Mi Casa Ya por el gobierno, en respuesta a las nuevas exigencias del Sisben, han llevado a que muchas familias pierdan la capacidad para lograr el cierre financiero de su vivienda, lo que ha generado incertidumbre y dificultades adicionales en el proceso de compra.
La falta de un esquema de transición antes de la implementación de los nuevos requisitos para el acceso al subsidio ha sido señalada como una de las causas principales de los problemas actuales en el sector de vivienda.
El programa Mi Casa Ya, que anteriormente había sido elogiado por su eficacia en la focalización de los subsidios, está perdiendo credibilidad debido a los cambios implementados por el Ministerio de Vivienda.
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Viviendas con los precios en las nubes
La crisis del sector inmobiliario se debe tanto a la reducción en las ventas como a al acelerado incremento en los desistimientos en la compra de vivienda, que en el 2023, aumentó un alarmante 83% con respecto a años anteriores.
Las cifras del informe son evidencia de una verdad irrefutable: la población más afectada es la de bajos recursos. La crisis por compra de vivienda golpea con mayor fuerza a los hogares más vulnerables, que ven frustradas sus esperanzas de acceder a una vivienda digna.
Un análisis realizado por Fitch Ratings proyecta un aumento del 5% en los precios de vivienda nueva en Colombia para el año 2024, como parte de una tendencia regional que incluye a varios países de América Latina.
Sin duda, el 2023 fue un año desafiante para el sector inmobiliario colombiano. La compra de vivienda protagonizó una caída de más del 50%, debido, según la entidad, a factores como las elevadas tasas de interés, la inflación e irregularidades en los subsidios de vivienda, lo que coincide con el informe de Camacol.
La percepción de la población frente a los precios de vivienda en el país es elevada, el acceso a créditos es difícil y tener capacidad de pago es una fuerte barrera de acceso, lo que explica que Colombia se encuentra entre los países con las tasas más bajas de vivienda propia dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con Alemania y Suiza.
De acuerdo con cifras del DANE, en el 2022, 34,9% de los colombianos tiene vivienda propia, mientras el 40,2% vivía en arriendo. Estas cifras revelan parte de la crisis inmobiliaria cuando se comparan con las tasas de propiedad de países como Rumania, Hungría, Eslovaquia y Lituania, que superan el 90%.