Eduardo Prieto, de Asovecinos: “El Vive Claro está en el lugar equivocado y va a producir un desastre ambiental”

La inauguración del nuevo Centro de Eventos Vive Claro, en inmediaciones del Parque Simón Bolívar, ha generado una fuerte controversia en Bogotá. Mientras los promotores del escenario aseguran que cumple con todos los requisitos legales, vecinos, líderes sociales y veedurías ciudadanas denuncian presuntas irregularidades en el contrato, posibles afectaciones ambientales y riesgos para la salud y el bienestar de la comunidad cercana.

En medio de esta polémica, Eduardo Prieto, veedor ciudadano, líder social y ambiental, fundador y presidente de Asovecinos de la localidad de Teusaquillo, que actualmente representa al Consejo de Planeación (CPL) en la Comisión Ambiental (CAL) de Teusaquillo en Bogotá, se ha convertido en una de las voces más críticas frente a este proyecto.

Eduardo, en entrevista con Más Colombia, cuenta la disputa que enfrentan las personas que viven a los alrededores del nuevo Centro de Eventos Vive Claro y cómo ha sido su lucha desde antes de que se comenzara la construcción del proyecto.

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Más Colombia (MC): Señor Eduardo, desde Asovecinos han liderado varias denuncias contra el Centro de Eventos Vive Claro. ¿Cuál es la principal preocupación de la comunidad frente a su funcionamiento y los conciertos que allí se planean realizar?

Eduardo Prieto (EP): Desde Asovecinos Teusaquillo llevamos más de 13 años defendiendo los predios que hacen parte del Plan Maestro Parque Simón Bolívar. En el caso del Escenario para Eventos Masivos de Alto Impacto “Vive Claro” —antes conocido como “Distrito Verde” y “Circo del Sol”— hemos acompañado a la comunidad en sus quejas y denuncias, así como a otras veedurías ciudadanas, concejales y congresistas que han emprendido acciones jurídicas frente a esta situación.

Nuestras principales preocupaciones frente a su funcionamiento y los conciertos que allí se planean son las siguientes:

1. El destino original de los predios: El Plan Maestro Parque Simón Bolívar y su Comité Director, ambos vigentes, destinaron estos terrenos, conocidos como Centro Bolivariano, como uno de los 14 componentes del parque, con uso público y recreativo.

2. La normatividad vigente: Según el POT actual, bajo el Decreto 555 de 2021, y otras normas como el Decreto 470 de 2021, estos predios son parte de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad y están catalogados como Parque Estructurante Contemplativo, lo que prohíbe expresamente la realización de aglomeraciones de cualquier tipo.

3. El uso público y carácter patrimonial: Estos terrenos tienen una destinación específica de uso público, derivada del legado del señor José Joaquín Vargas (más conocido como J.J. Vargas) a entidades benéficas, y hacen parte del diseño original del Parque Simón Bolívar, concebido para el libre uso y disfrute gratuito de la ciudadanía. Este diseño fue desarrollado por el arquitecto Arturo Robledo junto con la Universidad Nacional, en cumplimiento de una ley de la República.

4. El impacto sobre la comunidad: El escenario está ubicado en medio de dos hospitales de nivel 4 y rodeado por siete barrios residenciales de cuatro localidades distintas, que nunca fueron consultados y que hoy enfrentan graves afectaciones por ruido, congestión y seguridad.

5. La afectación ambiental y urbanística: Aunque reconocemos que Bogotá necesita un escenario multipropósito, este no debería construirse en el pulmón verde central de la ciudad.
   
   Allí se ha intervenido suelo protegido y relictos de humedal sin estudios ambientales ni licencias, fundiendo grandes cantidades de concreto para graderías de un tamaño mayor al estadio El Campín, con capacidad para más de 50.000 personas, además de mil parqueaderos insuficientes.

Esto genera daños irreversibles a la fauna y la flora —incluyendo aves que mueren por el diseño del lugar—, así como contaminación auditiva, lumínica y atmosférica, problemas de residuos, congestión vial e incremento de la inseguridad y ventas irregulares de alcohol y otras sustancias.

Nuestra preocupación no es solo por los eventos masivos en sí, sino por la ubicación de este escenario en un área ecológica, patrimonial y residencial, donde su impacto resulta incompatible con la norma y con el bienestar de la ciudad.

(MC): Vecinos y colectivos han señalado que el contrato de arrendamiento con OCESA vulnera normas de contratación estatal. ¿Qué irregularidades concretas identifican en este proceso y por qué consideran que no se ajusta a la ley?

(EP): Consideramos que el contrato de arrendamiento con OCESA tiene presuntos vicios de ilegalidad. Los predios en cuestión están catalogados como espacio público por leyes de la República y decretos distritales que tienen incluso fuerza de ley, como aquellos que regulan el Plan Maestro del Parque Simón Bolívar y la destinación específica establecida por el testador.

Estos terrenos son inembargables, inalienables e imprescriptibles, por lo que su arrendamiento está prohibido. Incluso en el hipotético caso de que fuera posible arrendarlos, el proceso presuntamente desconoce normas y protocolos de contratación relacionados con la selección del arrendatario.

En ese sentido, señalamos que tanto la naturaleza jurídica de los predios como la forma en que se adelantó el contrato no se ajustan a lo que establece la normativa vigente.

(MC): Uno de los puntos más tocados es el posible impacto ambiental en la zona. ¿Qué evidencias tienen sobre la afectación de ecosistemas, considerando que la Secretaría de Ambiente sostiene que no se trata de un humedal?

(EP): La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realizó en 2013 una visita ocular al predio y emitió un informe en el que, a pesar de mencionar hallazgos de flora característica de humedal y presencia de “anegamientos”, utilizó términos subjetivos como “posiblemente” en varias partes.

Esto evidenció que no había certeza sobre sus afirmaciones y, además, el informe careció de estudios técnicos y científicos especializados —biológicos, hidrológicos, hidráulicos o geológicos— que pudieran sustentar con pruebas verificables por qué no se considera un humedal.

Posteriormente, el 6 de mayo de 2024, la SDA volvió a visitar el predio junto con la comunidad, expertos en humedales, biólogos y la Personería Local. Durante el recorrido, se evidenció el relicto de humedal más grande de la zona y la presencia de mangueras en diferentes puntos. Sin embargo, la entidad no documentó de manera completa lo observado, repitiendo los mismos errores de 2013 y dejando una “duda razonable” frente a su posición oficial.

Mientras que los promotores del proyecto sostienen que no es humedal basándose únicamente en fotografías poco claras y documentos sin estudios técnicos, la comunidad ha denunciado desde el inicio la existencia de al menos 11 relictos de humedal que han sido tapados o afectados por concreto, pavimento, tuberías y mangueras para drenar el agua. Actualmente, el área intervenida presenta encharcamientos porque el terreno ya no filtra el agua como antes.

Ese mismo día, la Alcaldía Local de Teusaquillo realizó una visita técnica y encontró excavaciones profundas, cárcamos, sumideros, sardineles y pavimento construidos sin licencias de urbanismo o construcción. En esa ocasión se sugirió el sellamiento de las obras, pero esa recomendación permanece archivada desde hace más de un año en la Inspección 13C de Teusaquillo, sin que se haya tomado acción alguna.

Entonces, todo esto evidencia la falta de estudios técnicos serios y la omisión de medidas de control frente a lo que hemos advertido desde hace año y medio como un “desastre ambiental” en pleno desarrollo.

(MC): La proximidad del escenario a hospitales y zonas residenciales también ha sido motivo de críticas. ¿Qué efectos reales podrían tener los altos niveles de ruido y el incremento del tráfico sobre la salud y la calidad de vida de los habitantes del sector?

(EP): Como lo expresó el médico representante del Hospital Universitario Nacional, “no creemos que haya otro lugar en el mundo donde, frente a dos hospitales, construyan un estadio de este tamaño”. 

Esto genera graves afectaciones para la salud de los pacientes, especialmente porque justo al frente del escenario se encuentra la unidad de cuidados intensivos de este hospital y, muy cerca, el Hospital Central de la Policía.

La zona también incluye siete barrios residenciales con una alta población de adultos mayores —algunos en hospitalización domiciliaria—, dos de las EPS más grandes de la ciudad con pacientes en consulta y niños que enfrentan dificultades para dormir, primero por el ruido y la contaminación de las obras, y luego por el volumen extremo de los espectáculos, que en ocasiones se realizan varios días seguidos.

A esto se suma la grave congestión vehicular que impide el ingreso oportuno de ambulancias tanto a los hospitales como a los barrios. En una ocasión, incluso, un paciente estuvo a punto de desangrarse porque la ambulancia no logró llegar a tiempo debido a los bloqueos viales.

Además, cuando hay eventos, los propietarios de viviendas tienen problemas para entrar o salir de sus casas, pues las calles se llenan de vehículos estacionados de forma irregular. En algunos casos ni siquiera pueden acceder a pie o en carro. Como si fuera poco, la línea férrea del tren de la sabana permanece cerrada con rejas y cadenas, y solo se permite su circulación cuando el arrendatario, OCESA, lo autoriza.

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Entonces, estas situaciones afectan la salud, la seguridad y la calidad de vida de quienes habitan y reciben atención médica en este sector de la ciudad.

(MC): Desde el año 2013 ustedes ya habían advertido sobre los riesgos de urbanización en esta área ecológica. ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones distritales y las entidades de control?

(EP): Desde 2013 hemos advertido sobre los riesgos de urbanizar esta área ecológica y sentimos que estas alertas han sido ignoradas por las administraciones distritales y los entes de control. Ese año tuvimos que intervenir para que se retirara el “Pesebre más grande del mundo” que, por su peso de 400 mil toneladas, habría causado un grave daño en estos predios.

Finalmente se instaló en otro sector del Plan Maestro Parque Simón Bolívar, donde igualmente generó un impacto ambiental e incluso un incendio.

Posteriormente, el proyecto de renovación del CAN propuso demoler dos barrios y el Hospital Universitario Nacional, además de apropiarse de terrenos pertenecientes a la Universidad Nacional y la ESAP, para construir torres de hasta 27 pisos. Ante la oposición de la comunidad, esta iniciativa no prosperó.

Más tarde, surgió la idea de ubicar allí el Ministerio de Defensa, y nuevamente la presión ciudadana lo impidió. Ahora, enfrentamos la instalación del escenario del Centro de Eventos Vive Claro, operado por lo que llamamos el “cartel de eventos y ruido”, que en este caso tiene capital extranjero.

A nuestro juicio, la Alcaldía Mayor, varias entidades distritales y los organismos de control no solo han sido indiferentes frente a estas advertencias, sino que, en muchos casos, han mostrado una actitud complaciente ante proyectos que desconocen el carácter ecológico y público de estos predios.

(MC): Más allá de las acciones legales, ¿qué otras estrategias están contemplando la veeduría para visibilizar la problemática y lograr que las autoridades atiendan las denuncias de la comunidad?

(EP): La comunidad se ha sentido engañada desde el inicio. Primero se dijo que el proyecto sería únicamente para el Circo del Sol, en un espacio de 70 por 50 metros y acompañado de un bosque urbano.

Luego, se anunció la construcción de mil parqueaderos con 10 accesos vehiculares sobre vías principales de Bogotá. Más adelante, se habló de graderías desmontables y, finalmente, en los últimos seis meses, se conoció que el escenario recibiría a más de 50.000 personas.

Este cambio constante en la información ha generado indignación entre los residentes de los barrios aledaños y ha fortalecido la movilización comunitaria. Hoy contamos con el apoyo de ambientalistas y organizaciones nacionales e internacionales que se han sumado a nuestra causa para exigir el respeto de estos predios, que forman parte de la Estructura Ecológica Principal y del pulmón central de la ciudad.

Además, hemos señalado que esta situación también implica el incumplimiento de tratados internacionales en materia ambiental que Colombia está obligada a respetar. Por eso, más allá de las acciones legales, continuaremos visibilizando esta problemática mediante la articulación de la comunidad y el respaldo de redes ciudadanas y organizaciones que buscan frenar lo que consideramos una tragedia ambiental y social.

(MC): Desde OCESA se insiste en que la estructura es desmontable, cumple con la normativa y que el proyecto busca “activar ecológicamente” el predio. ¿Qué opinión le merece este argumento y cómo lo contrasta con las evidencias que ustedes han recopilado?

(EP): La estructura es desmontable porque, tarde o temprano, un juez deberá hacer cumplir la ley y ordenar su retiro, además de exigir la reparación de los daños causados.

El Centro Bolivariano siempre ha cumplido funciones ecosistémicas, pero desde que este proyecto empezó hace año y medio, el suelo ha perdido su capacidad de absorción, se han desplazado aves, mamíferos e insectos, e incluso hace un año centenares de abejas que tenían panales en la zona terminaron en el barrio Salitre El Greco.

Es cierto que el predio estaba algo descuidado por no haberse integrado aún al resto del parque, pero lejos de “activarlo ecológicamente”, lo han deteriorado. Hoy, las afectaciones son evidentes y se harán aún más claras cuando estas estructuras tengan que ser desmontadas.

(MC): Teniendo en cuenta que la ciudad carece y requiere nuevos espacios para conciertos, cuéntenos, ¿usted cree que podría ser conveniente tener el Centro de Eventos Vive Claro en ese lugar si se realizan algunos cambios, ¿cuáles serían?, ¿tienen alguna otra propuesta?

(EP): Bogotá necesita un escenario multipropósito, y nosotros no estamos en contra de los conciertos ni de la cultura. Lo que exigimos es el respeto por el patrimonio ambiental de la ciudad, que debe prevalecer sobre intereses económicos, culturales o urbanísticos.

Proponemos que se construya un escenario propio en un lugar donde no se afecte la salud humana ni se ponga en riesgo la fauna y la flora del Parque Simón Bolívar, un espacio que ha tardado décadas en consolidarse como el parque urbano más grande de América. No se puede hablar de cuidado ambiental mientras se patrocina un proyecto que está generando daños irreparables en esta zona protegida.

Además, aunque la empresa encargada de las graderías tenga reconocimiento internacional, en ninguna otra ciudad han desarrollado obras de este tipo sobre áreas de protección ambiental.

A esto se suma que, según información del IDIGER, no existe ninguna solicitud radicada para evaluar los riesgos del lugar. Es como poner a 40.000 personas a saltar al ritmo de un concierto sobre una estructura moderna, apoyada en una placa de concreto y construida en un suelo muy blando, sin estudios técnicos, licencias ni permisos.

(MC): Asimismo, se ha mencionado que el Hospital Universitario de la Universidad Nacional podría verse afectado por la operación del Centro de Eventos Vive Claro, ¿Qué tipo de problemas específicos cree usted que podrían generarse en el Hospital Universitario debido y qué los lleva a pensar esto?

(EP): El Hospital Universitario Nacional se ve gravemente afectado. Según la Academia Nacional de Medicina y el mismo hospital, está comprobado que los altos niveles de ruido impactan la audición, la presión arterial, el sueño y generan ansiedad, depresión y problemas de salud mental, neurológica y cardíaca, entre otros.

Aunque la estructura de Vive Claro pueda desmontarse en unos años, las secuelas en la salud de los pacientes y de los habitantes de la zona serían irreversibles. ¿Quién asumirá esa responsabilidad?

(MC): Finalmente, señor Eduardo, ¿cuál es su mensaje a las autoridades distritales y nacionales sobre el manejo de este caso y el futuro del Parque Simón Bolívar como pulmón verde de Bogotá, e incluso, a otros posibles proyectos que puedan afectar a otros ecosistemas de la ciudad?

(EP): La necesidad de un escenario para eventos masivos, la cultura o la generación de empleo no justifican destruir el pulmón central de la ciudad, que hace parte de la Estructura Ecológica Principal. Los daños a la fauna, la flora y los ecosistemas que Bogotá ha preservado por décadas son irreparables e irreversibles.

Si los grandes conciertos generan enormes ganancias, que sus promotores construyan escenarios adecuados, con licencias y permisos, en lugares que no afecten barrios residenciales, hospitales ni zonas ambientales protegidas.

Defendemos la vida y el derecho a un ambiente sano. Los eventos masivos deben realizarse en espacios diseñados y planificados para ello, no en un área ecológica vital. Como hemos dicho, “Vive Claro está en el lugar equivocado”. La prioridad debe ser proteger el patrimonio ambiental y la salud de la ciudad por encima de los intereses económicos.

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