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domingo, 19 de abril de 2026
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Nueva reglamentación para los páramos de Colombia busca equilibrar conservación y actividades campesinas

Autoridades y expertos revisan nuevas propuestas relacionadas con el manejo de los páramos de Colombia. La situación podría incluir aspectos ambientales, participación de comunidades y retos para aplicar la normativa.

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Un artículo publicado por el medio independiente Mongabay Latam explicó que actualmente se evalúan medidas para fortalecer la protección de los páramos de Colombia. La situación ocurrió después de que se cerrara una consulta pública con la que el Gobierno busca definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto podrían permitirse en estos ecosistemas. El proceso fue liderado por el Ministerio de Ambiente de Colombia y tiene como objetivo establecer reglas sobre lo que se puede y no se puede hacer en estos territorios.

Los páramos de Colombia son clave para el país. Estos ecosistemas de alta montaña ayudan a regular el agua y conservan una gran variedad de especies. Colombia concentra cerca del 50 % de los páramos del planeta, distribuidos en 37 complejos, que además abastecen alrededor del 70 % del agua potable que se consume en el país.


El tema no es sencillo. Durante años ha habido discusión sobre cómo cuidar estos ecosistemas sin afectar a las comunidades campesinas que viven allí. Mientras las autoridades buscan limitar actividades que puedan dañarlos, muchos habitantes rurales advierten que esas decisiones pueden afectar su trabajo y la forma en que se ganan la vida.

Las reglas que se están discutiendo hacen parte de la Ley de Páramos, una norma que abrió la puerta para permitir algunas actividades agropecuarias, siempre que cumplan con criterios ambientales estrictos para proteger estos ecosistemas.

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Actividades bajo la lupa dentro de los páramos de Colombia

Durante años, las normas sobre los páramos de Colombia se centraron en la prohibición de actividades productivas. Sin embargo, un artículo incluido en la Ley de Páramos permite analizar casos específicos de prácticas consideradas de bajo impacto.

Según el Ministerio de Ambiente, la propuesta evaluada establece criterios técnicos que buscan medir los efectos reales de las actividades humanas sobre los ecosistemas de alta montaña. Dentro de los elementos analizados se encontraron:


  • Conservación de la cobertura vegetal.
  • Manejo sostenible del agua y del suelo.
  • Prevención de procesos de erosión.
  • Implementación de prácticas agroecológicas.
  • Protección de la biodiversidad propia de los páramos.

La metodología plantea que las decisiones no se basen únicamente en el tipo de actividad, sino en su efecto ambiental. De esta manera, algunas zonas de los páramos de Colombia permanecerían totalmente protegidas, mientras otras podrían admitir ciertos usos si cumplen condiciones específicas.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, explicó que el enfoque busca evaluar cómo influyen las prácticas productivas en variables como la calidad del agua o la diversidad biológica.

También, el especialista señaló que uno de los retos de la reglamentación derivada de la Ley de Páramos es la falta de indicadores cuantitativos claros que permitan medir de forma objetiva el impacto ambiental.

Comentarios y revisión de la propuesta

Tras el cierre de la consulta pública, el Ministerio de Ambiente recibió cerca de 160 comentarios de actores institucionales, organizaciones sociales y comunidades locales. Las observaciones están siendo revisadas en mesas de trabajo conjuntas con el Ministerio de Agricultura.

Las autoridades buscan ajustar la reglamentación antes de expedir una resolución definitiva relacionada con la Ley de Páramos, que establecerá los lineamientos para la gestión de estos ecosistemas.

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Para organizaciones ambientales, la discusión también debe incluir mecanismos de seguimiento y financiación. Según especialistas que se encuentran en el proceso, la regulación de los páramos de Colombia requiere herramientas que permitan monitorear los efectos de las actividades autorizadas y garantizar su cumplimiento.


Entre las propuestas que se han mencionado y que se necesitan están:

  • Sistemas de monitoreo ambiental a largo plazo.
  • Recursos financieros para implementar la normativa.
  • Programas de transición productiva para comunidades.
  • Evaluaciones técnicas transparentes.

Situación con las comunidades

Además de las situaciones ambientales, la pelea sobre los páramos de Colombia involucra la situación de las comunidades que han habitado estos territorios durante generaciones. Campesinos de distintas regiones han señalado que las decisiones sobre conservación han generado incertidumbre sobre el uso de la tierra.

En zonas como el páramo de Chingaza, ubicado entre Cundinamarca y Meta, habitantes locales han advertido que en procesos anteriores de delimitación no hubo suficiente socialización con las comunidades.

Algunos campesinos han planteado la necesidad de participar en la implementación de la Ley de Páramos, especialmente en la definición de alternativas económicas que permitan reducir la presión sobre los ecosistemas.

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Entre las opciones discutidas en distintos territorios se encuentran el ecoturismo, los programas de pagos por servicios ambientales y proyectos de restauración ecológica. Estas iniciativas buscan ofrecer ingresos a las comunidades mientras se limita el impacto sobre los páramos de Colombia.

Puede que no sea fácil poner en marcha la norma

La aplicación de la Ley de Páramos será compleja en regiones donde existen actividades productivas afianzadas. Entre los casos mencionados se encuentran el Complejo de Páramos Las Hermosas y el páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

En estos territorios, la transición hacia actividades de menor impacto podría requerir procesos graduales y apoyo institucional. Además, la protección efectiva de los páramos de Colombia dependerá no solo de las normas, sino de la capacidad técnica y financiera para implementarlas.


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