Desde el arribo de Petro a la Presidencia de la República el galón de gasolina en Bogotá pasó $9.523 a $12.773, un 34% más caro. En ese período el valor del galón pasó de equivaler a 2,29 veces un salario mínimo por hora a 2,85 veces. Pero el impacto es diferenciado según el nivel de ingreso de la población (ver tabla). 

Para el decil número 1, donde se concentra la población con mayores niveles de pobreza y el ingreso promedio diario es $8.642, cuando se posesionó Petro una persona de ese rango poblacional debía dedicar el 110,2% de su ingreso diario para comprar un galón de gasolina, hoy debe trabajar un día y medio para poder comprar ese mismo galón (147,8% del ingreso promedio diario).

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En la medida que se asciende entre los deciles el esfuerzo es menor, sin embargo, sigue siendo una carga pesada. Un habitante ubicado en el decil número 9, por ejemplo, ya está dedicando el 10% de su ingreso promedio diario. 

A quienes poco o nada afecta este aumento es a la cúspide de verdad, diecisiete personas con una riqueza de más $1,7 billones más unos cientos de personas más. Los únicos realmente frescos con esta medida son los súper magnates de la nación, el resto, poco más de 51 millones de colombianos y colombianas cargamos a cuestas la cruz de la gasolina carísima.

La gasolina es un bien fundamental para los hogares colombianos, el cual, después de la electricidad es el segundo energético que más pesa en el consumo de energía de los hogares (DANE, CAE-FE). La cuarta parte del consumo de energía de los hogares es gasolina. 

Además, la gasolina es el segundo bien de consumo de mayor relevancia en Colombia (DANE, EAM 2021). El primero es el diésel, con ventas industriales de $17,8 billones, el segundo la gasolina con $10,9 billones y el tercero es la carne de pollo con $7,6 billones. 

Es decir, cuando se habla de combustibles se hace referencia a bienes estratégicos cuya provisión entre una cuarta y tercera parte del total del consumo nacional depende de Estados Unidos, asunto que podría corregirse.

¿Por qué está subiendo el precio de la gasolina? 

Porque el gobierno Petro decidió profundizar la política del FMI de cobrarnos a los y a las colombianas la gasolina que consumimos con precio de referencia el WTI y como si toda fuera traída del Golfo de México en Estados Unidos, cuando no es así. Ese es el famoso precio de paridad.

Más del 30% de la gasolina que se consume en el país es importada, falta de soberanía energética explicada porque el gobierno Petro, al igual que Duque, Santos y Uribe, se niega a ampliar la capacidad de producción de la Refinería de Barrancabermeja. 

Esta pésima decisión hace que, aunque producimos petróleo suficiente para suplir la demanda nacional, tenemos que importar gasolina y diésel a un precio altísimo.

En 2022, el país se gastó 7.206 millones de dólares en importaciones de combustibles (gasolina y diésel), el principal producto de importación. Esas importaciones de combustibles sumaron 30,7 billones de pesos, recursos que se fugan del país a pesar de que Colombia podría ser autosuficiente en combustibles si se ampliara la industria de refinación, tema que Petro rechaza y que hará muchísimo más cara la gasolina que consumimos y vamos a seguir consumiendo durante las próximas tres décadas. 

Eso no lo cambiará la política de transición energética de Petro e Irene Vélez, de la cual se sabe poco, solo frases rimbombantes y nada de documentos técnicos que ya deberían haberse dado a conocer al país. Lo que está en juego es una crisis de balanza de pagos y un aspecto fundamental de la independencia nacional: la autosuficiencia energética. 

La subida del precio de la gasolina es otro engaño en contra de las movilizaciones de abril de 2021, porque como efecto colateral de ese sismo social se dio que Duque no pudiera aumentar el precio del energético. 

En 2022, Corficolombiana explicó que las “presiones de economía política limitaron ajustes al alza en los precios de los combustibles”, en donde el descontento social que “exacerbó las tensiones sociopolíticas” impidió que cogiera fuerza la disparada del precio de la gasolina.

Petro hace lo que no logró su antecesor aprovechándose de la cooptación o funcionalidad de una parte importante de esos sectores sociales y políticos que en otros tiempos reclamaban ante el aumento del precio del combustible.

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¿Es posible aplicar otra fórmula al precio de los combustibles? 

Claro que sí. Se necesitarían dos pasos: uno primero de orden legal consistente en eliminar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y establecer que los precios de estos se cobren de acuerdo con la estructura de costos de Ecopetrol, una remuneración de rentabilidad para la petrolera y la financiación de los planes de inversión en la modernización de la industria refinadora.

Con esta medida se impulsaría el Producto Interno Bruto industrial, con lo cual en Colombia se producirían combustibles de mayor calidad reduciendo las emisiones y mejorando la calidad del aire, se reducirían las muertes por mala calidad del aire y se contendría el gasto en salud.

Además, al elevarse el PIB industrial, mejorar la calidad de los combustibles y generar impactos positivos en toda la cadena de producción y consumo de combustibles se elevaría el recaudo de impuestos al mejorar la competitividad y la rentabilidad del sector transporte de carga y de pasajeros, del comercio y de la industria manufacturera. 

Con este círculo virtuoso ganarían las empresas y las finanzas públicas nacionales y territoriales.

Habría también beneficios para las alcaldías donde existen sistemas tipo Transmilenio. Como el principal costo operativo de los sistemas de transporte masivo son los combustibles, al definirse una política que contenga o que baje los precios de los combustibles se disminuirían las transferencias que se hacen desde estos entes territoriales hacia esos sistemas. 

Este alivio para las finanzas públicas territoriales permitiría ampliar el gasto en frentes como la infraestructura y las necesidades de la gente. Incluso podrían financiarse planes de empleo público. Recordemos que el desempleo es un flagelo que acosa a 2,8 millones de compatriotas.

El segundo paso a dar después de hacer modificaciones a la legalidad que dejaron Carrasquilla, Santos y Uribe, sería establecer una nueva fórmula para los precios de la gasolina y el diésel. 

Según cálculos de Diego Otero, exviceministro de energía e integrante de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, con una fórmula de precios reales de Colombia en la producción de gasolina, el galón costaría $10.418, que es -18% menos al precio que acaba de imponer el gobierno Petro para junio. 

El ingeniero Leonardo Arbeláez, por su parte, también ha hecho un ejercicio para establecer una fórmula diferente para los precios de los combustibles, incluyendo una alta rentabilidad operacional (300%) en la refinación para Ecopetrol. 

En la petrolera estatal, en esta discusión, hay dos valores a tener en cuenta: el costo unitario total y el breakeven de utilidad (umbral de rentabilidad). Al primer trimestre de 2023, estos valores fueron de 45,41 y 32 dólares por barril equivalente, respectivamente, montos alejados del precio promedio del WTI entre enero y marzo de 2023, que fue de 76 dólares el barril.

Al emplear las fórmulas mencionadas con los parámetros de costos entre el umbral de rentabilidad y el costo unitario, más una rentabilidad adecuada, se aprovecharía mucho mejor la ventaja absoluta que tiene Colombia frente a los países que no producen crudo, además de que se generaría una transferencia de eficiencias desde la petrolera colombiana hacia toda la sociedad. 

No hay que olvidar que existen tantas formas de establecer los precios de los combustibles como países hay en el mundo y cada uno tiene el derecho a definir este precio de acuerdo con los objetivos propios de desarrollo. 

Esa reducción en el precio bajaría la inflación, haría posible bajar con mayor rapidez la tasa de interés e impulsaría el PIB en medio de una crisis donde la carestía sigue impactando muy fuerte a toda la población y la economía está cayendo.

Gustavo Petro no implementa la fórmula aquí propuesta porque a él, a Bonilla (su ministro de Hacienda) y a Irene Vélez (su ministra de Energía) les gusta aplicar lo que diga el FMI. Adrede perdieron las oportunidades para generar un verdadero cambio. 

En la reforma tributaria y en el Plan de Desarrollo, por ejemplo, que tramitó el gobierno del Pacto Histórico con el apoyo de los partidos tradicionales en el Congreso de la República, hubieran podido derogar las medidas legales que en materia de precios de los combustibles dejaron Carrasquilla, Duque, Santos, Uribe y Pastrana, pero se negaron a hacerlo.
Como no van a cambiar el statu quo, la población tiene el derecho a movilizarse democráticamente por un precio justo de los combustibles, como lo han hecho en Ecuador, México, Bolivia y Francia.

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