El precio de la energía eléctrica en Colombia no bajó como dicen: lo que viene es un cobro hasta de 8 pesos por kWh
El Ministerio de Minas y Energía planteó un cobro de 8 pesos por kWh en el precio de la energía eléctrica que impactaría a los hogares colombianos.
El debate sobre el precio de la energía eléctrica en Colombia ha entrado en una tensión política y social que va más allá de cifras porcentuales y comparaciones con picos tarifarios del pasado. Aunque el Gobierno sostiene que las tarifas han bajado, distintos anuncios regulatorios y financieros anticipan que los usuarios podrían enfrentar nuevos cargos para sostener un sistema con fallas estructurales profundas.
Las reducciones anunciadas se calculan a partir de periodos en los que las tarifas alcanzaron niveles excepcionalmente altos. En paralelo, la posible incorporación de un cobro adicional por kilovatio-hora para cubrir la deuda de Air-e abre la puerta a que los costos de la crisis del sector eléctrico terminen trasladándose a los usuarios, golpeando con mayor fuerza a los hogares con menor capacidad de pago.
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La pregunta de fondo es si el precio de la energía eléctrica es hoy realmente más bajo o si, por el contrario, se está reempaquetando una deuda estructural que acabará recayendo sobre los hogares colombianos. Y, en ese escenario, quién asume los costos de una gestión energética históricamente deficiente.
La ilusión de la “rebaja” en las tarifas
Tarifas y comparaciones que cuentan una historia incompleta
El Gobierno ha insistido en que el precio de la energía eléctrica ha bajado en términos promedio (una reducción que supera el 16% a nivel nacional y cerca del 28% en la región Caribe) frente a los picos tarifarios de años recientes. Esto, según la narrativa oficial, sería evidencia de que el impacto sobre los hogares se ha moderado.
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Sin embargo, estos porcentajes responden a comparaciones con niveles excepcionalmente altos de tarifas anteriores. Es decir, la aparente “bajada” se ancla en un punto de partida inflado, lo que da lugar a una lectura distorsionada de la realidad tarifaria que no se traduce directamente en mayor poder adquisitivo para las familias.
¿Reducción real en el precio de la energía eléctrica?
Aunque cifras como la reducción del kilovatio-hora de $1.072 a $796 en la Costa Caribe, una caída de cerca del 25% tras la intervención de Air-e se han difundido ampliamente, estudios independientes han cuestionado si esa disminución fue homogénea entre todos los usuarios, especialmente en estratos bajos, donde algunos análisis mostraron aumentos efectivos de hasta 5% en ciertos segmentos.
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Más aún, estas cifras deben leerse con cautela porque no todas las variables tarifarias están consideradas en los promedios oficiales, y no reflejan necesariamente el peso absoluto de la factura en el ingreso de una familia típica. Para hogares que ya enfrentan inflación persistente y estancamiento de ingresos, incluso una “tarifa menor” puede seguir resultando insostenible.
¿Nuevo cargo para todos los usuarios?
La polémica propuesta de $8 por kWh
Uno de los ejes más controvertidos del debate actual es el proyecto de resolución que plantea un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora, con el argumento de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional y responder a la deuda acumulada de Air-e, la empresa que opera gran parte de la distribución en la Costa Caribe.
Este cargo aunque pequeño en términos absolutos, se traduciría en un aumento efectivo de la factura de todos los usuarios, no solo de quienes están vinculados a las fallas más visibles del sistema. Para una familia con una factura promedio de $150.000, ese recargo podría representar un peso adicional significativo al final del mes.
Rechazo ciudadano: la Liga de Usuarios cuestiona el traslado de la crisis a los hogares
La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe rechaza de manera categórica la propuesta del Gobierno nacional de imponer un cobro adicional de 8 pesos por kilovatio en el precio de la energía eléctrica hora a todos los usuarios del país para atender la crisis financiera de Air-e.
Para Norman Alarcón, uno de sus representantes, se trata de una medida inadmisible porque traslada a los hogares una deuda que no es responsabilidad de los usuarios.
Según la Liga, Air-e atraviesa una situación de insolvencia estructural que se ha profundizado durante el periodo de intervención estatal. Alarcón subraya que la empresa lleva más de un año intervenida por el Gobierno nacional y que, conforme a la ley, es el Estado (a través de la Superintendencia de Servicios Públicos) quien debe garantizar su sostenibilidad financiera. Sin embargo, advierte que en este tiempo no se han girado recursos públicos para estabilizar la empresa.
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Desde esta perspectiva, el cobro adicional propuesto implicaría que cerca de 16 millones de hogares asuman mensualmente el costo de una crisis que, según la Liga, deriva de decisiones de gestión y de política pública. Alarcón ejemplifica que un hogar con un consumo promedio de 300 kilovatios hora pagaría alrededor de 2.400 pesos más al mes, una carga que, agregada a escala nacional, permitiría cubrir una deuda que debería ser atendida por el Estado y no por los usuarios.
La Liga también cuestionó que el Gobierno no haya recurrido al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, mecanismo creado precisamente para financiar empresas intervenidas y que, en el pasado, permitió inyecciones multimillonarias a Electricaribe.
Para los usuarios organizados, optar por un recargo tarifario en lugar de estos instrumentos legales sienta un precedente que socializa las pérdidas del sistema eléctrico y profundiza la presión sobre los hogares, especialmente en regiones como el Caribe, donde las tarifas han sido históricamente más altas.
Más allá del debate coyuntural, el precio de la energía eléctrica en Colombia revela una tensión estructural no resuelta entre sostenibilidad financiera, responsabilidad del gobierno y protección del ingreso de los hogares. La propuesta de trasladar parte de la crisis de una empresa intervenida a millones de usuarios evidencia una política que prioriza el equilibrio contable del sistema por encima de su función social.
