Elecciones 2026: la Asamblea Constituyente como estrategia de campaña del Gobierno Petro

 

En el discurso del pasado 3 de octubre en Ibagué, el presidente Gustavo Petro insistió en la Constituyente como un instrumento para superar los bloqueos institucionales, pero también con miras a las elecciones del 2026.

El verdadero peso político de la idea radica en su potencial para transformar el escenario electoral de las elecciones 2026, manteniendo cohesionada a la base del petrismo y arrancando la campaña electoral.

A pesar de que el artículo 127 de la Constitución Política prohíbe expresamente a los servidores públicos participar en política.

Le puede interesar: El poder constituyente

Asamblea Constituyente y estrategia electoral

La Asamblea Constituyente se ha convertido en la bandera política más visible del Gobierno. Desde la Casa de Nariño se argumenta que el país enfrenta un “bloqueo institucional” que detiene las reformas sociales aprobadas por el voto popular. 

El presidente Petro sostiene que las instituciones no están a la altura del cambio que el pueblo exige, y que el Congreso se llenó de “paracos”, “politiqueros y corruptos”. Bajo esa narrativa, el “poder constituyente” se erige como el camino para que el pueblo apruebe sus reformas sociales.

El cronograma propuesto evidencia la conexión entre la Constituyente y las elecciones 2026. El Gobierno plantea que el proyecto de ley para convocarla se tramite en el nuevo Congreso que se posesionará el 20 de julio de 2026. 

Esto traslada el centro de la disputa política al terreno electoral: el oficialismo buscará una mayoría legislativa favorable para aprobar la iniciativa. En la práctica, la Constituyente convierte las elecciones 2026 en un referendo sobre la continuidad del proyecto político de Petro.

Leer más: Asamblea Constituyente en Colombia: el plan de Petro rumbo a las elecciones de 2026

Gustavo Petro y el poder constituyente como narrativa de campaña

La insistencia de Gustavo Petro en el concepto de “poder constituyente” tiene un claro propósito político. Más que una propuesta institucional concreta, funciona como una narrativa movilizadora que interpela directamente a la ciudadanía: el pueblo contra las élites, el cambio contra el bloqueo. 

Petro ha dicho que Colombia entró en “modo constituyente”, y espera organizar comités y recolectar 2,5 millones de firmas. El mensaje traslada la discusión del Congreso a las calles, donde el Gobierno empieza a perder fuerza social.

La apuesta busca reactivar la conexión emocional con el electorado que llevó a Petro al poder en 2022. En esa lógica, las elecciones 2026 se proyectan como el momento decisivo para “recuperar el mandato popular traicionado por las instituciones”.

Reforma a la Constitución o estrategia de control político

El Gobierno insiste en que la Asamblea Constituyente no pretende sustituir la Constitución de 1991, sino “materializar sus principios sociales y democráticos”. No obstante, la propuesta genera preocupación incluso entre sectores progresistas. 

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha planteado que una nueva Constituyente podría “barajar de nuevo” las reglas institucionales, lo que alimenta los temores sobre una eventual reelección presidencial o una ampliación de los poderes del Ejecutivo.

Los analistas políticos interpretan este discurso como un intento de reconfigurar el campo político más que de transformar el marco constitucional. La Constituyente funciona como una herramienta de presión: al presentar la agenda de reformas como una causa popular bloqueada por las élites, el Gobierno busca forzar una identificación entre la defensa del cambio y el voto por el oficialismo.

Así, las elecciones 2026 dejan de ser solo una competencia por el poder legislativo para convertirse en un plebiscito sobre la continuidad del proyecto de transformación.

Las tensiones jurídicas y la lectura política

El ministro de justicia, Montealegre, argumenta que el presidente puede aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” si considera que el Congreso bloquea los derechos del pueblo.

En cambio, constitucionalistas como Rodrigo Uprimny y Catalina Botero sostienen que el artículo 376 de la Constitución es claro: solo el Congreso puede iniciar el proceso para convocar una Asamblea Constituyente. Intentar hacerlo por vía ciudadana (recolección de firmas o decretos ejecutivos) implicaría una “ruptura constitucional”. 

El jurista Mauricio Gaona, advirtió además que, si una asamblea constituyente se orienta a concentrar el poder presidencial sin límites, se podría pasar de la democracia a la dictadura.

Más allá de las disputas legales, el tema ha derivado en un enfrentamiento político. Para la oposición, la propuesta es una “cortina de humo” ante la falta de resultados en salud, educación y empleo. El precandidato al Senado, Jorge Robledo, la califican de “cañazo”, un movimiento táctico para mantener la atención mediática y reanimar la base electoral.

En contraste, los simpatizantes del Gobierno la consideran una forma legítima de presión democrática frente a instituciones capturadas por intereses tradicionales. Según el precandidato a la presidencia del Pacto Histórico, Daniel Quintero, las transformaciones de fondo solo serían viables con una nueva Carta Política que permita renovar las estructuras institucionales del país.

Entre la gobernabilidad y la campaña anticipada

A dos años de las elecciones 2026, la delgada línea entre gobernar y hacer campaña se vuelve cada vez más difusa. La iniciativa de la Asamblea Constituyente aparece como un instrumento político para sostener la narrativa del cambio y mantener a sus bases en modo electoral.

En el corto plazo, la propuesta le permite al Gobierno reposicionarse en el debate público y reagrupar a su base; en el largo, busca condicionar el desenlace electoral de 2026. 

Siga leyendo: La Constituyente sí es un cañazo

El costo es el aumento de la polarización por un país dividido entre quienes ven en la Constituyente la promesa del “mandato del pueblo” y quienes la temen como el preludio de una concentración de poder.