Emergencia económica para recaudar $16 billones en 2026 tras el fracaso de la tributaria de Petro
Emergencia económica, déficit fiscal, impuestos y choque institucional marcan la apuesta del Gobierno Petro para financiar el 2026.
La emergencia económica anunciada por el Gobierno el pasado viernes busca responder al déficit que dejó el fracaso político de una reforma tributaria diseñada para recaudar $16,3 billones de pesos y financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026. La negativa del Congreso no solo expuso la falta de consensos fiscales, sino que dejó sin respaldo financiero varios programas sociales y compromisos del Estado.
El decreto de emergencia económica fue firmado el jueves 18 de diciembre por el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial. La decisión fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y anunciada públicamente por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, como parte de una estrategia para enfrentar la desfinanciación del presupuesto.
La medida abre así un nuevo capítulo de tensión institucional y debate económico en Colombia. En un contexto de crecimiento moderado, persistente desigualdad, suspensión del Marco Fiscal de Mediano Plazo y un margen fiscal estrecho, la emergencia económica se plantea como un mecanismo excepcional para responder a una fragilidad estructural del sistema tributario.
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La emergencia económica abre un nuevo choque entre el Gobierno y la Corte Constitucional
Hasta ahora, el Gobierno no ha detallado las medidas concretas que adoptará al amparo de la emergencia económica. Lo que sí es claro es que la declaratoria deberá ser revisada de manera automática por la Corte Constitucional, que retomará actividades el próximo 10 de enero.
El antecedente reciente no favorece al Ejecutivo. En octubre de 2023, la Corte declaró inexequible una emergencia económica decretada por el presidente Gustavo Petro en La Guajira, tras concluir que no respondía a una urgencia sobreviniente, sino a problemas estructurales de larga data, y que además no justificaba la asunción de funciones propias del Congreso.
A ello se suma una decisión posterior, en abril de este año, cuando el tribunal anuló parcialmente otra declaratoria expedida tras la conmoción interior en el Catatumbo, argumentando excesos en el uso de facultades excepcionales.
Déficit, deuda y estrechez fiscal: el verdadero trasfondo de la emergencia económica
La emergencia económica se decreta en un momento en el que las finanzas públicas de Colombia están en niveles críticos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la economía colombiana crecería alrededor de 2,8% en 2025 y 2026, una revisión al alza frente a estimaciones anteriores, pero aún insuficiente para compensar el aumento del gasto público y estabilizar de forma sostenida el déficit.
El propio organismo advierte que la recuperación de la inversión será gradual y parcial, y que seguirá muy por debajo de los niveles prepandemia, cuando representaba entre el 21% y el 22% del PIB. La persistente incertidumbre económica y el bajo desempeño del sector de la construcción continúan limitando uno de los motores clave del crecimiento y de la generación de ingresos fiscales de largo plazo.
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En el frente externo, un sector clave como las exportaciones tampoco ofrece un alivio claro. La OCDE prevé que se mantengan contenidas debido a restricciones de oferta internas y a un entorno internacional marcado por alta incertidumbre, en particular por los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos, destino de cerca del 28% de las exportaciones colombianas.
A esto se suma que las ventas externas de petróleo y minería, sectores históricamente determinantes para el ingreso de divisas y el recaudo fiscal, están limitadas por la capacidad productiva interna. En este contexto, el Estado enfrenta un déficit fiscal elevado que ha obligado al Gobierno a sostener el gasto recurriendo a un mayor endeudamiento.
La suspensión del Marco Fiscal de Mediano Plazo ha profundizado esta vulnerabilidad, al debilitar uno de los principales anclajes de credibilidad de la política fiscal y aumentar la incertidumbre sobre la trayectoria futura de la deuda pública.
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Los impuestos que el Gobierno evalúa bajo la emergencia económica
Aunque el Gobierno no ha hecho público el detalle del decreto de emergencia económica, versiones preliminares conocidas por la prensa y analistas permiten anticipar el tipo de medidas tributarias que estarían sobre la mesa. El ministro Armando Benedetti, ha señalado que el objetivo es concentrar la carga fiscal en “los más ricos” sin afectar a la clase media, pero el alcance real de las propuestas sugiere un impacto más amplio sobre la economía.
El 5×1.000 como impuesto de recaudo inmediato
Entre las medidas evaluadas aparece el incremento del gravamen a los movimientos financieros, que pasaría del 4×1.000 al 5×1.000. Se trata de un impuesto de recaudo rápido y de fácil implementación, pero ampliamente cuestionado por su carácter regresivo, ya que encarece el uso del sistema financiero y termina afectando tanto a hogares como a pequeños y medianos negocios que dependen de transacciones bancarias cotidianas.
Nuevos impuestos al consumo de licores y cigarrillos
La emergencia económica contempla la creación de nuevos impuestos al consumo, en particular sobre los licores y cigarrillos. Aunque este tipo de gravámenes suele justificarse desde la política de salud pública, en la práctica se traslada de manera directa al precio final, reduciendo el ingreso disponible de los hogares y presionando el gasto de quienes destinan una mayor proporción de su renta al consumo básico.
Ampliación del impuesto al patrimonio
Otra línea de ajuste sería la ampliación del impuesto al patrimonio, tanto para personas naturales como para empresas. La propuesta plantea que el tributo se cause sobre patrimonios líquidos iguales o superiores a 40.000 unidades de valor tributario, calculados a partir del patrimonio bruto menos las deudas vigentes.
Aunque el objetivo declarado es concentrar la carga en los segmentos de mayor riqueza, su diseño y alcance serán determinantes para evaluar si cumple un rol redistributivo real o si termina afectando estructuras productivas clave.
IVA del 19% a los juegos de azar en línea
En el paquete también se incluye un cambio relevante en el régimen tributario de los juegos de azar en línea. Las apuestas digitales quedarían gravadas con un IVA del 19%, sin importar si se realizan desde Colombia o desde plataformas en el exterior. Esta medida implicaría un aumento en el valor de los depósitos realizados por los usuarios y equipararía esta industria con la tributación aplicada a otros servicios.
Nuevo impuesto a petróleo y carbón
Finalmente, la creación de un impuesto del 1% sobre la extracción, la primera venta o la exportación de petróleo crudo y carbón, aplicable a empresas y grupos económicos con rentas líquidas elevadas. Aunque el Gobierno busca reforzar el recaudo a partir de sectores estratégicos, la medida se plantea en un momento en el que la producción de hidrocarburos y minería enfrenta restricciones internas y un entorno internacional menos favorable.
Estas medidas han generado cuestionamientos por su posible impacto regresivo. En una economía con altos niveles de informalidad, los impuestos indirectos tienden a afectar con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos y a los pequeños negocios, trasladando el costo del ajuste fiscal hacia los sectores más vulnerables.
La emergencia económica reabre así el debate sobre la equidad del sistema tributario y sobre quién termina pagando los costos de la desfinanciación del Estado.
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