Escándalo de la UNGRD: cronología para entender lo que sigue en el caso de corrupción tras principio de oportunidad de Sneyder Pinilla
Con un desfalco que superaría el billón de pesos y que involucra a congresistas, exministros y contratistas, el escándalo de la UNGRD está lejos de terminar gracias al principio de oportunidad firmado por Sneyder Pinilla.
El escándalo de la UNGRD avanza gracias al principio de oportunidad firmado por Sneyder Pinilla, que podría revelar toda la magnitud del caso.
Lo que comenzó como una denuncia por la compra irregular de carrotanques en La Guajira terminó destapando un entramado de clientelismo, contratos inflados y desvío de recursos que, según la Fiscalía y la Contraloría, alcanzaría al menos $1 billón.
Este dinero, que debía usarse en programas de agua potable, atención de emergencias y fortalecimiento institucional, habría terminado financiando sobornos a congresistas, redes políticas y pagos a contratistas en zonas con presencia del ELN.
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Clientelismo y compra de apoyos políticos
El caso tomó fuerza en 2024, cuando Andrés Calle, expresidente de la Cámara, e Iván Name, expresidente del Senado, fueron mencionados en los testimonios de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD. Según Pinilla, se entregaron alrededor de $4.000 millones a Name y $3.000 millones a Calle para garantizar apoyo legislativo a las reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro.
Este mecanismo, basado en el clientelismo, habría sido articulado desde la propia entidad y con la participación de altos funcionarios del Ejecutivo. Los señalamientos también alcanzaron a figuras del Ministerio de Hacienda, desde donde se habrían girado recursos con destinación dudosa hacia los contratos en cuestión.
El exministro Ricardo Bonilla en el radar
El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido salpicado indirectamente en las investigaciones. Aunque él ha rechazado cualquier participación en el caso, varios de los giros cuestionados salieron de su cartera durante su gestión. La oposición y sectores de control político lo señalan de haber tenido conocimiento de los flujos financieros que luego fueron direccionados a la UNGRD para nutrir la red de corrupción.
Bonilla insiste en que su papel fue estrictamente técnico y que cualquier uso indebido de los recursos corresponde a decisiones tomadas por la entidad ejecutora. Sin embargo, el hecho de que los dineros hayan pasado por el Ministerio que dirigía lo mantiene bajo la lupa.
La gestión del riesgo en Colombia en el gobierno de Petro
El escándalo expuso las debilidades estructurales en la gestión del riesgo en Colombia, justo en un gobierno que se había propuesto fortalecer la respuesta a desastres naturales y emergencias climáticas. En lugar de cumplir su misión, la UNGRD se convirtió en una “bolsa” de recursos usada para tejer alianzas políticas y alimentar prácticas de corrupción.
La gota que derramó el vaso fue el descubrimiento de sobrecostos en los contratos en La Guajira por medio de los cuales se compraron 40 carrotanques para mitigar la crisis de agua. Esto generó no solo pérdidas económicas, sino también graves consecuencias sociales para comunidades que siguen esperando soluciones a problemas estructurales.
Ministerio de Hacienda y flujos de dinero sospechosos
La investigación apunta a que parte del desfalco se estructuró a través de transferencias realizadas por el Ministerio de Hacienda hacia la UNGRD, bajo la figura de proyectos de inversión. Una fracción de esos recursos fue redirigida a contratos en territorios con presencia del ELN, lo que abre otra línea sensible: la posible infiltración del dinero en procesos asociados a la llamada “paz total”.
La Fiscalía y la Contraloría rastrean los movimientos para determinar si funcionarios del Ministerio facilitaron, por acción u omisión, que los recursos fueran usados como caja menor de intereses políticos.
El costo político del escándalo
Aunque el presidente Gustavo Petro ha señalado que no permitirá que su gobierno quede manchado por estos hechos, lo cierto es que el caso de la UNGRD ha golpeado la credibilidad de su agenda reformista. La oposición insiste en que este desfalco es prueba de que se replican viejas prácticas de clientelismo que el Pacto Histórico prometió erradicar.
Además, el impacto no es solo político: las comunidades afectadas en La Guajira y otras regiones siguen sin soluciones concretas. El desvío de recursos de la UNGRD significó dejar de atender emergencias reales para financiar acuerdos bajo la mesa.
¿Qué viene en la investigación?
La Fiscalía ya tiene bajo medida de aseguramiento a Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la entidad, quienes decidieron colaborar como testigos. Sus declaraciones son clave para identificar a congresistas, exministros y funcionarios de otras entidades que habrían participado.
Con las cifras actualizadas, el desfalco no es de $380.000 millones como se dijo en un inicio, sino de al menos $1 billón, lo que convierte este caso en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Colombia.
El desenlace judicial aún está abierto, pero lo que ya es claro es que este gobierno, al igual que los anteriores, utilizó la UNGRD para prácticas de clientelismo y corrupción, que siguen drenando los recursos del Estado.
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