sábado, 9 de mayo de 2026
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Así fijan los precios de los biocombustibles Argentina, Brasil, Estados Unidos e Indonesia, según Fedesarrollo

Así fijan los precios de los biocombustibles Argentina, Brasil, Estados Unidos e Indonesia, según Fedesarrollo

 Mientras el Gobierno colombiano abre el debate para modernizar la metodología de cálculo del Ingreso al Productor (IP) de los biocombustibles, diferentes países han desarrollado esquemas propios que equilibran competitividad, sostenibilidad y estabilidad en el mercado. 

De acuerdo con un estudio de Fedesarrollo, las experiencias de Argentina, Brasil, Estados Unidos e Indonesia muestran diversas rutas para la fijación de precios de biocombustibles, con mecanismos que combinan referencias internacionales, control estatal y fórmulas mixtas basadas en costos.

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El debate en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía anunció el 1 de octubre de 2025 la apertura de una mesa de trabajo con productores, gremios y ministerios para revisar la metodología de precios de los biocombustibles. 

Hasta ahora, el precio del etanol carburante se calcula con base en la cotización internacional del azúcar, y el del biodiésel, sobre el aceite crudo de palma. Sin embargo, estas referencias ya no reflejan las condiciones reales del mercado, lo que ha generado distorsiones internas y presión sobre el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

El objetivo, según el ministro Edwin Palma, es “alinear los precios nacionales con los estándares internacionales y lograr un esquema más justo y eficiente”. En ese contexto, conocer las experiencias de otros países resulta clave para entender hacia dónde puede orientarse la nueva fórmula de precios de biocombustibles en Colombia.

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Argentina: un modelo basado en costos de producción y márgenes regulados

Argentina implementa un esquema de intervención estatal directa, administrado por la Secretaría de Energía, que publica mensualmente los precios oficiales para el etanol y el biodiésel.

El sistema argentino se basa en una fórmula de costos reconocidos, que incluye:

  • Precio del insumo principal (soja o maíz).
  • Costos operativos e industriales.
  • Gastos financieros y un margen razonable de rentabilidad.

En el caso del biodiésel, el precio está indexado al aceite de soja y ajustado según la evolución del mercado local y exportador. Para el etanol, se calcula según el valor del maíz o la caña de azúcar, dependiendo de la materia prima empleada.

El resultado es un mecanismo previsible pero sensible a los cambios en los costos internos, lo que garantiza estabilidad a los productores pero puede generar rigidez en períodos de alta volatilidad internacional.

Brasil: precios flexibles y política de incentivo a la competencia

Brasil, pionero en el desarrollo del etanol carburante, aplica un modelo de libre competencia regulada. Desde la liberalización de precios en 1999, el valor del etanol y del biodiésel lo determinan oferta y demanda, aunque con supervisión del Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

El país utiliza un sistema de paridad internacional para monitorear la relación entre los precios domésticos y los del mercado global, pero sin fijar un valor oficial único.

No obstante, existen incentivos fiscales y mecanismos de estabilización, como el RenovaBio, que promueve la reducción de emisiones mediante créditos de descarbonización (CBIOs). Esto introduce una señal de sostenibilidad ambiental que complementa el componente económico.

La experiencia brasileña muestra cómo un esquema de precios liberalizado puede funcionar si hay transparencia, infraestructura adecuada y mercados profundos que aseguren liquidez.

Estados Unidos: fórmula mixta y mandato de mezcla obligatorio

En Estados Unidos, los precios de los biocombustibles no se fijan de forma centralizada, pero su mercado se guía por el Renewable Fuel Standard (RFS), política federal que obliga a las refinerías a incorporar un volumen mínimo de combustibles renovables.

Los precios del etanol y del biodiésel se determinan principalmente en función de:

  • Cotizaciones del maíz y la soya (materias primas principales).
  • Precios internacionales del petróleo.
  • Créditos de cumplimiento conocidos como Renewable Identification Numbers (RINs).

El Departamento de Energía (DOE) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) supervisan la evolución del mercado, ajustando los volúmenes obligatorios de mezcla para equilibrar oferta y demanda.

Este modelo ofrece flexibilidad y una señal de mercado basada en incentivos regulatorios, más que en control directo de precios. Sin embargo, su efectividad depende de la estabilidad en los precios agrícolas y del petróleo.

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Indonesia: control estatal y referencia al precio internacional del crudo

Indonesia, uno de los mayores productores de biodiésel a base de palma, mantiene un modelo de fijación estatal centralizada, administrado por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales.

El precio se calcula con base en una fórmula de paridad internacional, que considera:

  • Precio promedio del aceite de palma crudo (CPO) en los mercados globales.
  • Costos de transporte y mezcla.
  • Un margen para los productores.

El gobierno, además, financia un Fondo de Biodiésel (BPDP-KS) que subsidia parte de los costos cuando los precios internacionales caen, asegurando la rentabilidad del sector y la continuidad del programa de mezcla B35 (35% biodiésel en el diésel).

Esta combinación de control estatal y ajuste dinámico ha permitido mantener estabilidad, aunque con alta dependencia del presupuesto público y de los precios del CPO.

Lecciones para Colombia

Las experiencias comparadas muestran que no existe un único modelo exitoso.

  • Argentina apuesta por un esquema regulado y predecible, basado en costos.
  • Brasil confía en la competencia y la transparencia de mercado.
  • Estados Unidos combina incentivos regulatorios con mecanismos de mercado.
  • Indonesia prioriza la intervención estatal y los subsidios para estabilizar precios.
  • En este contexto, el reto de Colombia consiste en encontrar un equilibrio entre competitividad, sostenibilidad fiscal y estímulo a la producción nacional.

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La referencia a un precio de paridad internacional, como propone el nuevo proyecto de resolución, apunta hacia un modelo más transparente y alineado con estándares globales, aunque su implementación tendrá efectos negativos en la industria nacional y requerirá datos confiables, seguimiento técnico y consenso gremial.

 

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