Corrupción en Colombia: Fiscalía habla de empresa criminal y dice que altos funcionarios y congresistas estarían involucrados en escándalo de UNGRD
La corrupción en Colombia no da tregua. En un reciente giro de eventos, la Fiscalía General de la Nación presentó graves acusaciones contra altos funcionarios del gobierno, congresistas y empresarios. Esto es lo que se sabe.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD, la fiscal delegada, Andrea Muñoz, describió el actual caso de corrupción en Colombia como una “empresa criminal” que involucra a funcionarios públicos y privados, cuyo propósito era presuntamente el desvío ilícito de recursos destinados a emergencias y calamidades a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Dentro de los posibles involucrados en los escándalos de corrupción en Colombia se han mencionado a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; el exministro del Interior, Juan Fernando Velasco, el exministro de Salud, Gullermo Jaramillo; entre otros.
En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD; Sneyder Pinilla, exsubdirector de desastres de esa entidad, y el empresario Luis Eduardo López Rosero, la Fiscalía ha presentado nuevas pruebas contundentes que sugieren la existencia de un complejo esquema de corrupción en Colombia.
Durante más de tres horas, el ente acusador reveló parte de la evidencia transportada en dos maletas de viaje.
El informe de la Fiscalía también menciona a Luis Carlos Barreto Gantiva como una cuota de César Manrique dentro de la UNGRD. Barreto, quien era subdirector de Conocimiento del Riesgo y manejaba temas científicos y de contratación prolongada, fue designado por Olmedo López para gestionar proyectos en La Guajira.
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La corrupción en Colombia es toda una “empresa criminal”
Según la Fiscalía, Olmedo López, Sneyder Pinilla, Pedro Rodríguez Melo y otros funcionarios, incluido el actual director de Función Pública, César Manrique, formaron una organización para direccionar contratos de forma irregular.
De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía, los contratos amañados usaban presuntamente recursos destinados a la asistencia humanitaria, lo que les permitía a estos individuos apropiarse de fondos públicos.
Uno de los puntos más destacados de la acusación por corrupción en Colombia es el presunto pago de sobornos a congresistas, facilitado con el visto bueno de altos funcionarios de la Presidencia, para sacar adelante los proyectos de ley del gobierno.
Sobornos a congresistas
Olmedo López ha confesado que, en su rol dentro de esta empresa criminal de corrupción en Colombia, coordinó la entrega de sobornos a congresistas. Entre los presuntos implicados se encuentran los expresidentes del Senado, Iván Name Vásquez, y de la Cámara, Andrés Calle, quienes habrían recibido altas sumas de dinero en efectivo.
La fiscal, Andrea Muñoz, destacó que estos pagos se realizaron con el conocimiento y apoyo de funcionarios clave, incluyendo al exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia y actual director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.
Uso irregular de fondos de la Reforma Agraria
Uno de los aspectos más críticos que reveló la Fiscalía del escándalo por corrupción en Colombia es el desvío de fondos destinados a la Reforma Agraria. Los implicados habrían gestionado el traslado de $100 mil millones que la UNGRD tenía en convenio con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), originalmente asignados para avanzar en la Reforma Agraria.
La Fiscalía aseguró que César Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, coordinó el traslado de recursos de la ANT a contratos corruptos en la UNGRD. Manrique habría gestionado, junto con Olmedo López y Luis Carlos Barreto Gantiva, una coima del 7% por la transferencia de los $100 mil millones.
De acuerdo con el ente acusador, esos fondos, destinados a proyectos como plantas desalinizadoras y pozos subterráneos, fueron direccionados a cambio de sobornos.
Participación de altos funcionarios
En las acusaciones de la Fiscalía del presunto caso de corrupción en Colombia surgieron varios nombres. Según Olmedo López, el 27 de noviembre de 2023 se llevó a cabo una importante reunión en la Casa de Nariño, específicamente en la oficina del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), que en ese momento estaba dirigido por Carlos Ramón González.
El exdirector de la UNGRD dijo que fue González quien lo citó para esta reunión. En este cónclave también participaron presuntamente el ministro de Interior de entonces, Luis Fernando Velasco; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.
Durante esta reunión, Velasco informó a los presentes sobre su estrategia para negociar votos a cambio de contratos para la reforma a la salud, revelando detalles sobre la compra de votos con contratos, dijo la Fiscalía.
La Fiscalía dijo que otra reunión crucial ocurrió el 15 de diciembre de 2023 en las oficinas del Ministerio de Hacienda. En esta reunión, Ricardo Bonilla habría instruído presuntamente a Olmedo López para que gestionara con urgencia tres contratos específicos valorados en $92.000 millones, como parte de un compromiso para cumplir con las demandas de los congresistas.
En esa ocasión, también estuvo presente María Alejandra Benavides, asesora del Ministerio de Hacienda, quien presuntamente jugó un papel clave en la coordinación de los contratos y la entrega de sobornos.
La primera reunión documentada en este contexto se realizó el 25 de septiembre de 2023, cuando Olmedo López, junto con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, sostuvieron un desayuno con Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones. De acuerdo con el ente acusador, esta reunión fue crucial para coordinar la estrategia de sobornos y la asignación de recursos para los contratos, que posteriormente se vincularían al esquema de corrupción en Colombia.
Además, se ha mencionado que Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre, desempeñó un papel importante en la coordinación de los contratos. Aunque no se detalla una reunión específica, Ramírez Cobo estaría presuntamente involucrado en la gestión de los contratos y en la comunicación con Sneyder Pinilla para asegurar el cumplimiento de los compromisos con los congresistas.
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Reacciones de los involucrados en acusaciones de corrupción en Colombia
Ante los señalamientos en su contra, César Manrique negó tener cuotas dentro de la UNGRD y afirmó que no recomendó a Luis Carlos Barreto para su posición. Declaró que las acusaciones sobre su participación en el desvío de fondos son falsas y que solicitará ser escuchado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para aclarar su situación en medio del escándalo de corrupción en Colombia.
La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también se pronunció sobre su mención en el escándalo de corrupción en Colombia, indicando que su participación en las reuniones del gobierno se limitaba a la parte técnica y que se retiraba una vez finalizadas estas discusiones.
Por su parte, el ministro Bonilla respondió que sigue “con respeto y atención” la labor de la Fiscalía. En un comunicado, aseguró que espera “con tranquilidad mi día y mi oportunidad ante la justicia porque mis actos se defienden solos”.
Bonilla argumentó que preguntar por un trámite no es lo mismo que “direccionar” y que ejecutar un presupuesto no implica entregar dinero ilícitamente. Además, insistió en que ni él ni su despacho han incurrido en irregularidades y reiteró su disposición a colaborar con la investigación.
“Cuando esto se haga estoy seguro que la Fiscalía llegará a una sola conclusión: los delitos los cometieron otros y los delincuentes son otros”, concluyó Bonilla.
Primeras reacciones del presidente Petro sobre presunto caso de corrupción en Colombia
Las revelaciones de la Fiscalía sobre la supuesta vinculación de miembros del círculo cercano del presidente Petro en el escándalo de la UNGRD han llamado la atención y hasta han llevado a inferencias que relacionan la emergencia económica y social declarada en La Guajira por el primer mandatario con el presunto entramado de corrupción en Colombia.
Ante dichos señalamientos, el mandatario se pronunció a través de X, donde afirmó que no va a “defender a nadie en este proceso de la UNGRD”.
En otro trino publicado más temprano, hizo un recuento de la declaratoria de emergencia y la desligó del escándalo. “Ante la perspectiva de la sequía anunciada desde diciembre del 2022 por todo el país y ante el agravamiento de las predicciones, el consejo de ministros decretó la emergencia económica en el mes de julio”, de esta forma comenzó el mandatario.
El mandatario hizo énfasis en que su decreto de emergencia no le daba a la UNGRD el manejo de la atención por la sequía. Incluso, señaló que con los decretos de emergencia creaba una entidad completamente nueva, el Instituto Nacional del Agua, para atender la sequía. A esto añadió que en agosto se suspendió a Olmedo López por un mes.
De cierta forma, el mandatario atribuyó parte de la responsabilidad del escándalo de corrupción en Colombia a la Corte Constitucional, al recordar que tumbó la emergencia para La Guajira y con ello se frenó la consolidación del Instituto del Agua, que fue su “propuesta para solucionar el problema de agua potable”.
“Regresó Olmedo de su suspensión y se evidenció por la prensa el robo en el contrato de carro tanques. Inmediatamente pedí la renuncia de Olmedo”, dijo el mandatario, que no hizo mención al hecho de que, durante la crisis por los incendios de comienzo de año, fue un amplio crítico de que López hubiese sido apartado del cargo.
Por último, frente al escándalo por el presunto caso de corrupción en Colombia, el presidente Petro habló de lo que sería, a su consideración, un desfase en las fechas por parte de López.
“El contrato de carro tanques hecho corruptamente por Olmedo y la acusación que hace él de entrega de coimas a los congresistas que menciona, mes de octubre, se da antes del llamado cónclave de noviembre como lo ha denominado el mismo Olmedo”, expresó el mandatario, quien ha insistido en otras ocasiones en que López y Pinilla necesitan hacer denuncias para garantizar su principio de oportunidad.
