Por Erwin Hernando Hernández Rincón, MD, Ms, Mph, PhD. Profesor Asociado del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública, de la Facultad de Medicina, Universidad de La Sabana.

La medicina ha sido históricamente una de las profesiones más respetadas y esenciales en Colombia. Sin embargo, recientes decisiones gubernamentales están transformando a la formación médica (o tienen el riesgo de transformarla) en un lujo accesible solo para unos pocos, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de salud del país.

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Y esto debido a que, según la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME), anualmente se gradúan entre 6.000 y 7.000 médicos en Colombia.

A diferencia de décadas anteriores, muchos de estos estudiantes provienen de estratos medios y bajos, los cuales muchos dependen del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) para financiar sus estudios, dado que las matrículas pueden superar los 30 millones de pesos por semestre.

No obstante, desde finales del año pasado, el Gobierno Nacional congeló los créditos del ICETEX para todas las carreras. Aunque durante los meses posteriores y en febrero de 2025 se reanudaron parcialmente los desembolsos, estos vinieron acompañados de un incremento en las tasas de interés, argumentando una «compleja situación fiscal» que impide mantener los subsidios previamente otorgados.

Esta medida ha generado una crisis educativa sin precedentes, afectando especialmente a los aspirantes a la carrera de medicina, y este es uno de los motivos principales para escribir esta columna, sumado a la cercanía con algunos colegas ya graduados que provenían de estratos bajos y medios quienes hoy no serían médicos si no hubiera sido por la financiación del ICETEX para su pregrado y posgrado en medicina; como también, la preocupación que me manifiestan nuevas generaciones de estudiantes con quienes actualmente tengo contacto.

Para iniciar, la reducción presupuestal del ICETEX es alarmante. Según la Contraloría General de la República, más de 332.000 cupos de créditos están en riesgo, y 180.000 estudiantes activos podrían quedarse sin renovación de sus préstamos, lo que inevitablemente llevará a una deserción masiva.

Para los estudiantes de medicina, esta situación es particularmente crítica, dado que la duración y el costo de su formación son significativamente mayores en comparación con otras disciplinas.

Por otro lado, Colombia ya enfrenta un déficit de profesionales de la salud, en dónde en el caso de los médicos para el 2024 el país contaba con aproximadamente con 130 mil profesionales de medicina.

Y es que al limitar el acceso a la formación médica no solo agravará esta escasez, sino que también incrementará las inequidades en el sistema de salud, aún más en un modelo de atención que el Gobierno Nacional está promoviendo bajo la estrategia de Atención Primaria, la cual, según referentes de los últimos 40 años, destacan el papel del talento humano en salud como piedra angular de la estrategia.

Por lo anterior, al restringir las oportunidades de financiamiento, se corre el riesgo de que solo aquellos con recursos económicos suficientes puedan acceder a la educación médica, relegando a talentos provenientes de sectores menos favorecidos y perpetuando la exclusión social.

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Además, la mayoría de las facultades de medicina en el país son privadas, y la infraestructura pública es insuficiente para absorber la demanda de formación, y la eventual propuesta de crear nuevos programas públicos no es tan sencillo, porque entre otros factores se requieren de grandes condiciones de infraestructura y tecnología, como hospitales simulados, centros de práctica y profesores con calidad en educación médica, lo cual, no es tan sencillo y requiere de una gran inversión, que en el caso de darse los resultados se verían en por lo menos 10 años cuando se tengan los primeros egresados.

Por lo que, sin el apoyo financiero adecuado, miles de jóvenes verán truncados sus sueños de convertirse en médicos, lo que a largo plazo impactará negativamente en la calidad y cobertura de los servicios de salud en Colombia.

Por ese motivo, es imperativo que el Gobierno reevalúe estas decisiones y busque alternativas que no sacrifiquen el futuro de la medicina en el país, porque la educación no debe ser un privilegio, y menos en áreas tan vitales como la salud, sumado a que además también es una profesión social. Por lo que, garantizar el acceso a la formación médica y de otras profesiones de la salud es una inversión al bienestar y desarrollo sostenible de toda la sociedad colombiana.

Para finalizar, esto puede llevar a transformar a la medicina en una profesión de élite, lo cual, no solo es un retroceso social, sino una amenaza directa a la salud pública del país.

Por ese motivo, es responsabilidad del Estado asegurar que todos aquellos con la vocación y capacidad para servir como médicos tengan las herramientas necesarias para formarse, independientemente de su condición económica, situación que es respaldada por varias investigaciones y experiencias de otros sistemas de salud en el mundo, y no es una opinión subjetiva.