Francia Márquez, ¿víctima o cómplice del fracaso del gobierno?
El pasado 21 de mayo, durante la conmemoración de los 174 años de la abolición de la esclavitud en Colombia, la vicepresidenta Francia Márquez rompió su silencio con una intervención que, más que protocolaria, sonó a descargo político.
Márquez lanzó duras críticas al gobierno de Gustavo Petro, del cual sigue formando parte. Denunció abiertamente que ha debido ejercer su rol “sin garantías”, enfrentando obstáculos sistemáticos por parte de un “Estado racial” y de un gobierno que, en sus palabras, “practica el racismo y el patriarcado”.
Sus afirmaciones no fueron aisladas ni improvisadas. La vicepresidenta Francia Márquez acusó falta de respaldo político y presupuestal, especialmente en su intento por llevar inversión social a comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano.
Afirmó que muchas veces ha tenido que recurrir a alcaldes locales para financiar reuniones interinstitucionales y que los logros alcanzados durante su gestión han sido posibles gracias a la cooperación internacional, no al apoyo del gobierno nacional. El malestar también incluyó su salida del Ministerio de Igualdad, desde donde esperaba canalizar recursos y políticas transformadoras.
Estas declaraciones plantean un dilema serio: ¿es Francia Márquez una víctima dentro del llamado “gobierno del cambio”, o una figura que, pese a las diferencias, ha sido funcional al modelo que hoy critica? ¿Cuánto de lo que denuncia puede atribuirse a discriminación estructural y cuánto a las tensiones internas de un proyecto político que prometió que era con los “nadies” y ha generado decenas de contradicciones?
Ruptura dentro del movimiento negro con Francia Márquez
No todas las críticas hacia Francia Márquez provienen de la oposición o de sectores tradicionales. Quizá las más punzantes han venido desde dentro de las mismas luchas que la impulsaron al poder.
Ali Bantú Ashanti, director del colectivo Justicia Racial y una de las voces más visibles del movimiento negro en Colombia, fue en su momento aliado cercano de Márquez. El abogado trabajó desde su campaña, fue su abogado y encabezó la lista a la Cámara Afro por el movimiento Soy Porque Somos. Hoy, sin embargo, su tono es el de un desencantado que pasó de la esperanza a la indignación.
En una entrevista reciente, Bantú Ashanti cuestionó con dureza el papel de la vicepresidenta Francia Márquez, acusándola de victimizarse de manera excesiva y de no haber producido resultados concretos desde el Ministerio de la Igualdad, a pesar de haber contado con poder institucional real.
A su juicio, la denuncia del racismo y el patriarcado se ha convertido en una excusa repetitiva para justificar una gestión sin impacto. “¿Los resultados para cuándo?”, preguntó de forma directa, aludiendo a la falta de avances tangibles en los programas dirigidos a la población afrodescendiente y a los sectores más vulnerables.
El reproche no se queda solo en la crítica a los discursos, Bantú la acusa de haber manejado mal los recursos del Ministerio de Igualdad, al punto de poner en riesgo inversiones importantes como los 175.000 millones de pesos destinados al programa “Jóvenes en Paz”.
Afirma que no hubo planificación, inversión ni ejecución eficaz, y que Francia Márquez desoyó el consejo de no asumir personalmente la jefatura de un ministerio recién creado, sabiendo que estructurar una institución de esa magnitud toma años. “Ahora viene a excusarse con la comunidad y el país”, dijo, recordando que fue un gobierno —del cual ella forma parte— el que le entregó ese ministerio, cuya ley él mismo ayudó a redactar.
La molestia también alcanza gestos simbólicos, Bantú cuestionó la visita de los Duques de Sussex de Gran Bretaña a Colombia y criticó el acto en que comunidades afro “le bailaron y le saltaron” a los Duques estadounidense, a quien calificó como un símbolo de jerarquías extranjeras superadas. «A Francia Márquez se le eligió para traer resultados, no para teatralizar la resistencia».
Las tensiones y contradicciones de Francia Marquez al gobierno solo son por los márgenes
La paradoja que rodea a Francia Márquez es compleja. Por un lado, denuncia sin ambigüedades las prácticas de racismo estructural dentro del Estado y la falta de garantías para ejercer su cargo. Por otro lado, sigue siendo parte de un gobierno al que acusa de reproducir las mismas opresiones contra las que luchó durante años.
Su figura oscila así entre la de una lideresa acorralada y la de una funcionaria que, a pesar de tener una plataforma de poder inédita para una mujer afrodescendiente, no ha logrado —o no ha querido— marcar una ruptura institucional profunda.
Esta ambigüedad se ha traducido en un silencio prolongado frente a algunas decisiones clave del presidente Petro. Francia Márquez no se ha desmarcado con claridad de políticas que han afectado a las comunidades negras, campesinas o periféricas.
Un claro ejemplo es la situación en el Catatumbo, donde más de 67.000 personas han sido desplazadas en 2025 debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales, y la respuesta gubernamental ha sido criticada por su ineficacia y falta de coordinación.
En el Chocó, las solicitudes de ayuda humanitaria por parte de las comunidades afrodescendientes han sido desatendidas, y la violencia continúa afectando a la población civil sin una respuesta efectiva por parte del gobierno.
La falta de ejecución social del gobierno también quedó en evidencia con el desempeño del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, liderado por Francia Márquez durante buena parte del periodo. Contrario a lo que ha sostenido en sus recientes intervenciones, el problema no fue la ausencia de presupuesto, la cartera contó con 1.8 billones de pesos para 2024, una asignación incluso superior a la de otros ministerios clave.
Sin embargo, la ejecución fue escandalosamente baja. Según cifras oficiales del Portal de Transparencia Económica, hasta agosto de ese año solo se había ejecutado el 1.4% del total, y la mayoría de los recursos desembolsados se destinaron a gastos administrativos —como salarios y tiquetes aéreos—, no a programas sociales o transformaciones estructurales. Una gestión burocrática, sin impacto, que profundizó la decepción incluso entre sus aliados.
Como agravante, en mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que dio origen al Ministerio de Igualdad por vicios de trámite, y ordenó su disolución al finalizar la legislatura en 2026. Es decir, un proyecto que abanderó este gobierno termina sin cumplirle a las mujeres ni a los otros 17 grupos poblacionales con los que se comprometió, convertido en símbolo de improvisación y de mala gestión de las finanzas públicas.
Cuando finalmente rompió el silencio, sus denuncias suenan más a reclamos internos que a una verdadera posición de ruptura o independencia política. En lugar de liderar una agenda transformadora desde el poder, Márquez parece atrapada en la misma maquinaria burocrática que prometió transformar.
Al igual que Gustavo Petro —aunque a distinta escala—, se aferraron al símbolo del cambio sin estar preparados para sostenerlo con resultados. La falta de experiencia, el desprecio por el conocimiento técnico y la confianza excesiva en el discurso terminaron por hundirlos en la improvisación, el sensacionalismo y la mala gestión de lo público. Al final, , desde sus respectivas responsabilidades, fallaron a quienes creyeron en ellos como una esperanza de transformación real.
