Gobierno de Petro firma contratos por $32 billones en enero: impactante contraste con Córdoba inundada
La Contraloría denunció que el Gobierno de Petro habría gastado $32,88 billones en contratación directa enero 2026 antes de Ley de Garantías.
El comunicado de la Contraloría General de la República lanzó una alerta por el volumen de contratación directa firmado en enero de 2026 por el gobierno de Petro, justo antes de que entrara en vigor la Ley de Garantías.
En total, se suscribieron 521.269 contratos por $32,88 billones. La cifra coincide con un momento en el que el gobierno de Petro admite dificultades para financiar el presupuesto nacional y solicita facultades extraordinarias para recaudar $8 billones mediante un decreto de emergencia, en medio de la tragedia por inundaciones en Córdoba.
Mientras el país enfrenta restricciones fiscales y emergencias climáticas, el gobierno de Petro ejecutó un pico histórico de contratación directa previo al periodo electoral.
El mes récord de la contratación directa
Durante enero de 2026, la contratación directa enero 2026 alcanzó un nivel sin precedentes. Según el informe de la Contraloría:
- Se suscribieron 521.269 contratos por un valor total de $32,88 billones.
- El 45% de ese monto se ejecutó en la última semana del mes.
- Solo el 30 de enero se adjudicaron $5,7 billones en un día.
Comparado con el ciclo electoral de 2022, el gobierno de Petro aumento el número de contratos un 5,2% y el valor total se incrementó un 30,4%. En el orden nacional, el aumento fue aún más pronunciado, con un 68,2% más que en ese periodo anterior.
Este patrón de concentración temporal antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías 2026 ha encendido las alarmas sobre la planificación y transparencia del gasto público en un año electoral.
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Órdenes de prestación de servicios: el 96% de la contratación directa en enero 2026
En términos de modalidades, la contratación directa se concentró principalmente en las órdenes de prestación de servicios (OPS), que representaron:
- 501.423 contratos, es decir, el 96,2 % del total.
- Un monto de $22,34 billones, cerca del 68 % de todo lo contratado en enero.
A nivel nacional, el valor de las OPS creció más del 75 % frente al mismo periodo de 2022. Esto indica una fuerte dependencia de este tipo de contratación para vincular personal y servicios técnicos sin concurso público.
Para expertos fiscales, el peso de las OPS en la ejecución presupuestal plantea preocupaciones sobre sostenibilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.
SENA, ICBF y grandes ciudades concentraron la contratación
Al desagregar los datos por entidad, destacan varias instituciones y territorios:
Orden Nacional
- SENA: $1,72 billones
- ICBF: $1,26 billones
- Aeronáutica Civil: $0,76 billones
Orden Territorial
- Barranquilla: $1,33 billones
- Medellín: $0,88 billones
- Cali: $0,54 billones
La distribución muestra cómo tanto entidades centrales como administraciones locales lideraron la contratación directa en este periodo, en medio de una coyuntura fiscal que combina cumplimiento de programas y presión política por resultados rápidos.
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Inundaciones en Córdoba y decreto de emergencia por $8 billones
Mientras el gasto en contratos multiplica cifras, el gobierno de Petro se enfrenta a otra crisis: inundaciones graves en el Caribe colombiano, especialmente en el departamento de Córdoba y regiones vecinas como Sucre, Bolívar y Antioquia. La tragedia ha afectado a decenas de miles de personas y generado daños masivos en viviendas e infraestructura.
El Ejecutivo declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica que permite tomar medidas especiales para atender la crisis durante 30 días. En el decreto se anticipa la movilización de recursos adicionales, incluyendo la propuesta de recaudar alrededor de $8 billones mediante ajustes tributarios, como un impuesto al patrimonio empresarial.
Perfecto. Aquí tienes el bloque “Déficit fiscal 2026 y presión presupuestal” ajustado solo con datos y advertencias publicadas desde noviembre en adelante, y con cálculo claro del impacto del decreto de $8 billones frente al hueco fiscal.
Déficit fiscal 2026 y presión presupuestal
La presión sobre las finanzas públicas no proviene solo de la emergencia por inundaciones o del ritmo de contratación. Desde enero, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió que el aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 decretado por el gobierno de Petro tendrá un impacto directo sobre el déficit fiscal.
Según sus cálculos preliminares, el incremento elevará el déficit de 2026 en $5,3 billones, equivalentes a 0,3% del PIB. A partir de 2027, el efecto sería aún mayor: $8 billones adicionales por año, es decir, cerca de 0,4% del PIB.
El mensaje del Carf fue claro: el mayor déficit fiscal “aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”.
¿De dónde sale el impacto?
El Comité identificó varios canales de transmisión:
- Pensiones del régimen de prima media: el mayor salario mínimo incrementa el gasto en pensiones cercanas a un SMMLV, con un impacto estimado de $4,7 billones.
- Salarios de funcionarios públicos: el ajuste implica $0,6 billones adicionales.
- Menor recaudo de renta corporativa (desde 2027): si el mayor costo laboral reduce márgenes empresariales, el recaudo podría caer en $2,7 billones anuales.
- Rentas vitalicias del RAIS: cuando el mínimo crece por encima de inflación y productividad, el Gobierno debe cubrir el faltante actuarial.
El Carf aclaró que estos cálculos son parciales y podrían revisarse si se obtienen nuevos datos. También advirtió que hay efectos no cuantificados que podrían incrementar aún más el impacto fiscal.
En paralelo, la deuda del Gobierno Nacional Central cerró en 2025 cerca del 64% del PIB, uno de los niveles más altos de la última década. El aumento mantiene el pago de intereses como uno de los rubros que más presiona el gasto.
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